Agentes de Inteligencia en la Dictadura: Presentes en cada Comisaría

Por Rodrigo Zapana y María Del Carmen López (Para H.I.J.O.S. Jujuy)

Este jueves, se llevó a cabo la audiencia N°55 del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura militar, en la sala del Tribunal Oral Federal N°1.

La próxima audiencia será el jueves 27 de febrero a las 08:30 horas en el Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, sito en calle Senador Pérez N° 182.

En los primeros instantes de la jornada, se informó que el testigo citado Eduardo Domingo Torres, falleció en el mes de agosto de 2019, según manifestó su propio hijo y que, por su parte, Oscar Alberto Seco, otra de las personas requeridas por el Tribunal, falleció hace más de seis años.

Por otra parte, se informó que la próxima inspección ocular solicitada por la fiscalía, tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo, en el servicio penitenciario provincial, Unidad N° 1.

Pabellón 5: El testimonio impreciso y balbuceante de un ex penitenciario

El primer testigo en declarar fue Marcelino Juan Pablo Reinoso, quien manifestó haber servido como celador de pabellón durante los años 70 en el penal de Gorriti, por lo que los nombres de los represores imputados en la causa tales como: Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, Juan Carlos Lucero, Zeferino Narváez y Osvaldo Héctor Caraballo, le resultaron conocidos, según manifestó mientras el juez Federico Díaz se los mencionaba.

Si bien indicó no poder recordar si trabajó o no durante la jornada del 24 de marzo de 1976, el declarante señaló como un gran cambio la sustitución de las autoridades del penal, aunque sin brindar los nombres, rangos, ni la procedencia de los nuevos responsables al mando de la unidad carcelaria. “Han pasado muchos años ya. No me acuerdo de casi nada”, respondió de forma apenas audible ante la fiscalía.

“Solía haber una garita en el ingreso donde quedaban registrados todos los que ingresaban de visita los sábados”, sostuvo el ex penitenciario ante la fiscal Marina Cura, quien aprovechó la mención para preguntar si en esa misma garita se registraban los ingresos de familiares de presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Seguramente se registraban, todos se tenían que registrar para entrar, pero ya pasaron varios años y no me acuerdo de esas cosas”.

“No sé, yo estaba en el pabellón quinto, y los presos políticos estaban en otro pabellón. Pero no me acuerdo en cual estaban”.

En cuanto a los imputados en la causa, mencionados al inicio de su testimonio, el ex celador eludió dar detalles sobre sus funciones específicas en la seguridad interna o externa al penal: “Algunos trabajaban adentro o afuera. Eran mis jefes”, se limitó a responder.

Servicios de inteligencia: “Solo ellos sabían los lugares y la hora de sus reuniones, andaban en secreto”

El segundo testigo en pasar a la sala fue el ex policía Joaquín Roque Salas, quien expresó haber conocido a los imputados Pedro Ríos y José Américo Lezcano, sobre este último mencionó: “Su tío sabía ser policía, y además fuimos compañeros en la escuela primaria. Después supe que puso un servicio de vigilancia cuando se jubiló, pero ya hace muchos años que no lo veo”.

La primera pregunta de la fiscalía rondó en torno al hallazgo del cuerpo de una mujer en el año 1976 en la jurisdicción de la seccional 5ta, donde Salas se desempeñaba como comisario. Inmediatamente, respondió diciendo: “Usted se refiere al hallazgo de Vilte, no sé si es la misma a la que usted se refiere, yo era jefe de la 5ta y vinieron dos turistas a mediados del año 1976 diciendo que habían encontrado restos humanos cerca del puente del río Reyes, entonces fuimos a ese lugar y realizamos el secuestro de los restos. Logramos determinar, luego de la investigación del agente Marcelo Miranda, que se trataba de una mujer de apellido Vilte”.

Por su parte, María José Castillo, la abogada querellante, le solicitó a Salas mayor información sobre el hallazgo del cuerpo previamente mencionado, Salas respondió: “Se hicieron las actuaciones correspondientes, y se elevó la causa al juzgado. Nosotros lo único que hicimos fue ubicar el nombre, de la señora Marina Vilte*, después con los años me tomaron declaración por esa misma causa en los tribunales, en el Juzgado Federal de la calle Belgrano, después en la calle San Martín, como diez veces llevo declarando ya”, expresó, para recalcar su participación en la investigación de esta causa tan poco clara.

Al ahondar la querella en cómo se determinó la identidad del cadáver, el testigo entró en contradicción, ya que la familia de Marina Vilte aún no ha tenido noticias sobre el destino final de la docente desaparecida, el ex comisario indicó: “Se hizo el reconocimiento con familiares, armamos un legajo y con el tiempo la documentación fue entregada al juez y pasó por distintas manos”.

