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Tras la contundente desmentida de Pfizer a Patricia Bullrich, quien había dicho que el Gobierno había intentado sobornar al laboratorio para comprar vacunas, el presidente Alberto Fernández anunció que presentará en la justicia una denuncia contra la titular del PRO por difamación.
«Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento», publicó Fernández en sus redes sociales.
«En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados -continuó-. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad».
«Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación», adelantó, y agregó: «La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida».
Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. pic.twitter.com/65piPa6LIg
— Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021
El laboratorio Pfizer desmintió este lunes haber recibido un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus, desacreditando así las acusaciones de Patricia Bullrich, a la vez que ratificó que no existen intermediarios en su relación con las autoridades nacionales.
«Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19», aseguró la empresa a través de un comunicado.
La desmentida de Pfizer, empresa radicada en Argentina desde 1956 y que actualmente cuenta con 200 empleados, estuvo dirigida a desacreditar los dichos de la titular de Bullrich, quien aseguró en diálogo con el canal de TV por cable del diario La Nación que el exministro de Salud Ginés González García había pedido «sobornos» al laboratorio.
De esta forma, la empresa rechazó las acusaciones de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y negó además que el Gobierno le hubiera exigido tener como intermediario de las tratativas al empresario Hugo Sigman.
Bullrich en el programa televisivo, sin aportar argumentos a su denuncia, sostuvo: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba”.
Pfizer señaló que «los acuerdos de suministro de nuestra vacuna contra covid-19 se están realizando únicamente con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales».
Asimismo, la empresa farmacéutica en su página web aclara: «La vacuna de Pfizer y BioNTech no se encuentra disponible a través de intermediarios, distribuidores privados o representantes, ni en Argentina ni en otros países. En este contexto, ambas compañías continúan con la capacidad y disposición de colaborar con el Gobierno argentino, en todo lo que podamos, para ayudar a mitigar esta pandemia».
También remarca que «no está prevista la venta a privados» y que «los acuerdos de suministro de nuestra vacuna contra covid-19 se están realizando únicamente con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales».
«Pfizer y BioNTech están comprometidos a disponibilizar su vacuna lo más rápido posible para ayudar a satisfacer la necesidad de salud pública mundial», dice la empresa y ratifica su apego a conductas transparentes.
Tiempo atrás, en denuncias de similar tenor, Bullrich ya había atribuido al dirigente gremial Hugo Moyano acciones de presión sobre Pfizer, en el marco de las negociaciones con las autoridades nacionales sanitarias.
Sin embargo, en reiteradas oportunidades tanto el laboratorio como la Casa Rosada aseguraron que las tratativas continuaban y que ambas partes intentaban destrabar una diferencia «jurídica», requisito indispensable para la firma de un acuerdo.
