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Con la realización de una cesárea en el Hospital Materno Infantil (HMI), el sistema público de salud de la provincia dio por terminada la polémica respecto del embarazo que cursaba una niña de 12 años víctima de violación. A pesar de que las autoridades dicen que se practicó una “interrupción legal del embarazo” (ILE), lo cierto es que hubo demoras deliberadas para acelerar la maduración del feto y someter a la nena a una parición forzada, en contrario a lo que establece la normativa vigente.
La información oficial es que la criatura pesó cerca de 700 gramos y que la niña gestante se encuentra “en buen estado de salud”. Adelantaron además que la beba será «dada en adopción», aunque todavía no es posible asegurar que sobreviva y, en caso de que suceda, si tendrá secuelas.
La práctica se concretó una semana después de que la madre de la nena y ella misma pidieran la ILE en el Hospital Paterson de San Pedro, cuando llevaba menos de 24 semanas de gestación. Tanto las autoridades médicas de ese centro de salud, encabezadas por el director Marcelo Villa, como el propio ministro Gustavo Bouhid, manipularon la información para “ganar tiempo” y llegar así a este punto, en el que la criatura podría tener más posibilidades de sobrevivir.
La madre, acompañada por la Guardia de Abogadas Feministas y por Abogadas Católicas por el Derecho a Decidir, evalúa por estas horas iniciar acciones legales contra el estado provincial, al igual que organizaciones de mujeres que solicitaron una audiencia con el ministro Bouhid.
Si bien el ministro y las autoridades del Materno Infantil calificaron la intervención como “ILE por cesárea”, las y los especialistas coinciden en que desde el punto de vista médico esa expresión es una falacia.
Apenas conocida la situación de la nena, diversos sectores y colectivos de mujeres que abogan por la aplicación de la ILE, se movilizaron para reclamar que se cumpla con la normativa vigente. Por un lado, el Código Penal prevé la interrupción de un embarazo cuando es producto de una violación. La legislación obliga al estado a actuar de inmediato y aclara que no es necesaria una orden judicial. Además, legislaciones internacionales a las que la Argentina ha adherido, como así también mandatos de la Organización Mundial de la Salud, indican que cualquier dilación en el procedimiento constituye un acto de violencia institucional y tortura.
En el caso puntual de la provincia de Jujuy, está vigente un Protocolo de atención de embarazo en adolescentes menores de 15 años, que también indica que la ILE debe realizarse de manera inmediata.
La difusión de la situación por la que atravesaba la nena víctima de violación también constituyó una vulneración a sus derechos, ya que la normativa obliga a los efectores de salud a mantener la confidencialidad y preservar la intimidad de las personas involucradas.
Fue a partir de dicha difusión que sectores antiderechos, apoyados en creencias religiosas, salieron a manifestar y presionar a las autoridades sanitarias para frenar el procedimiento previsto por la ley y al que la niña tenía pleno derecho. A la cabeza estuvo la diputada nacional radical Gabriela Burgos.
Los diputados provinciales del PTS-Frente de Izquierda, encabezados por Alejandro Vilca, pedirán la interpelación de Bouhid para que dé explicaciones sobre todo el procedimiento.
