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Más allá de la férrea defensa que hacen de su territorio las comundiades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc frente a los emprendimientos mineros, existen irregularidades en el proceso de licitación del proyecto que pretenden suspender. Así lo detalló la abogada Alicia Chalabe, que representa a algunas de las comunidades y prepara por estas horas una demanda formal que presentará la semana próxima en la justicia.
Según consigna el portal Jujuy Dice, hay un dictamen en el que se plantean observaciones al proyecto de exploración, se expresa que el agua se sacará de la Laguna y se establece que en el proceso debe participar el área de Recursos Hídricos de la provincia, a través de su autoridad. También menciona los informes técnicos necesarios para que no se perjudique el caudal de agua ni tampoco el acceso al agua por parte de las comunidades.
En el proyecto, la Policía Minera informa que el emprendimiento consiste en tres pozos de 300 metros de profundidad, con una extensión posterior a otros tres, además de obras complementarias. En este marco se realiza la prospección y el estudio de la factibilidad minera. Está además firmada la resolución que aprueba la evaluación de impacto ambiental, circunscribiendo los trabajos solo a la comunidad de la Quebraleña, que es la única que participó del procedimiento y firmó un acuerdo tanto con la empresa como con el Estado provincial.
Por otro lado, el proyecto conmina a las empresas a completar e integrar la evaluación de impacto ambiental con las autorizaciones de las comunidades de Rinconadillas y San Miguel de Colorado.
Frente a esta situación, en la que solo unas pocas comunidades participan del acuerdo, Chalabe asegura que la aprobación de la evaluación de impacto ambiental es absolutamente inválida, porque ya hay antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que expresan que no puede ser aprobada en forma condicionada.
El Código de Minería prevé que la aprobación de la evaluación del impacto ambiental debe ser en forma expresa por parte de la autoridad minera, es decir que no puede quedar sujeta a presentación de estudios complementarios, requisitos o documentación que deben agregar; el estudio debe estar completo. Y esto no ha sucedido en este caso.
«Además está reconocido en la resolución que condiciona a la empresa que presente en el menor tiempo posible las autorizaciones de las dos comunidades que le faltan», detalló Chalabe.
En efecto, la comunidad de San Miguel de Colorado presentó una nota al gobernador exponiendo que no participó en el procedimiento, que no se le ha pedido autorización y que en cambio han entrado al territorio sin consentimiento.
De este modo, los trabajos están circunscriptos a la Quebraleña, mientas que el proyecto que se presenta a estudio y evaluación es sobre la superficie total. Pero «no se puede hablar por proyectos en partes», afirma la abogada, y concluye: «Es evidente el accionar administrativo contrario a derecho y normas».
Por otra parte, Chalabe recordó que la consulta previa libre e informada está prevista en el Convenio 169 de la OIT y es norma nacional en la Argentina. Como el decreto 5772 /10 modifica el procedimiento de impacto ambiental con la participación de comunidades indígenas en la UGAM, no se estaría cumpliendo con la consulta tal y como debe realizarse.
«La consulta debe haberse realizado previa a cualquier aprobación, y no cuando ya se aprobó un proyecto y se construyó un pozo profundo con agua de las Salinas. Con ese antecedente, las comunidades rechazan el uso del territorio, la exploración y explotación de litio», sentenció.
El protocolo comunitario
A estas irregularidades e incumplimientos, se suma otra cuestión que tiene muy molestas a las comunidades. En la campaña electoral de 2015, Gerardo Morales mantuvo una reunión en Alfarcito con algunas comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En esa oportunidad, los comuneros le entregaron un kachi yupi, como denominan al protocolo que elaboraron ellos mismos frente a los proyectos extractivos que el entonces candidato les expuso.
«Cuando vino a visitarnos en Alfarcito, le dijimos clarito que tenía que consultar antes de hacer cualquier proyecto en nuestro territorio. Y le dijimos que tenía que sacar un decreto para reglamentar el kachi yupi. Ya pasaron tres años, no nos ha hecho nada y mandó a las empresas a trabajar», relató a El Submarino Radio (91.5) Verónica Chávez, de la comunidad Santuario Tres Pozos.
