El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Es la primera medida de fuerza generalizada que enfrenta el gobierno de Gerardo Morales. Y por primera vez en muchos años, todos los sectores de la administración pública coinciden en un paro, que arranca hoy y será de 48 horas. La demanda central es por la recomposición salarial para el segundo tramo del año, pero también se reclama por desprecarización, condiciones y trabajo y otras cuestiones, según la situación de cada sector. El gobierno salió con una solicitada en la que, previsible, acusa a los sindicalistas de estar haciendo «un paro político».
La convocatoria a la medida de fuerza surgió en primer lugar del colectivo que integran la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE), el Frente de Gremios Estatales (FGE) y la Multisectorial, que reúnen la mayor parte de sindicatos de la administración pública. Después el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) anunció que coincidiría con su propia medida de fuerza, que incluye hoy una movilización a la plaza Belgrano con radio abierta.
Finalmente, el sábado se conoció la adhesión de los gremios educativos, los maestros de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y los profesores del Centro de Educación Media y Superior (Cedems), a los que en las últimas horas se sumó el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop).
Los últimos que se anotaron son los del sindicato de Luz y Fuerza.
La medida arranca con la advertencia por parte del FMI (FGE / Multisectorial / ITE) de que el plan de lucha se va a endurecer y profundizar “si el gobernador Morales aplica las políticas de ajuste que afectan al conjunto del pueblo”.
En una conferencia de prensa celebrada el lunes, denunciaron y repidiaron la creación por parte del Ejecutivo de cargos de funcionarios que cobran más de 100 mil pesos, mientras los trabajadores cobran «salarios de miseria, porque no llegan a fin de mes con las migajas que se les paga».
También se repudió la actitud autoritaria y de oídos sordos que viene llevando adelante el gobierno que, lejos de resolver este conflicto, amenaza con descontar los días de paro, derecho legítimo de los trabajadores.
Las demandas de los empleados públicos son: rechazo a la imposición del gobierno de un 11% de aumento sobre los sueldos viejos de febrero; la inflación interanual ya supera el 46 por ciento; recalcular las asignaciones familiares, para que ningún trabajador caiga del tramo que venía cobrando; salario mínimo acorde al costo de la canasta básica total; pago y reincorporación de los despedidos y mantener abiertas las paritarias.
