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El empate técnico que señalan las encuestas entre el candidato presidencial del oficialista Partido Nacional (PN), Juan Orlando Hernández, y la opositora Xiomara Castro, del partido Libre, surgido del golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya, su marido, muestra la incertidumbre reinante a menos de un mes de las elecciones del 24 de noviembre.
Honduras, un país con 7 de cada 10 habitantes en la pobreza, récord mundial de violencia y azotado por el narcotráfico, eligió en noviembre del 2009, pocos meses después del golpe, al actual presidente, Porfirio Lobo, del Partido Nacional, con un abstencionismo superior al 50 por ciento.
Un nivel de abstención indudablemente vinculado al golpe de Estado, porque en 1993 fue de 35,05 por ciento, en el 97 bajó a 27,58 y en 2001 subió a 33,73 por ciento, pero saltó al 50,12 en 2009, según el diario local La Prensa.
No por casualidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició una campaña para promover la participación ciudadana en los próximos comicios.
En estas elecciones por primera vez se presentan nuevos partidos, que se suman a los tradicionales -PN y Partido Liberal (PL)-, y uno de ellos, Libertad y Refundación (Libre) amenaza romper el bipartidismo, según señalan las encuestas y los analistas.
Uno de esos analistas, Julio Navarro, citado por el diario oficialista El Heraldo, resaltó que el 70 por ciento de la población hondureña ya dijo que participará en el proceso electoral.
Atribuye este avance a que «hay una mayor cantidad de fuerzas de donde escoger, porque el electorado ha estado cansado de elegir entre los mismos».
Opinó que Libre «no es un partido fuerte, sino una coalición de fuerzas y voluntades», pero reconoce que «está disputando palmo a palmo» las elecciones con un partido (el Nacional) de 100 años».
El periódico Tiempo, vinculado al Partido Liberal, dividido y tercero lejos en las encuestas -una parte, expresada por el propio Zelaya y su esposa, se sumó a Libre tras el golpe- destaca en un editorial la situación de violencia que ubica a Honduras con el más alto nivel de homicidios del mundo: más de 85 cada 100.000 habitantes según la cifras de Naciones Unidas.
«Los candidatos presidenciales, de cara al próximo gobierno constitucional, firmaron el Pacto Nacional por la Seguridad que define un cambio radical de la política de Estado aplicada en el presente gobierno, a punto de terminar», dice el periódico.
Aclara, sin embargo, que todos los presidenciables firmaron «a excepción del candidato del PN en el poder, que mantiene su posición inalterable, de corte militarista y dictatorial».
Lo cierto es que los 5,3 millones de hondureños habilitados votarán en un clima tenso, con denuncias de fraude, y sin la custodia electoral Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica, que se retiraron porque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) «monopolizó el reclutamiento de custodios electorales».
Estos custodios, creados para esta elección para dar «trasparencia», son los que traerán a cada mesa el material electoral y recogerán las actas de cierre para escanearlas y enviarlas al centro de cómputos.
Por su parte, las Fuerzas Armadas, ahora subordinadas al tribunal electoral, llamaron a la unidad y a superar el rechazo a las instituciones.
«El odio para las instituciones creo que hay que quitarlo de nuestra mente», manifestó el general René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto. Por el contrario, instó a fortalecer a las Fuerzas Armadas, las iglesias, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La prensa local, tras citar estas definiciones, agregó que «el Partido Nacional denunció un peligroso odio del partido Libre a las Fuerzas Armadas».
Paradójicamente, la policía está fuertemente acusada de infiltración del narcotráfico y el crimen organizado, y las demás instituciones vinculadas con el golpe de Estado contra Zelaya.
