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Empezó este lunes el quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico militar. Se trata de la llamada causa Morales, que investiga la detención ilegal de cinco víctimas ocurrida entre 1976 y 1977 en la ciudad de San Pedro. Uno de los secuestrados permanece como desaparecido. La próxima audiencia será el lunes 29, a las 16.
Los acusados en este juicio son seis expolicías provinciales que actuaban en esa ciudad. Están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, con distintos grados de participación. Uno de ellos además carga con una imputación por homicidio. Por primera vez está sentada en el banquillo una mujer.
En esta primera audiencia, la defensa de dos de los acusados hizo varios planteos de nulidad que fueron rechazados por el Tribunal luego de un cuarto intermedio.
El proceso judicial se realiza en la nueva sala del Tribunal Oral Federal de la avenida Senador Pérez 182 de San Salvador de Jujuy. El Tribunal Oral Federal fue conformado por Federico Díaz como presidente de trámite y los vocales María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas. Este último sigue el juicio desde Tucumán, por videoconferencia.
Hubo algunas quejas por la organización del espacio. El Tribunal, los acusados, los fiscales, las querellas y las defensas están en una sala del primer piso, mientras que el público y familiares –tanto de víctimas como de acusados– fueron ubicados en un salón de la planta baja, desde donde se sigue el proceso a través de un televisor.
Uno de los problemas que presenta esta distribución es el del espacio reducido. El otro, la convivencia de representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, con los allegados de los acusados. Sobre el final de la audiencia, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que para las próximas instancias se dispongan espacios diferenciados, para respetar el derecho a manifestarse de cada uno.
Los abogados querellantes son María José Castillo y Andrea Lupiañez, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Paula Álvarez Carreras, querella particular. El Ministerio Público Fiscal está representado por Carlos Amat y Julieta Soulie.
Tras la lectura de la requisitoria fiscal, tomó la palabra Amat, quien aclaró que en el caso de cuatro de los imputados tomará en cuenta no solo los delitos por los que llegaron a juicio sino también el de violación, en perjuicio de una de las víctimas, la joven Jenny Aquin Exeni, quien en el momento de los hechos tenía 18 años, es decir, era menor de edad para la ley vigente en ese momento.
Amat explicó que la violación de la menor “es un hecho inescendible” de los otros, y aclaró: “Esto no es al azar; tiene que ver con la responsabilidad internacional de la Argentina, que es un ejemplo, y no por los fallos vergonzosos que hemos tenido últimamente”, en clara referencia al fallo de la Corte que benefició con el 2×1 a un represor condenado.
“Vamos a trabajar para probar todos los delitos, incluida la violación de una menor; esta Fiscalía va a indagar y va a producir prueba de ese delito”, advirtió Amat, y el público estalló en un aplauso, lo que por cierto incomodó a los familiares de los acusados.
Por el lado de las defensas actúan Ricardo Vitellini, como defensor particular, y Matías Gutiérrez Perea y Maximiliano Ponce, de oficio. Otro defensor particular, Carlos Rodríguez Vega, no estuvo presente en esta primera audiencia, por lo que fue reemplazado por Vitellini.
Vitellini es el que respondió al planteo del fiscal, diciendo que la violación de la joven Exeni no figura en el auto de procesamiento, por lo que pidió “que quede afuera”.
También fue el que pidió la nulidad de todo el proceso, tal como vienen planteando las defensas en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Pidió además que se aparte a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con argumentos que fueron rebatidos luego por la abogada María José Castillo.
Todos los planteos de las defensas fueron rechazados por el Tribunal.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.
En el caso de Valenzuela, el tercer detenido en este episodio, fue trasladado a una caballeriza donde recibió torturas con picana.
El comisario Arturo Rubén Morales era el jefe de la Seccional 9 y, de acuerdo a los testimonios, quien comandaba al grupo.
De todos los acusados, solo hizo uso de la palabra Francisco Díaz. El hombre, que está en silla de ruedas, aseguró que nunca se desempeñó en la ciudad de San Pedro. Sin embargo, ante las preguntas del fiscal Amat y de su defensor Vitellini, dijo tener dificultades para recordar hechos del pasado a causa de dos operaciones que se le practicaron para extirparle sendos tumores de la cabeza.
Finalizada la intervención de Díaz, Vitellini pidió que se suspendiera la audiencia ya que el procesado Morales tenía intenciones de hacer uso de la palabra, pero que su declaración se iba a extender demasiado, y el acusado Díaz estaba padeciendo molestias físicas.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
