Este jueves, como cada 21 de julio, se realizan en la ciudad de Libertador Gral. San Martín y alrededores actividades y actos para recordar a las víctimas de la dictadura en el departamento Ledesma, en las jornadas de 1976 que se conocen como la Noche del Apagón. Desde 2016, al inicio del primer mandato de Gerardo Morales en la gobernación, los organismos de derechos humanos ya no pueden hacer el tradicional acto dentro de la Escuela Normal de Libertador porque el Ministerio de Educación opina que no es una «actividad educativa».
Es por esta razón que, desde entonces, el acto que recuerda a los 16 estudiantes de la Normal que fueron víctimas de la represión se realiza en la puerta del establecimiento.
«Es un acto muy emotivo, sobre todo cuando lo hacíamos adentro, en el patio –contó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Martina Montoya, referente del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma)–, porque sigue teniendo la misma estructura que tenía en aquellos años».
Ya sea dentro de la escuela o en la vereda, el acto se sigue realizando. Allí, los antiguos compañeros recuerdan aquellos años en los que compartían las horas escolares. «Cuentan anécdotas, traen la presencia de esos compañeros y compañeras que ya no están, que eran personas que tenían sueños, ideales, y querían hacer cosas que se truncaron por la represión y la dictadura», repasó Montoya.
Esta mañana, cerca de las 10, se cumplió con el ritual de memoria en la puerta de la Normal. Allí, el exdetenido Oscar Alfaro llamó a «volver a tomar el compromiso de vida» de quienes fueron víctimas de la represión. Entre otros, también habló Mariel Jaramillo, exalumna de la escuela, quien dio su testimonio. En 1976, meses después de la detención de su padre, Meritón Jaramillo, ya fallecido, ella y su hermano fueron apresados en su casa, llevados al Ingenio y luego al penal de Gorriti. Tenía 16 años.
La prohibición de realizar en acto dentro de la escuela contradice el espíritu que supuestamente plantea la ley provincial que establece el 20 de julio como el Día de los Derechos Humanos. El gobierno realizó su propio acto, en Calilegua, «para decir que los derechos humanos no tienen dueño», analizó Montoya.
«Justamente ellos -continuó-, que hacen un acto para unos pocos, donde no entran los compañeros y compañeras, donde no podrían estar las organizaciones sociales, un gobierno que persigue y hostiga».
La jornada de los organismos de derechos humanos en el departamento Ledesma continúa con una marcha desde la municipalidad de Calilegua hasta Libertador, que está previsto se inicie pasadas las 15.
Historia viva
En los operativos de la Noche del Apagón de 1976 se detuvo a cerca de 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas. Sin embargo, en los últimos años esa cifra creció.
Montoya explicó: «Todos los años, en cada marcha, se nos acercan familiares, generalmente sobrinos, de desaparecidos. Nos dicen mi tío estaba en Tucumán, o en Buenos Aires, la última vez que lo vieron estaba en Salta, o en Córdoba, y mi mamá, mi abuela nunca lo buscaron, pero ellas siempre decían que podían ser los militares los que los llevaron».
Hay también casos de personas que fueron víctimas, que estuvieron detenidas, pero nunca lo denunciaron. Y con el paso del tiempo empiezan a acercarse a los organismos a contar sus historias.
Pasar la posta
El paso del tiempo determina también la necesidad de mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, entregando el legado a las nuevas generaciones. Montoya habló de las dificultades que enfrentan para lograr esos objetivos: «Yo de alguna manera estoy en el medio. Nací en el gobierno de Perón, con la Triple A, me crie con la dictadura y mi adolescencia fue en democracia. Hoy tengo 47 años. Muchos de los que venimos manteniendo esto somos de esa generación y seguramente todavía nos queda un buen tiempo para seguir peleándola. Pero con las nuevas generaciones estamos en una lucha muy fuerte, y en esto tienen que ver las organizaciones sociales, para sostener esta lucha por la memoria».
