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Por Miguel López. El jueves pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dio una charla titulada “La Noche del Apagón va a juicio. Las cuentas pendientes de la responsabilidad empresaria” en el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail).
Luz Palma Zaldúa, abogada del CELS, Rafael Vargas, Secretario Gral. del Soeail, Oscar Alfaro, ex preso político, Sara Velázquez, Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, y Marta Rondoletto, Familiares de Desaparecidos de Tucuman (FaDeTuc), fueron parte de la mesa panel que expuso para un auditorio de unas 50 personas.
“Como sindicato somos querellantes”
Rafael Vargas, quien abrió la ronda de intervenciones de la mesa panel, sostuvo “no queremos que los crímenes queden impunes y en el olvido. Sabemos que los que sufrieron persecuciones, detenciones y desapariciones, no fueron personas comunes elegidas al azar, sino que fueron gente que se habían animado a comprometerse, a jugarse y a dar su vida por sus ideales. Nosotros hemos encontrado el libro actas de 1964 a 1990, lo hemos presentado como prueba, donde se cuenta toda la historia, y es increíble, pero hay problemas que aun se siguen repitiendo en Ledesma. Por eso, nosotros como sindicato nos presentamos como querellantes en la causa Burgos, Aredez y Bernard, porque queremos pedir explicaciones y saber la verdad sobre nuestro pasado”.
“Decir azúcar, es decir represión y lucha”
Luego tomó la palabra Rondeletto para señalar que “decir Ledesma, al igual que decir Tucumán, es decir azúcar, y decir azúcar, es decir problemas, es decir organización popular, es decir represión, es decir lucha por conquistas. Esto ha marcado la historia de esta región y eso es lo que nos une. Nos une la lucha que históricamente han dado los trabajadores del surco y de los ingenios, que muchos casos han pagado con su vida y con su sangre las conquistas que se han ido logrando”.
Y agregó, “luego vinieron esas oscuras noches del apagón que trajeron tanta tragedia. Donde los trabajadores sin ningún tipo de intermedio, sin ninguna traba, quedamos frente a los grupos económicos, que históricamente buscan su beneficio a costa del sacrificio, del hambre y de la vida de sus trabajadores. La verdad de los juicios tiene que salir desde esa perspectiva. Es histórica la sentencia contra el empresario de La Veloz del Norte en Salta. Y aunque no esté Blaquier en el juicio es importantísimo que figure como responsable en todas las hojas de las causas”.
“Este juicio es contra Blaquier y Lemos”
A su turno, Alfaro, dijo “este es un primer paso, porque es la primera vez en la que estamos juntos, familiares de desaparecidos, ex presos políticos y los compañeros trabajadores del ingenio Ledesma, los dirigentes sindicales, delegados y las diferentes agrupaciones. Hoy estamos juntos, yo diría después de 41 años. Porque en los años 1974 y 1975 empezaron las detenciones en la zona. Por eso es que esta unión tiene dimensión histórica, espero que este paso que acabamos de dar lo sepamos valorar.
La situación que estamos viviendo es difícil, porque cuando hablamos de represión, de desaparecidos y responsables de la represión, al mismo tiempo estamos viendo que hay gremios, organizaciones sociales y compañeros que están siendo reprimidos por un gobierno elegido en democracia. Algo que nos cuesta entender, porque lo que nosotros tenemos incorporado en el imaginario colectivo y en el sentido común como sociedad, es que la represión viene junto con fusiles, botas y tanques, pero ahora estamos aprendiendo que a veces la represión también viene con los votos.
La responsabilidad empresarial en el golpe genocida
Palma Zaldúa cerró las intervenciones de la mesa panel planteando que “una parte de la historia que no ha sido muy visibilizada, por lo menos en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad, es la historia de las luchas obreras y el terrorismo de estado. La gran mayoría de los desaparecidos de nuestro país tenían una extracción obrera, eran empleados, trabajadores o eran estudiantes que trabajaban. Pero siempre se trato de echar luz sobre lo mas a mano, que fue tratar de desentrañar cuales fueron las responsabilidades de las fuerzas armadas y de seguridad en el secuestro de los opositores políticos, activistas gremiales y los militantes políticos de las organizaciones armadas de los 70´.
