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La Coordinadora Contra el Ajuste y la Represión denunció como “gravísimo” que aún no haya respuesta al hábeas corpus presentado el sábado en favor de los internos del penal de Gorriti. En conferencia de prensa, sus representantes hicieron un repaso de la situación y advirtieron sobre “actos de ajuste y represión por parte del gobierno provincial, en contraposición a lo que pregona Gerardo Morales a través de sus declaraciones y con movidas como la marcha por la paz que realizó el viernes pasado”.
Con la presencia de referentes de organismos de derechos humanos, la Tupac Amaru, el área de Género de la UNJu, el Colegio de Graduados de Antropología, el PC, el PTS y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, recordaron que la Coordinadora viene trabajando arduamente desde enero de este año, y que si bien la Mesa existe desde 2014, se ha venido ampliando a raíz de los hechos que fueron ocurriendo, “no solo con el tema de ajuste sino con el estado represivo que impuso este gobierno desde el principio”.
Como ejemplo, señalaron que el viernes pasado, mientras se armaba el escenario para el acto por la paz, representantes de organismos de derechos humanos y otros integrantes de la Coordinadora trataban de lograr la autorización para entrar al penal del barrio Gorriti, con la intención de comprobar la situación de los detenidos ante las denuncias de torturas de algunos familiares. Y que no habiendo conseguido ese permiso, salieron a recorrer juzgados para presentar un hábeas corpus, encontrando las puertas cerradas.
Recordaron que el mismo día del asesinato de Nelson Cardozo en la cárcel, representantes de la Coordinadora se hicieron presentes para ver qué estaba sucediendo. “Pudimos presenciar la represión a los familiares y escuchamos el relato de lo que sucedía adentro, sin que hasta la noche llegara nadie a calmar los ánimos, ya sea un fiscal, el ministro de Seguridad o algún otro responsable”.
Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, relató: “Estos días estuvimos recorriendo los juzgados para presentar hábeas corpus, buscando respuestas para las familias de los detenidos, que aunque estén detenidos el Estado debe garantizar sus derechos. Queremos que se aclare y se investigue el homicidio del joven Cardozo”.
Natalia Morales, dirigente del PTS, destacó la gravedad de que “el asesinato de un joven se haya pretendido hacerlo pasar como un suicidio”, en referencia a la primera comunicación oficial del Servicio Penitenciario afirmando que Cardozo se había quitado la vida, cuando pocas horas después la autopsia echó por tierra esa versión. En esa línea, puso además el acento en la represión a los internos y a sus familiares.
“La imposibilidad de presentar hábeas corpus es un acto gravísimo”, alertó luego la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y denunció que a pesar de que la presentación se hizo el sábado por la noche, hasta el día de hoy no hay respuestas. “Cada hora que pasa pone en riesgo la integridad física de los detenidos del penal número 1”, advirtió.
Morales denunció además que en dos oportunidades desconocidos entraron al local del PTS, rompiendo las puertas. Si bien solo se llevaron un equipo de música, la dirigente señaló: “Rompieron las puertas, y no nos parece un dato menor, porque a la misma Coordinadora le vienen haciendo inteligencia”.
Por su parte, Peña aseveró: “Pareciera que no hay división de poderes, que no hay una justicia independiente”, y puso como ejemplo central de esta situación la detención ilegal de Milagro Sala.
Sobre el caso puntual de la Tupac Amaru, repudiaron la detención de dirigentes sociales sin pruebas, la destrucción total de las obras de la organización, 400 profesionales que quedaron en la calle, 5 mil cooperativistas sin trabajo, copas de leche íntimamente solventadas o cerradas, un centro de niños con capacidades diferentes sin atención y represión hacia los jóvenes de los barrios”.
Peña expresó también la preocupación de los organismos por el curso de los procesos a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, que vienen demorándose, no solo en Jujuy sino en el resto del país. “Estamos afligidos, no solo se dilatan los juicios, se dan además prisiones domiciliarias a los genocidas, se intenta implantar de nuevo la teoría de los dos demonios, se desmantelan las políticas de Memoria Verdad y Justicia, y hay una situación de negar el terrorismo de Estado y negar a los 30 mil desaparecidos”, enumeró.
El sombrío panorama que trazaron incluye además la situación de los trabajadores: “Este año acompañamos las distintas acciones por los despidos, los ajustes en el salario y el descuento de los días de paro”, destacaron, y mencionaron además los despidos en los municipios, las intimidaciones, las persecuciones, “y la política de represión y disciplinamiento que lleva adelante el gobierno”.
