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La Organización Barrial Tupac Amaru denunció que la decisión del gobierno de Gerardo Morales de quitarle el manejo de sus centros educativos para pasarlos a la órbita estatal provincial es irregular, pues el quite de la personería jurídica debe ser resuelto por la justicia y aún no hay un fallo firme en ese sentido. Ese es el argumento oficial para la medida, y desde la Tupac interpretan que se trata de «un nuevo avance en el plan de aniquilación de la organización, su obra y su significación simbólica».
La Resolución 4483 del Ministerio de Educación de la provincia, con fecha 24 de febrero, pretende declarar “la caducidad de la incorporación a la enseñanza oficial de la Escuela de Gestión Social Bartolina Sisa, del Colegio Secundario Olga Márquez de Arédez, del Instituto de Educación Superior Tupac Amaru y del Centro de Educación Integrada para Jóvenes y Adultos Germán Abdala, de propiedad de la suspendida Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru a partir del inicio del término lectivo 2017”.
Sin embargo, explicaron desde la Tupac Amaru que el quite de la personería jurídica no está firme. En la misma Resolución se menciona que la Fiscalía de Estado “resolvió disponer el inicio del proceso judicial” para el retiro de la personería jurídica, pero hasta hoy la personería se encuentra solo “suspendida”, según consta en el mismo texto oficial.
El proceso de suspensión se inició el 14 de enero de 2016, y durante todo el ciclo lectivo 2016 la Tupac Amaru garantizó ante la comunidad educativa y las autoridades el funcionamiento de todos sus establecimientos educativos, y cumplió con todas las exigencias institucionales, sin haber recibido durante todo ese período ninguna observación por parte del área educativa del gobierno de Morales, afirman.
Sin embargo, en la Resolución se argumenta que “la suspensión de la personería jurídica de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru trae aparejado graves inconvenientes en la continuidad de la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas de gestión privada que funcionan dentro de su órbita”, sin especificar cuáles serían o habrían sido dichos “graves inconvenientes”.
El funcionamiento de los establecimientos educativos de la Tupac Amaru se encuadra en la llamada “gestión social”, que fue incorporada a la legislación nacional en 2007, a través de la Ley Filmus, luego ratificada por Jujuy en 2013, cuando la Legislatura aprobó la nueva Ley Provincial de Educación.
A nivel nacional, la norma que fija los mecanismos para considerar la caducidad de las instituciones educativas no estatales es el Decreto 371/64, que en su Capítulo V establece que “la caducidad será resuelta (…) previo sumario en el que se garantizará el derecho de defensa de los propietarios”.
Los establecimientos en cuestión son el Centro Educativo Germán Abdala, el Colegio Secundario Olga Márquez de Arédez, la Escuela Primaria Bartolina Sisa y el Instituto Terciario Tupac Amaru. El ciclo lectivo 2016 del conjunto de los establecimientos educativos de la Tupac cerró con casi 5000 estudiantes.
El diputado provincial del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) Juan Manuel Esquivel fue el responsable de toda el área educativa de la Tupac Amaru desde su conformación hasta diciembre de 2015. “Durante todos estos años, se han garantizado la universalidad de acceso, la gratuidad del servicio, la atención a niños, jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables, y un modelo de gestión participativa en el que las decisiones se han tomado siempre a través del debate y el consenso internos”, describe.
Destacó que la Tupac «comenzó con su proyecto educativo para garantizar la educación de los hijos de cooperativistas, antes desocupados, que en su mayoría provenían de sectores pobres e incluso indigentes. De hecho, en la práctica fue la contención de los expulsados del sistema educativo estatal y, obviamente, el privado. El esfuerzo fue tan extraordinario que se convirtió en una referencia en Jujuy, por su calidad, gratuidad y sus acciones culturales.»
«Ahora, con la misma arbitrariedad con que se mantiene detenida a Milagro Sala, sin considerar la presunción de inocencia consagrada en el derecho argentino, se aplica una medida preventiva contra los centros educativos de la Tupac Amaru. Se trata, como hemos dicho, un nuevo avance en el plan de aniquilación de la organización liderada por Milagro Sala, quien permanece detenida de manera ilegal desde el 16 de enero de 2016″, aseguran desde la organización.