Por su parte, el presidente del tribunal, el juez Federico Díaz, consultó: “Señor Salas, ¿Esta mujer que usted encuentra, ya era buscada por la policía durante los días previos?”, a lo que el testigo replicó: “En mi comisaría y jurisdicción no, pero cuando la encontramos nos enteramos que en otra jurisdicción una mujer de nombre Marina Vilte era buscada por su familia porque se había perdido, que la buscaban y la echaban de menos, pero como era maestra pensaban que se había ido a visitar a unos amigos, pero nada más”.

En el mismo sentido, el juez le preguntó sobre cuál había sido el destino de los restos: “fueron entregados a la familia”, contestó.

“Yo jamás me metí en esos grupos, que la mayoría respondían al Subjefe Olmedo o Ernesto Jaig, Enrique Morales del ramal, Damián Vilte, Ruiz, que falleció electrocutado, el otro policía que también se llamaba Enrique Morales, Américo Lezcano que también estaba y se repartían en toda la provincia. Siempre se reunían en la jefatura o la sub jefatura”, detalló Salas.

Retomando el rol del personal de inteligencia, el declarante sostuvo que por lo general vestían de civil, y destacó el servicio de un sargento de apellido Funes, que, si bien pertenecía a su propia dependencia policial, solo rendía cuentas ante los jefes del servicio de inteligencia provincial. “Solo ellos sabían los lugares y la hora de sus reuniones, andaban en secreto, a los demás no nos participaban de nada”, manifestó.

Las declaraciones concernientes a la identidad del cuerpo encontrado en las proximidades del río Reyes, y la fecha de hallazgo en el año 1976, según indicó previamente el ex policía, resultan inverosímiles debido a que, el secuestro de Marina Vilte ocurrió la noche del 31 de diciembre de 1976 y como se mencionó antes, la familia, desde el día de su secuestro, nunca más volvió a tener novedades de la dirigente sindical. ¿Cuál fue la intención de Salas de “tirar” esos datos ante víctimas y familiares que presencian cotidianamente las audiencias?, Aún es una incógnita.

“No lo voy a negar en esa época había personal militar”

El tercer y último testigo en declarar fue el ex policía de la provincia Raúl Ángel Silvera quien ingresó rápido a la sala claramente apurado. Silvera quien entró a esa fuerza en 1975, relató que desempeñó funciones: “en el sector de División, Coordinación y Enlace. Tuve la suerte de tener conocimientos en dactilografía y administración…. Mis funciones se relacionaban con registrar la entrada y salida del personal que trabajaba en la central, administrar papeles como partes médicos, planillas prontuariales. Trabajé siempre en esta área hasta el año 1999, cumplí los 25 años de servicio y pedí mi retiro voluntario”.

Consultado si existía alguna oficina de investigación o área de inteligencia, el testigo desconoció esta área: “ingresando por la calle Alvear estaba la plaza de armas, había un lugar de sastrería, peluquería, un taller mecánico, logística y móviles. Pero un departamento de inteligencia no recuerdo”, manifestó.

El ex comisario Ernesto Jaig, fue uno de los más atroces torturadores, jefe del grupo de tareas perteneciente a la policía de la provincia, llevaba adelante su accionar represivo en conjunto con los responsables del área 323 del ejército. Su oficina estaba ubicada en la central de policía, es por esto que se le solicitó a Silvera que brindara información sobre el despacho del represor, a lo que Silvera respondió: “no estábamos cerca, tampoco teníamos relación, no recuerdo con quiénes se relacionaba y desconozco sus funciones”.

En relación a un área restringida, espacio físico donde eran confinados los presos políticos en la central de policía, este negó la existencia alguna, pero comentó que “había una oficina al fondo, cerca de los baños, ahí llevaban a las personas que dormían en la calle o se encontraban alcoholizadas”.

Al no obtener, durante todo el testimonio, información que pueda detallar más sobre las funciones y actividades que se realizaban en aquella central, la abogada querellante por H.I.J.O.S Jujuy, María José Castillo, le preguntó al ex personal de la fuerza de seguridad si en el lugar habían detenidos o presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y si él se encargaba de realizar el registro y todos los papeles vinculados a ellos, el deponente con una actitud fría y evasiva negó tener conocimiento de estas personas y afirmó “desconozco a esas personas, por mi sector no pasaba documentación sobre ellos. Yo me encargaba sólo de hacer lo que dije anteriormente”.