Advertencia por la violencia institucional en la provincia

Una comitiva de varios organismos de Derechos Humanos encabezada por integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que existe «un grave nivel de violencia institucional» en la provincia y denunció que “la aplicación del código contravencional sólo sirve para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice».

Las organizaciones llegaron a la provincia el pasado jueves con el propósito de denunciar los 2.000 días de detención de la dirigente social Milagro Sala, a quien consideran como «una presa política», al igual que otros integrantes de la agrupación Tupac Amaru, que se encuentran privados de su libertad.

La comitiva estuvo integrada por representantes del CELS, de ATE-CTAA, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y del Movimiento Villero Alberto Balestrini.

El director del CELS, Diego Morales, dijo que “en el último día de trabajo en Jujuy, recibimos varias denuncias por parte de distintos sectores políticos y sociales que sufrieron violencia institucional del estado, utilizando el código contravencional para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice».

Puso como ejemplo lo sucedido en Campo Verde: «Vecinos que se organizaron para defender su territorio fueron criminalizados y reprimidos, como sucedió en el barrio de Campo Verde, donde se ejerció violencia institucional contra ciudadanos que intentaron defender un espacio de encuentro».

Morales lamentó que en esos hechos se haya intentado involucrar a Milagro Sala, quien recibió una imputación por una supuesta instigación.

«Fue una manifestación que sucedió muy lejos de su hogar, donde ella continúa privada de su libertad, y se la acusa de haberla instigado, cuando en realidad fue un episodio de represión y lo que hay que investigar son los abusos policiales», remarcó el dirigente del CELS en declaraciones a la prensa.

También detalló que hay situaciones de «comunidades indígenas, como la de Tusca Pacha, a la que el año pasado se los intentó desalojar de su territorio ancestral», y la de los «vendedores ambulantes o trabajadores que se organizaron para reclamar por mejores condiciones laborales y tuvieron como respuesta la aplicación del código contravencional o el silencio».

Por su parte, María José Cano, de ATE-CTAA, afirmó además que la comitiva se lleva una lectura de «un avance violento del Gobierno local sobre el pueblo jujeño» y que «se debe frenar esa violencia institucional».

En tanto, Berta Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró que «no solo contra Milagro Sala, que es una presa política, hay una sistematización de la violencia en Jujuy».

«Existe un avasallamiento de los derechos humanos, sobre el cual el Gobierno nacional tiene que intervenir y dar una respuesta», sostuvo Lozano.

«Se están atacando de diferentes formas todas cuestiones que puedan salir a la luz. Hay una clara decisión política por silenciar a todo aquel que piense de forma diferente. Esto se tiene que visibilizar a nivel nacional», exhortó finalmente, Miguel Meira, referente de APDH La Matanza.

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