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Los organismos de derechos humanos, partidos, agrupaciones y sindicatos de siempre conmemoran otro aniversario del golpe de Estado de 1976, aunque este año emerge con fuerza el reclamo por lo que se advierte como un retroceso en materia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se llevaron adelante durante años.
“Es necesario que los juicios sigan”, alertó este jueves Paula Álvarez Carreras, abogada en juicios de lesa humanidad, en la actividad que se desarrolló en la Facultad de Humanidades, y convocó a la participación en las audiencias futuras.
La letrada destacó que en los últimos años “hemos descansado en políticas de estado que significaron recursos humanos y oficinas puestos al servicio de la búsqueda de justicia”, y advirtió: “Ahora todo cambió y se ve un retroceso, los juicios no avanzan”.
“Es la sociedad organizada la que tiene que hacerse cargo de esto”, concluyó Álvarez Carreras, y recordó que en el año 2012 se destrabó el camino hacia el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, y que eso fue posible porque ese 24 de marzo, precisamente, “organismos de derechos humanos acompañados por organizaciones sociales, sobre todo la Tupac Amaru, salieron a la calle y rompieron el cerco de impunidad”.
Por su parte, Eva Arroyo, de H.I.J.O.S. Jujuy, reflexionó en diálogo con El Submarino Radio: “Los organismos estamos en el mismo camino de memoria, verdad y justicia, especialmente en este contexto, en el que sentimos que están haciendo un retroceso”.
La dirigente coincide con Álvarez Carreras sobre las políticas de estado de los últimos años, pero va incluso más atrás, recuperando el valor que tuvieron las posturas de todos los gobiernos democráticos, incluso el de Raúl Alfonsín, que es el que llevó adelante el juicio a las juntas militares.
“Hoy se está dando un paso atrás –señala Arroyo-. Desde el gobierno actual desmerecen la cantidad de desaparecidos, aparecen funcionarios sosteniendo la teoría de los dos demonios, se atropella a los organismos, no se respeta el trabajo y el camino que se ha hecho, los juicios, el trabajo de investigación”.
Ambas referentes coinciden también en que los juicios de lesa humanidad no solo sirven para establecer responsabilidades y condenas, sino que además son el vehículo para construir una verdad colectiva.
Álvarez Carreras lo explica con un ejemplo: “En próximo juicio, la megacausa por la Noche del Apagón, no estarán sentados Carlos Blaquier y Alberto Lemos, pero estarán los testigos, las víctimas, contando los hechos, y se sabrá lo que pasó, cómo participaron los responsables del ingenio Ledesma”.
Arroyo señala además que el avance de los juicios importa “porque cuando un sujeto ha sido avasallado en su derecho, cuando a una persona esto le ha costado la vida, la familia busca que se aplique la justicia”.
La referente de H.I.J.O.S. se refirió también a la situación de la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, quien por primera vez en el marco de este aniversario hizo pública la historia de su esposo, secuestrado por la dictadura en Córdoba en 1976 y que permanece desaparecido. “Yo a Ada la aprecio, porque en los años más duros, en los 80 y los 90, cuando el PJ nos cerró la puerta, ella se ha portado bien desde su lugar en Desarrollo. Entonces no puedo opinar. Porque además ella es una víctima”.
“Sobre lo que sí puedo opinar –continuó- es sobre las políticas de este gobierno provincial en relación a esta situación, y esto no tiene que ver con Ada. El gobierno provincial tiene una presa política; lo han dicho los organismos internacionales de derechos humanos. Es un gobierno inconstitucional que no acata las normas ni convenios”.
Álvarez Carreras también relacionó la detención ilegal de Milagro Sala con la cuestión de los derechos humanos. Además de recordar el papel que jugó la dirigente social para el impulso de los juicios de lesa humanidad en la provincia, afirmó: “Lo que está pasando ahora tiene que ver con que Blaquier no perdona la foto del juez Fernando Poviña con Baltasar Garzón y Milagro”.
«Milagro Sala no está presa porque Gerardo Morales la odia; está presa porque ella vino a cuestionar el orden, a cuestionar el equilibrio de los poderes que históricamente gobernaron Jujuy», interpretó la abogada.