Nos quedaba un cuenta pendiente, porque si la dictadura venia aplicar un plan económico para el bloqueo de la clase trabajadora había un motor que quedaba invisibilizado en esta historia que eran los grupos económicos, los actores empresariales. Se trata de desentrañar la responsabilidad penal de esos sectores económicos.
No siempre es tan sencillo poder llegar a condenar a alguien, porque cuando se trata de una causa penal es muy estricto, tiene que haber una prueba, tienen que haber definiciones muy concretas para condenar a alguien; pero si sirven también, aun cuando no se llegue a una condena para reconstruir la historia, para aportar a la verdad. Ese es un aporte importante de las causas judiciales, no solamente el objetivo de la condena final sino también la reconstrucción histórica, como parte de la lucha de los distintos sectores políticos y sociales.
Nuestro informe e investigación nos permitió concluir que un sector importante del empresariado nacional y extranjero de nuestro país había hecho un aporte significativo a lo que fue el terrorismo de estado. Con una clara intencionalidad de desarticular la organización sindical y el conflicto laboral, y beneficiarse económicamente. De esas 25 empresas que investigamos se identificaron casi 900 víctimas, de las que 354 hoy permanecen desaparecidas, 65 de esas víctimas fueron asesinadas y más de 450 personas fueron secuestradas y luego liberadas. La mayoría eran trabajadores o ex trabajadores de esas empresas y habían participado de un proceso de conflicto y organización obrera con anterioridad al golpe de estado.
La investigación también encontró que en el caso de 5 empresas hubo entre 70 y 100 trabajadores víctimas de la represión, son los casos de Astillero Rio Santiago, Dalmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros 5 casos las víctimas fueron entre 30 y 40. En 14 empresas encontramos entre 10 y 30 trabajadores que fueron víctimas de la represión. Y en el diario La Nueva Provincia se registraron 2 víctimas”.
Por la cárcel a Blaquier y la defensa del derecho a huelga
A propósito de la charla, desde el PTS-FIT señalamos que los empresarios fueron los mandantes del golpe del 76’. Por eso, las patronales más que cómplices fueron responsables del genocidio contra el pueblo trabajador que llevó adelante la última dictadura militar en el país. Así que en este sentido saludamos la iniciativa del Cels, Familiares, ex presos políticos y el Soeail, de poner como eje la responsabilidad empresarial en este nuevo juicio contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, presidente del directorio de Ledesma S.A.A.I. desde 1970 al 2013, y Alberto Lemos, administrador de dicha empresa en la década del 70’.
La mesa panel del CELS tuvo como limite el no haber denunciado concretamente los ataques al derecho constitucional a la huelga, la represión contra las luchas obreras y las causas judiciales a dirigentes sindicales, delegados y militantes políticos, que padecen los trabajadores de la provincia en la actualidad, y sobre todo el mismo Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma. Porque el cercenamiento de libertades democráticas y derechos constitucionales elementales, como la represión de fuerzas policiales dentro del predio industrial y las 3 causas judiciales que tiene parte de la comisión directiva del Soeail por ejercer el derecho a la protesta, siguen expresando en Ledesma una continuidad entre los apagones del terror del 76’ y el presente, y esa continuidad es la dictadura patronal que ejercen los Blaquier sobre los trabajadores del ingenio.
La multa millonaria al Soeail, que asciende a $2.355.260, y los descuentos de los días de paro a los docentes de ADEP y trabajadores de ATE, sanciones y correctivos con los que el gobernador Gerardo Morales busca disciplinar a los trabajadores e imponer una nueva relación de fuerzas, son muestras de una ofensiva patronal contra las organizaciones obreras. A su vez, el gobernador con el estado policíaco que intenta montar en Jujuy, no hace más que probar la total subordinación de la casta política provincial al poder del capital monopolista de Ledesma S.A.A.I.
