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A seis años de la muerte de Nisman, la hipótesis del magnicidio sigue derrumbándose

Por Ricardo RagendorferA diferencia de los homenajes anteriores, la convocatoria al acto por el sexto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman se hizo únicamente por las redes sociales y a las apuradas. De modo que el lunes 18 pasado hubo en la Plaza del Vaticano, al costado del Teatro Colón, apenas un puñado de personas con carteles alusivos, además de Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Jorge Enríquez.

Fue notable que otras figuras del macrismo brillaran por su ausencia, al igual que los máximos dirigentes de la comunidad judía (la DAIA recordó al difunto con un video de casi 50 segundos y la AMIA, con un comunicado que elude la palabra “asesinato”); tampoco acudieron sus familiares por preferir una ceremonia íntima en el cementerio de La Tablada.

Semejante desolación no sería ajena a la lenta pero inexorable caída en picada de las dos causas conexas al final de Nisman; a saber: la que –instruida por el juez federal Julián Ercolini– se empeña en probar la antojadiza hipótesis del “magnicidio”, y la derivada de su denuncia póstuma por el “Memorándum de entendimiento con Irán”, que el juez federal Claudio Bonadío logró elevar a juicio en una carrera contra el reloj, poco antes de su propio fallecimiento.

En la primera fue imposible probar que Nisman no se haya suicidado, y en la otra, directamente, no hay delito.

Ya ni siquiera es una originalidad decir que ambas pretendían denostar al gobierno que, en el momento de la tragedia, encabezaba Cristina Fernández de Kirchner. Por esa razón, la Historia quizás evoque el 18 de enero de 2015 no solo por Nisman sino como el día que nació el lawfare en la Argentina.

No obstante, la efeméride en cuestión sí fue portadora de una novedad judicial de valía: el seguimiento –por peritos especializados– de la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, junto al embargo de todos los bienes y cuentas off shore que fueron suyas, y que puso a nombre de su madre –Sara Garfunkel–, de su hermana –Sandra Nisman– y del técnico informático Diego Lagomarsino. Además se ordenó la intervención de las empresas del financista Claudio Picón, dueño de la camioneta Audi que usaba el fiscal.

Tales medidas fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de un expediente sobre Nisman por lavado de dinero.Una ominosa trama que recién ahora salta a la luz.

El depósito fiscal

Todo indica que el fiscal exhaló su último suspiro en algún momento posterior a las siete de la mañana de aquel domingo fatal.

Recién al anochecer su cuerpo fue hallado en el baño –cerrado con llave por dentro– del departamento que habitaba en Puerto Madero. Estaban allí dos integrantes de su custodia, un cerrajero y la señora Sara.

Ella, en medio de esas funestas circunstancias, buscaba afanosamente algo, que terminó por encontrar en el primer cajón de una cómoda; ese “algo” era un cheque por 200 mil dólares que fue librado desde una cuenta del Bank of América de Miami con la firma del señor Picón.

Quiso Dios que la titular del Juzgado Federal de San Isidro tuviera en su poder una copia de un cheque del mismo talonario, también con la firma de Picón pero librado en favor de Damián Stefanini. Se trataba de otro financista, sobre quien allí se instruía una causa –con la intervención del fiscal Fernando Domínguez– para esclarecer su paradero tras esfumarse en algún momento del 17 de octubre de 2014.

La magistrada era nada menos que Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman y madre de sus dos hijas.

A los pocos días de que éste muriera, ella se reunió con Sandra Nisman, antes de presentarse en la fiscalía a cargo de Viviana Fein, quien por entonces investigaba el fallecimiento del fiscal.

La jueza federal llegó allí con un ánimo oscilante entre el asombro y la furia. Entonces soltó:

–¡Acabo de enterarme de que Alberto tenía una cuenta en Estados Unidos!

¿Sabría que su ex suegra también había vaciado tres cajas de seguridad a nombre de Alberto en los bancos Ciudad y Patagonia?

Ante el cariz de los acontecimientos, Fein decidió enviar esta parte de la causa a Comodoro Py, quedando en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Pedro Zoni. Ellos desentrañaron parte del enigma norteamericano.

El número de cuenta era 5v3-50653 del banco Merrill Lynch de Nueva York, abierta el 7 de marzo de 2002 con un saldo de 600 mil dólares. Estaba a nombre de la mamá, la hermana Sandra y Lagomarsino, mientras que Nisman figuraba como apoderado con autorización para mover fondos.

La rapidez de su localización se vio, en parte, favorecida por el hecho de que la unidad antilavado norteamericana –el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen)– había bloqueado esa cuenta porque Nisman omitió ser una persona considerada “políticamente expuesta” por su labor como fiscal. Pero, además, la Fincen reportó transferencias sobre las que no se pudo establecer el objetivo comercial por 543 mil dólares, movidos entre el 13 de septiembre de 2012 y 19 de agosto de 2014.

Allí figuraban dos transferencias por un total de 20 mil dólares hechas por Picón el 24 de enero de 2013 y el 14 de marzo de 2014, junto con otra de Stefanini por 150 mil, efectuada el 23 de octubre de 2012.

