Denuncian que Desarrollo Humano marginó a personas con discapacidad

Familiares y personas con discapacidad autoconvocadas aseguran que la Oficina de Igualdad de Derechos para Personas con Discapacidad que creó el Ministerio de Desarrollo Humano constituye un «atropello» y un acto de «exclusión y discriminación», ya que fueron ellos quienes aportaron las ideas en una reunión previa sin que la ministra Natalia Sarapura los convocara luego para integrarse a la repartición.

El Ministerio de Desarrollo Humano firmó un convenio con las municipalidades de Caimancito y Fraile a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, encabezada por Yamla Gutiérrez. El acuerdo consiste en la creación de una Oficina de Igualdad de Derechos para Personas con Discapacidad (OIDD).

El anuncio oficial asegura que la oficina «realizará asesoramiento, gestión y acompañamiento» a las personas con discapacidad y a los familiares en los trámites referentes a sus derechos, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, cobertura de obras sociales, rehabilitación y otros temas. Aclara luego que la OIDD, no obstante, «orienta e informa sobre dichos trámites», pero no los realiza.

Personas con discapacidad y familiares autoconvocados consideran que la creación de esta oficina es un «atropello, exclusión y discriminación» porque desde el Ministerio «tomaron ideas expuestas en una reunión por personas con discapacidad y las ejecutaron sin respetar a las personas que hicieron la propuesta», explicó Ana Ascárate, que integra el grupo de los Autoconvocados.

El caso es que se habían reunido con Gutiérrez para exponerle el proyecto de armar una consultora. Según relatan, la funcionaria tomó nota de la idea, les pidió que armaran una agenda de acciones para este año «y al final ella terminó presentando el proyecto a la ministra, y nos dejó afuera a los que lo habíamos pensado».

La idea era, además de acompañar y asesorar, generar puestos de trabajo para PCD y así con el cupo laboral establecido por la ley. Pero ya en las reuniones previas la funcionaria les había adelantado que no iba a haber presupuesto para eso. En este sentido, la pregunta es si la OIDD recientemente creada incorporó o no personal, y en qué condiciones.

Los reclamos de las personas con discapacidad en Jujuy no son nuevos ni menores. Ocurre que no son ruidosos, por lo que suelen quedar invisibilizados. «No todos pueden movilizarse, por eso nos organizamos -explicó Ascárate-. Porque siguen atropellando nuestros derechos, el Ministerio de Salud no cumple, el Estado no cumple, y no nos dan ni la hora porque no somos número, pero solo en San Salvador de Jujuy hay 5000 personas con discapacidad».

Demandas urgentes 

Las PCD autoconvocadas elaboraron un documento en el que plantean los temas urgentes que deben ser atendidos «ante la gravísima situación de desamparo en que nos dejó el macrismo». El reclamo es a nivel nacional.

Remarcan que la Jefatura de Gabinete de Ministros «transfirió 2000 millones de pesos el día 31 de diciembre de 2019 a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es decir el dinero más urgente ya está a disposición», y enumeran las principales necesidades del sector, que ya fueron expuestas a las autoridades de esa Agencia:

1. Reintegrar las pensiones no contributivas que Macri no devolvió a pesar del mandato judicial.

2. Dar respuesta a las más de 100.000 solicitudes de pensiones presentadas -y cajoneadas- en estos años.

3. Necesitamos que se suprima el absurdo «Certificado Médico Obligatorio Digital».

4. Trabajar sobre la enorme deuda acumulada tanto con los prestadores como con las provincias, que pone en peligro la continuidad de algunos servicios.

5. Recomponer aranceles de los trabajadores independientes que asisten a las personas con discapacidad que sufrieron una merma de más del 50% , durante la noche macrista.

6. Para poner al día a la población del país con el Certificado Único de Discapacidad es necesario reforzar las juntas provinciales con Camiones Sanitarios Equipados para ir por las provincias a la búsqueda de las personas con discapacidad que no pueden siquiera salir a la vereda de su hogar.

7. Que la Ley de Cheque sea un instrumento idóneo para la solución de los problemas más urgentes de los que más necesitan.

8. Que se cumpla el cupo del 4% de personas con discapacidad en el Estado.

9. Necesitamos que se adjudiquen los «kioscos inclusivos», y generen fuentes de trabajo dignas para miles de personas con discapacidad.

10.. Que se derogue el artículo 4° del decreto 118, del 2006 qué limita nuestro acceso al transporte público sin costo, y que se garantice la accesibilidad de los servicios de corta, media y larga distancia.

11. Necesitamos una educación inclusiva financiada por el Tesoro Nacional.

12. Necesitamos mejorar la situación de Ramsay deteriorada adrede para impulsar negocios inmobiliarios.

Finalmente, generar la acción de políticas a puertas abiertas para recibir a todas los familiares, PCD o instituciones.