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Se cumplió este jueves la primera audiencia del juicio contravencional contra Milagro Sala por el acampe que se instaló en la plaza Belgrano el 14 de diciembre de 2015 y se mantuvo durante más de 50 días. Tanto los abogados que representan a la dirigente social -que este viernes cumple 343 días detenida-, como los testigos que declararon, coinciden en interpretar que en este proceso está en juego el derecho a la protesta social, consagrado en la legislación argentina y refrendado a través de numerosas convenciones internacionales que el país ha suscripto.
Al finallizar la audiencia, Sala agradeció a los medios periodísticos la presencia “para que de una vez por todas se destapen todas las mentiras políticas que me tienen presa”, afirmó.
La audiencia se desarrolló en el juzgado ubicado en el primer piso de la Avenida Fascio 650, y estuvo a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado en el cargo en forma directa por Gerardo Morales en enero de este año.
Ariel Ruarte, uno de los abogados de Milagro Sala y diputado provincial, dijo: “No venimos a discutir los hechos”, y agregó: «El dirigente no toma las decisiones, sino que las acata”.
En este sentido, explicó: “Venimos a sostener la legitimidad de la manifestación pública; por eso trajimos a un conjunto de militantes sociales para que expliquen cómo se construye el consenso de una organización numerosa por la que se llevó adelante la protesta».
Los testigos que declararon fueron José del Frari, secretario gremial de Adiunju; Anabel Yacianci, de ATE-CTA Jujuy, y Fernando Acosta, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional. Los tres coincidieron en resaltar el derecho a la protesta social y la obligación de los funcionarios de atender los reclamos.
En la misma línea que Ruarte, Luis Paz, como abogado de la Tupac Amaru, señaló: «Quedó claro que la decisión que adoptaban las organizaciones que conformaban la Red eran asamblearias, y era a través de esas instancias que se le daba mandato a los dirigentes para peticionar a las autoridades».
Recordó además que apenas pasadas las elecciones de 2015 las autoridades electas «tuvieron diálogo con todas las organizaciones políticas y sindicales de la provincia, menos con ellos».
«Por lo tanto, lo más destacado de hoy es que a este juez contravencional, designado por Morales para perseguir a las organizaciones sociales de Jujuy, le debería haber quedado claro que la protesta es un derecho constitucional que tiene más de 50 años de vigencia en la República Argentina, y que vamos a seguir ejerciéndolo en todo momento y en todo lugar donde existan injusticias”, expresó.
El acampe en la plaza Belgrano se instaló el 14 de diciembre de 2015, luego de que la Organización Tupac Amaru presentara dos pedidos formales de audiencia a Gerardo Morales. El eje del reclamo fue precisamente ese: que el flamante gobernador se reuniera con los referentes de las organizaciones sociales para conversar sobre cómo se desarrollaría su gestión a este respecto.
Diecisiete organizaciones y decenas de dirigentes pasaron por el acampe; sin embargo, los únicos llevados al banquillo en este proceso fueron la Tupac Amaru y Milagro Sala, en una clara muestra de la persecución a la que fueron sometidos los integrantes de la organización barrial desde la asunción de Gerardo Morales.
En la audiencia de este jueves, una vez más hubo problemas con el ingreso a la sala tanto del público como de los medios de prensa, a pesar de que los abogados de Sala habían hecho un pedido formal hace más de un mes para que se garantizara la amplia publicidad de la audiencia. Como si alguien no estuviera del todo convencido de hacer públicas estas instancias, frente al gran interés que genera en medios de todo el país.
