El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de desmantelar el área que investigaba los crímenes de la dictadura tuvo su primer correlato judicial. Abogados querellantes presentaron una acción de amparo y un pedido de una medida cautelar ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
La presentación fue hecha por Pablo Llonto y Mariana Maurer durante la jornada del miércoles y ya está siendo analizada por Rafecas. Le piden al juez que dicte una cautelar que disponga el mantenimiento de los expertos en el trabajo de archivos que fueron despedidos y que se proteja la documentación.
El miércoles 27 de marzo, al filo de fin de semana largo por Pascuas, el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, comunicó el despido de diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las tres Fuerzas Armadas.
Los ERyA se crearon durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa en respuesta al decreto de Cristina Fernández de Kirchner que en 2010 ordenó desclasificar toda la información que estuviera en poder de las Fuerzas Armadas sobre el período de la última dictadura. Su trabajo se mantuvo durante los últimos catorce años –a pesar de los despidos que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri.
En total, los ERyA produjeron más de 170 informes para que los tribunales y las fiscalías pudieran investigar los crímenes de la dictadura.
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hubo una decisión de desarmar los ERyA por parte de Petri y de su número dos, Claudio Pasqualini, el actual secretario de estrategia y asuntos militares. Pasqualini fue el jefe del Ejército durante la gestión Cambiemos y, desde ese puesto, fomentó una política de “memoria completa” –como la que propone el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Pasqualini es el yerno de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.
“Se pone en riesgo el resguardo de la totalidad de la prueba documental original que se encuentra en los archivos de las Fuerzas Armadas y la producción de informes especializados a requerimiento del Poder Judicial que los Equipos vienen realizando desde el año 2010 y constituyen pruebas fundamentales para los juicios de Lesa Humanidad de todo el país y, además todo este trabajo de los equipos ha resultado y resulta un medio para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar y sancionar a los responsables por graves violaciones a los derechos humanos sumado al enorme aporte al derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, escribieron Llonto y Maurer.
Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal –a través de un voto del camarista Alejandro Slokar al que adhirió su colega Ángela Ledesma– exhortó a resguardar los archivos que se producen en los juicios y habló del derecho a la verdad que tiene la sociedad toda a ser informada sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años del terrorismo de Estado.
La decisión de terminar con los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura dentro del Ministerio de Defensa se conoció días antes de que el presidente Milei convocara a una nueva “era de reconciliación con las Fuerzas Armadas” y días después de que el ministro Petri dijera que los militares habían sido “demonizados” por su actuación en los años 70 –cuando secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron y se robaron los hijos de sus víctimas.
Petri viene concediendo algunos reconocimientos simbólicos para la familia militar más rancia: permitió homenajes a condenados por crímenes contra la humanidad –como Horacio Losito– y se fotografió junto a Cecilia Pando, reconocida por su activismo pro-impunidad. Como ya reveló este diario, funcionarios de Defensa fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo para entrevistarse con militares y policías detenidos por delitos aberrantes para escuchar sus reclamos.
Por Luciana Bertoia, en Página/12
