Sobre el estallido e importancia del Poder Judicial de la provincia

Por la Asociación de Abogados de Jujuy

La Provincia atraviesa sin dudas el momento más crítico respecto de su situación institucional. Ya desde la constitución de los Estados modernos la separación de poderes y la necesidad de contrapesos entre los mismos forman parte del diseño previsto como solución para combatir los excesos y los abusos de poder en una sola cabeza. Por ello contar con un Poder Judicial independiente es condición indispensable para la existencia de un Estado de derecho, ello, además, porque su función es la proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia. Así la mayor independencia del Poder Judicial mayor será el reconocimiento de derechos y garantías y su vigencia efectiva en la sociedad, y a la inversa a menor independencia, menor vigencia de derechos de la ciudadanía.

 Vulneración de la independencia del Poder Judicial

La Asociación de Abogados de Jujuy, desde hace tiempo, viene manifestando alarma y preocupación ante lo que consideramos una inaceptable intromisión del Ejecutivo en la esfera propia de actuación de los otros poderes como así también denunciando la falta garantías para los y las justiciables en la provincia. La violación de la independencia del Poder Judicial, resguardada por el art 145° de nuestra Constitución Provincial, se ha visto reiterado en distintas oportunidades bajo el eufemismo de la llamada “Reforma Judicial”. Así:

Ampliación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, convenida en una sesión exprés de la nueva Legislatura, mecanismo por el cual el oficialismo obtuvo mayoría absoluta en toma de decisiones trascendentales; evidenciando su fin último, con la manifiesta pertenencia política partidaria de los nuevos miembros,

Creación inconstitucional del Ministerio Publico de la Acusación con facultades ilimitadas,

Reformas injustificadas de los códigos Procesal Civil, Laboral y Penal, con cuestionadas participaciones y hasta ausencia de representación en la conformación de las comisiones de reforma,

Falta de transparencia y arbitrariedad en los concursos públicos de antecedentes y oposición a cargos de magistrados/as y funcionarios/as denunciada por colegas como la nula fundamentación por parte del titular del Poder Ejecutivo de las razones de la selección del postulante elegido, cuando se aparta del orden de mérito de la terna, elevada por el Superior Tribunal de Justicia,

Procesos de Juicios políticos abiertos en la Legislatura, absolutamente irregulares, injustificados, irrisorios y hasta groseros, que solo develaron una evidente voluntad de disciplinar tanto al Poder Judicial como a los organismos de contralor de la Administración creados por la Constitución. Tal avasallamiento de las instituciones republicanas como del Estado de Derecho, provoco la denuncia de gravedad institucional de la provincia efectuada por el Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina,

Violación de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo por parte del Ministerio Público de la Acusación, con acciones intimidatorias y persecución hacia periodistas locales con el consiguiente sometimiento del derecho a la información que tiene la ciudadanía,

Declaraciones escandalosas de Clara Langhe de Falcone, prejuzgando respecto de personas sometidas a proceso, así como causas cuestionadas y a su conocimiento, que forzaron su renuncia a la presidencia del más alto tribunal local. Lo que se suma al pedido de juicio político abierto en su contra, (sosteniéndose en una grave denuncia penal jamás investigada por el Ministerio Publico de la Acusación) ingresado en 2016 en la Legislatura y cuya tramitación nunca avanzó.

Denuncias públicas de Organismos internacionales especializados como la del Grupo sobre la Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que, ya en octubre de 2016, afirmaba que en Jujuy había ya un contexto de vulneración de la independencia judicial y que se violentaban las garantías del debido proceso,

Graves acusaciones que pesan sobre el todopoderoso Fiscal General del MPA, Sergio Lello Sánchez ( expulsado al ser declarado inepto éticamente por el mismo Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina) denunciado ante el Superior Tribunal por violencia de género, abuso de poder y mobbing laboral como así también ante la Oficina Anticorrupción por disponer de bienes automotores secuestrados en causas penales, sin facultades para ello, y en favor de funcionarios, en contra una ley  provincial y una acordada del Superior Tribunal. Todas denuncias con expedientes paralizados injustificadamente.

Estallido del Poder Judicial jujeño 

Hoy, con la difusión pública nacional de audios vergonzantes, reconocidos por el propio Dr. Pablo Baca -presidente del Superior Tribunal de Justica y hasta hace un mes, el encargado de evaluar los postulantes a jueces y juezas en los concursos de cargos vacantes en el Poder Judicial y, antes de ello, diputado oficialista y reconocido militante radical – nuestros peores temores sobre la ausencia del estado de derecho se han hecho realidad. No podemos ignorar que el reconocimiento expreso de conductas antiéticas, impropias e ilícitas no dan lugar a otra interpretación: La consumación de un maridaje entre el poder político y el poder judicial.

Alianza promiscua que se ha querido disimular, además, con un doble discurso: Por un lado, y en la faz publica, mostrándose como adalides de la independencia y  transparencia (“Está funcionando el Poder Judicial y hay una justicia independiente en Jujuy …” en palabras del propio titular del Ejecutivo) pero en el fuero intimo no dudan en evidenciar, sin timidez, los verdaderos fines espurios: permanente avasallamiento de las instituciones, coacción a funcionarios/as , sometimiento del que piensa diferente, conculcación de derechos , para realizar así mezquinos intereses individuales que nada tienen que ver con el bien común y la administración de justicia.

Lo más grave es que, en medio de todo este escándalo, quedamos el resto de los y las operadores de la justicia, principalmente abogados y abogadas que trabajamos como sus auxiliares como así también, los y las justiciables, que claman por un Estado de Derecho y por una administración de justicia imparcial, no discriminatoria, transparente y eficaz.

Este colectivo de profesionales del Derecho, no puede mirar para otro lado cuando estamos siendo testigos del estallido del Poder Judicial local y del desmoronamiento caprichoso y egoísta de los derechos y garantías más elementales consagrados por la Constitución. Más aun cuando observamos con preocupación y estupor que otros actores directamente interesados, como el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados, guardan un silencio ensordecedor, ante la gravedad que está aconteciendo. Lo que demuestra además cuan colonizadas y aleccionadas por el poder político están dichas instituciones en la Provincia.

Recuperar el estado de derecho 

Por último, una vez más, bregamos por recuperar la institucionalidad democrática, y por ello estamos obligados a pedir la renuncia de Pablo Baca a su cargo, en estos momentos donde la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial local esta puesto en duda y donde vemos improbable la realización del valor justicia. Además, denunciamos el estado de gravedad institucional que se vive en la provincia, y por lo tanto, lamentamos que estén dadas las condiciones objetivas para hablar de una intervención federal.

Lo cierto es que no desconocemos la amenaza que implica para el Estado de derecho y las garantías constitucionales de la ciudadanía. Así las cosas, creemos que el silencio nos convierte en cómplices por omisión y por ello asumimos el compromiso de defender las instituciones y la legalidad, aunque con ello se cause incomodidad a las autoridades de turno, sean estas políticas o judiciales. El espacio que representamos no está dispuesto a permanecer mudo y absorto ante semejante atropello y por ello también alentamos a toda la sociedad a no aceptar ni convalidar las injusticias ni las arbitrariedades, y la convocamos a evidenciar su compromiso con el Estado de derecho para seguir fortaleciendo los procesos democráticos que tanto nos ha costado a los y las argentinas.