La pregunta que por esos días se hacían Canicoba Corral y Zoni giraba en torno al lazo entre ambos depositantes. Parte de la respuesta estaba en la pesquisa del fiscal Domínguez en San Isidro.

Picón, quien controlaba al menos tres sociedades anónimas –Easy Pack, Palermopack y Starpack– había extendido aquel cheque a Stefanini cuya copia –como ya se dijo– estaba en poder de Arroyo Salgado.

Ambos también tenían un amigo en común, Eugenio “Pipo” Ecke, un sujeto vinculado a los servicios de inteligencia, manager de la filial porteña de la agencia privada de espionaje Kroll, del antiguo agente de la CIA, Frank Holder, además de estar nombrado –a raíz de su cercanía con Alfredo Yabrán– en el expediente por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. También se lo menciona en la causa por el fisgoneo telefónico que tuvo por estrella al ya olvidado Ciro James, en 2009, donde justamente intervino Nisman como acusador.

¿Acaso el fiscal habría aliviado la situación penal de Ecke a cambio de una dádiva gestionada y –eventualmente– transferida por Picón?

Lo cierto es que éste y sus amigos formaban una alegre muchachada. De hecho, con Stefanini compartía la pasión por los veleros. Un vínculo que se extendía a otro próspero empresario: Hugo Schwartz. Tanto es así que los tres viajaron a China en 2012 para participar en una exposición de embarcaciones.

Dicho sea de paso, uno de los últimos emprendimientos de Stefanini fue financiar la construcción de dos yates en sociedad con Schwartz, para lo cual invirtieron dos millones de dólares.

La última vez que se lo vio fue al visitar las oficinas de éste en la zona del Tigre. Luego enfiló en su Audi C4, hacia Vicente López, donde se detuvo en una estación de servicio. El vehículo fue luego encontrado sin él en la calle Roca al 2400, de Florida, junto a las vías del ferrocarril. Desde entonces Stefanini está como tragado por la tierra.

Cuando la doctora Arroyo Salgado comenzó a instruir la causa por esa desaparición, su víctima no era un desconocido para ella. Ni Schwartz. Dado que al primero ya lo tuvo bajo proceso por un temita de lavado. Y al otro, por daño ambiental a raíz de un mega-negocio inmobiliario.

De ahí su azoro al enterarse de los “asuntos” de Nisman con ellos.

La ruta del dinero “N”

El juez Martínez de Giorgi investiga el patrimonio de Nisman, que estaría compuesto por un departamento en Miami, otros dos en el barrio de Palermo y varios terrenos en Punta del Este.

La pesquisa por las off shore de Nisman avanzó hasta fines de 2016, cuando Canicoba Corral y Zoni fueron recusados. Entonces pasó a manos de Bonadío y su fiel escudero, el fiscal Jorge Taiano (también metido en la causa por la muerte del colega y la del Memorándum con Irán). La investigación quedó en la nada. Pero el fallecimiento de Bonadío hizo que, en marzo de 2020, el expediente llegara al escritorio de Martínez de Giorgi.

En el ínterin pasaron cosas.

Al declarar un efectivo de la Policía Federal devenido en narco ante el fiscal Domínguez –según consignó el periodista Agustín Ceruse en el portal Encripdata– supo decir que otro financista, Diego Guastini, estuvo vinculado a la desaparición de Stefanini.

Se refería al dueño de una cueva en la calle Florida 520. Este sujeto atraía a clientes oscuros de diverso pelaje, ofreciendo –con fines de lavado– una extraordinaria logística para transportar plata mal habida de un lugar del mundo a otro. Tanto es así que sus mulas podían mover más de medio millón de dólares en un solo trayecto. Su oficina era frecuentada por el blanqueador de dinero Hugo Díaz, quien fue visto allí por última vez, antes de desaparecer para siempre en marzo de 2015. En tanto, el bueno de Guastini, agregaría a sus actividades otro metier: agente inorgánico de AFI.

Pero ya era tarde para ser citado por el fiscal: El 28 de octubre de 2019, mientras circulaba en su BMW por una calle de Quilmes, un sicario que se movilizaba en motocicleta le voló con tres disparos la tapa de los sesos.

Ahora, junto a los embargos mencionados, el juez Martínez de Giorgi dispuso una medida tendiente a esclarecer el misterio en torno a la fortuna de Nisman: revisar el expediente sobre la desaparición de Stefanini.

En tanto analiza otros bienes atribuidos al Nisman; entre ellos, un lujoso departamento en Miami valuado en 530 mil dólares, dos departamentos en el barrio porteño de Palermo y varios terrenos en Punta del Este.

También es de su interés la sucursal en Montevideo de un banco israelí en el cual Nisman recibía (y depositaba) sumas de dinero enviadas desde Tel Aviv por el magnate Sheldon Adelson, apodado “El Rey de Las Vegas”, por haber explotado casinos en esa ciudad. El tipo –quien falleció el 10 de enero pasado a los 87 años– estaba relacionado con el “buitre” Paul Singer. Y fue un aportante a las campañas de Benjamín Netanyahu y Donald Trump.

El mundo es a veces un pañuelo lleno de billetes.

Télam

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