«Nos cuesta mucho», reveló, y reflexionó: «Si hoy se cierra una escuela secundaria para evitar que se haga un acto de memoria, va a ser muy difícil llegar a esa generación. Por eso es que siempre tratamos de hacer actividades donde puede estar la juventud y sepa lo que pasó a través de la voz de los que todavía pueden contarlo».
En este sentido, señaló que se trata de «una lucha también cultural, educativa, que tiene que llegar a todos los espacios», y puso la situación en el contexto actual: «Si tenemos políticas como las que estamos teniendo, donde te dicen que no te tenés que organizar, que si estás en una organización social sos un vago, un planero, y te empiezan a estigmatizar para que te dé vergüenza tu origen, tu identificación social y política, va a ser muy difícil».
«Hay una gran parte de la población, desde mi punto de vista, que está con el discurso de ‘yo hago la mía y no me meto’. Con el gobierno de Morales estuvo claro: entró e impuso el miedo. Primero con las detenciones, la de Milagro Sala, después con la represión a los azucareros, con las primeras multas al sindicato azucarero, cuando nos judicializaron a todos. Esa fue la forma de imponerse y sin duda alguna a muchos les queda ese mensaje».
Para ella, «es una responsabilidad muy grande que nos queda a los que hoy estamos militando, es un compromiso grande que tenemos que asumir, y desde las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos lo seguimos haciendo».
‘La mano de Ledesma’
La Escuela Normal no es el único espacio que se cerró a los organismos de derechos humanos desde 2016. Este año en particular, se debieron suspender actividades que estaban previstas en el marco de la visita de un grupo murguero de Buenos Aires que vino a acompañar la Marcha del Apagón y, además, realizar tareas solidarias y recreativas. La suspensión se debió a que el Club Arrieta se negó a prestar sus instalaciones para alojar a los visitantes.
«La mano de la empresa Ledesma sigue estando», describió Montoya. Y contó: «Salvo el año pasado y el anterior, por la pandemia, todos los años vienen organizaciones a colaborar, a la marcha y a hacer actividades de memoria. Son dos colectivos, unas 120 personas. Murgas que vienen desde Buenos Aires en lo que llaman ‘Viaje a Jujuy por la Memoria'».
Primero, el grupo se instaló una semana en Purmamarca, donde hacen un trabajo solidario en unas escuelas rurales y luego el acto por la memoria con familiares detenidos desaparecidos de esa localidad. Luego, en Libertador, además de marchar organizan talleres murgueros y entregan ropa y mercadería que traen para donaciones.
«Todos los años buscamos nosotros un lugar para alojarlos. Desde que dieron la orden desde Educación de que las escuelas no se pueden abrir, hemos perdido lugares de alojamiento, de hacer actividades y actos. Desde 2016 no tenemos nada de todos eso», contó Montoya.
Este año, a través de un militante de derechos humanos que tiene un equipo de rugby en el Club Arrieta, habían conseguido que les cedieran un lugar en desuso para alojar a los visitantes desde este miércoles y hasta el sábado.
«Durante toda la semana estuvimos limpiando el lugar, acondicionándolo, y el martes en medio de la vigilia, a las diez de la noche, recibe una llamada mi compañero donde le dicen que se había reunido la comisión de padres de fútbol infantil del club para pedirle a la Comisión Directiva que no nos prestaran el lugar. Dijeron que nosotros venimos en contra de Ledesma, en contra del gobierno, de la municipalidad, y que los pueden sacar del torneo que realiza la fundación de la empresa Ledesma. Ese fue el mensaje», relató.
Así fue que, siete horas antes de que llegaran los micros desde Purmamarca, se quedaron sin un lugar donde alojarlos. Por esta razón, cuando termine la marcha se volverán a Buenos Aires sin haber podido hacer ninguna de las actividades programadas.
«Esa es la mano de Ledesma, la mano de Morales, la mano del miedo. No participes, no te metas», concluyó Montoya.