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El ex integrante del servicio penitenciario Carlos Alberto Ortiz siguió con la línea que se marco, “no rompió el código de honor” y mantuvo el pacto de silencio de todos los represores, negando información sobre los desaparecidos. Además, responsabilizó de los delitos a los represores que fallecieron hace años.
El Tribunal Oral federal confirmó que el miércoles 16 será la última audiencia para agregar pruebas al proceso judicial, el 24 de abril comienza la etapa de los alegatos de la querella y la fiscalía, y el 8 de mayo se inician los alegatos de la defensa de los represores.
Ortiz está procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante esa época nefasta y ayer terminó de prestar declaración indagatoria. Sostuvo su inocencia y se desligó de toda responsabilidad en los delitos por los que está acusado: homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas, en grado de partícipe necesario.
El sujeto negó haber integrado el Área 323, el sector que comandó la represión en Jujuy y afirmó “no conozco esas personas” en relación a los siete detenidos desaparecidos que estaban alojados en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la cárcel del barrio Gorriti. Confirmó adeás que su hermano Orlando también prestó servicio en ese lugar.
Dijo que “no solo era el coronel Néstor Bulacio, jefe del Área 323 sino también Rodríguez Argumedo segundo jefe de ese cuerpo, ellos recorrían los pabellones de la cárcel”. Recordó que en una oportunidad lo vio en el penal al Mayor Donato Arenas, y también a Jones Tamayo, que esta prófugo de la justicia.
Ante la consulta del querellante Ariel Ruarte sobre el personal afectado al área 323, además de recordar a su hermano, cito como enlaces entre el servicio penitenciario y el ejército argentino a los otros acusados, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez, pero resaltó que “no se que hacían en el ese lugar”.
Ortiz insistió pero a su vez se enredó con los libros internos del penal, donde figuran cuando las víctimas fueron llevadas a la prisión, a fines de mayo de 1976 y luego sacadas de la cárcel, el 10 de junio del mismo año, “no prestaba servicios de guardia y estaba destinado al sector de personal del presidio”.
Sin embargo, cuando el juez Daniel Morín le preguntó por qué cuando volvió al servicio de guardia en el penal los siete desaparecidos seguían figurando en los libros internos, lo que no supo responder y con un prolongado silencio, comprometió más su situación.
No obstante, Ortiz respondió que cuando retornó a cumplir guardias, «generalmente se copiaba del día anterior» los nombres de las personas que estaban en comisión «porque se suponía que en determinado tiempo volverían».
Cuando el abogado querellante Arial Ruarte le preguntó al imputado si sabía lo que era el Área 323 respondió Ortiz que «yo no sé lo que era, pero sí sé lo que dicen los libros», recordando que en 1975 fue creado este organismo represor y que su hermano Orlando Ricardo Ortiz, fue afectado al mismo.
Las víctimas desaparecidas son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera y su hermano, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
Los imputados en este juicio son el ex militar Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en el primer juicio, Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, todos guardias cárceles, y el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz.
