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Por Araceli Bellota, en El Presente de la Historia. A pocos días de la represión policial a los docentes en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires, fuerzas policiales irrumpieron en la facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy y, tras golpear a los participantes, se llevaron detenidos al presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, y al alumno Ignacio García, mientras los jóvenes realizaban un asado en las instalaciones de esa Universidad Nacional.
El resto se refugió en los autos y por eso no pudieron detenerlos. Cuando el decano se presentó en la Seccional Nro. 1 y pidió la orden judicial para semejante operativo, el oficial de turno respondió que no existía ninguna porque las detenciones se realizaron por una contravención sin ofrecer mayores precisiones. Los alumnos fueron dejados en libertad recién a la mañana siguiente.
Una vez más en Jujuy, donde la diputada del Parlasur Milagro Sala continúa presa fuera del derecho, otra vez se viola la ley. Esta vez la 24.521 de Educación Superior, sancionada en 1995, que en el título sobre la Autonomía Universitaria, en el artículo 31, indica: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Cuando los legisladores aprobaron esta ley tenían en su memoria aquella jornada del 29 de julio de 1966 cuando la Guardia de Infantería de la Policía Federal ingresó en las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas, Filosofia y Letras, Ingeniería y Medicina de la Universidad de Buenos Aires y obligó a los profesores, alumnos y autoridades a desalojar las instalaciones, para poner fin a la protesta en reacción al Decreto Ley 16.912 que ese mismo día había firmado el dictador Juan Carlos Onganía disponiendo la intervención de la Universidades Nacionales, prohibiendo la actividad política en las facultades y anulando el gobierno tripartito de docentes, alumnos y graduados. Ese decreto ordenó también que las universidades pasaran a depender del ministerio de Educación, convirtiendo a los rectores en interventores delegados de esa dependencia, es decir del Poder Ejecutivo, dándoles un plazo de 48 horas para aceptar la medida o presentar sus renuncias.
Aquella violación de la autonomía universitaria consagrada en la Argentina desde la Reforma de 1918 y que se transformó en ejemplo para el continente, fue ejercida por un gobierno dictatorial apenas un mes después del golpe cívico militar encabezado por el general Onganía en contra del presidente constitucional Arturo Illia, y no existen registros en la historia nacional de que algún gobierno democrático infrigiera esa norma respetada a rajatabla por todas las administraciones.
Un protagonista de aquella violenta jornada, Eduardo Scolnik, durante una entrevista con María Seone, ofreció una explicación sobre los motivos que impulsó al gobierno de facto a dar la orden de reprimir dentro de las dependencias universitarias: “Luego del golpe de Onganía, el régimen consideraba a la Universidad como un nido de rebeldes comunistas. Y la verdad, visto a la distancia, nadie hacía nada que pudiera afectar las bases del sistema. Y si bien la izquierda estaba fragmentada, la derecha también y el aglutinante de la derecha fue el anticomunismo. Así que debían construir ese enemigo que los uniera. Recuerdo que el decano de Exactas, Rolando García, entonces era un gran admirador de las Universidades norteamericanas. Pedía subsidios a la Fundación Ford y estaba muy lejos de ser un comunista o un revolucionario. Era un científico que pedía libertad de pensamiento y de investigación”.
En aquella noche de 1966 fueron detenidos alrededor de 400 personas y se destruyeron laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. Emigraron 301 profesores, entre ellos, 215 científicos. Se abandonaron programas de avanzada, como la primera computadora de América Latina, bautizada “Clementina”, porque el equipo completo del Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas fue desmantelado y los 70 científicos que la operaban se fueron del país. Ellos habían estudiado, además, la trayectoria del cometa Halley, e investigaban sobre la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza, la explotación racional del bosque chaqueño y trabajaban en programas de cálculo para YPF, Gas del Estado y Agua y Energía.
La comunidad científica internacional expresó su repudio a la brutalidad del gobierno argentino que, mientras tanto, imponía el plan económico del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena que, tras una devaluación del peso del 40%, intentaba controlar la inflación mediante la congelación de salarios y la supresión de medidas proteccionistas que perjudicó a los productores regionales de Chaco, Tucumán y Misiones. Para detener la protesta sindical el gobierno constituyó la Comisión de los Veinticinco para impulsar un proceso electoral en los gremios que provocó la división de la central sindical con la CGT de Azopardo de buen diálogo con el gobierno, y la CGT de los Argentinos opositora y combativa.
Pero el gobierno de Onganía terminó cuando ni los bastones ni los caballos de la policía montada pudieron detener las protestas de los trabajadores y los estudiantes que inundaron las calles de Rosario y de Córdoba con multitudinarias manifestaciones.
Es que la historia demuestra que la única forma de gobernar en democracia es respetar la Constitución y las leyes de la República, en los hechos y no sólo en los discursos, porque es el único reaseguro del voto popular que delega la autoridad en quienes elige.
