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Andhes desmiente a Tizón y rechaza la integración del Comité de Prevención de la Tortura de Jujuy

La organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) rechazó a través de un comunicado la iniciativa del oficialismo de integrar el Comité Provincial de Prevención de la Tortura en Jujuy «con personas que no cumplen los requisitos mínimos para dicho puesto», y advirtió que «con esta composición no es posible garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones y decisiones».

Además de enfatizar sobre la falta de idoneidad de las personas propuestas, aseguran que se trata de «un órgano que no reviste estándares mínimos en materia de prevención de la tortura».

Desde Andhes desmintieron al diputado provincial Ramiro Tizón, quien en la última sesión de la Legislatura provincial, aseguran, «pretendió legitimar» en nombre de la organización la integración de dicho mecanismo.

Este jueves, la Cámara prestó acuerdo para designar a las licenciadas Soledad Sapag y María José Pintos como representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Tizón destacó en su intervención los antecedentes de ambas postuladas y afirmó que participó de la entrevista la organización Andhes, «que no hizo ningún tipo de objeción ni en la audiencia ni después».

«La ‘participación’ de Andhes en la entrevista legislativa de las postulantes fue iniciativa propia de la organización, ya que venimos impulsando y siguiendo de cerca dicho proceso desde hace años. Y no precisamente porque a nivel legislativo se nos haya invitado», aclaran desde la organización de derechos humanos en su comunicado.

Señalan más adelante que la participación de Andhes en esa instancia «no significa, desde ningún punto de vista, extender un aval a las postulantes ni aprobar su idoneidad para cubrir esos cargos».

Recalcan que ninguna de las dos postulantes «cuenta con referencias sobresalientes, ni gozan de antecedentes ni publicaciones en la materia y lo único que destaca es su trayectoria funcional como funcionarias del Poder Ejecutivo, lo cual incluso podría llegar a obturar las garantías de imparcialidad e independencia de criterio que la ley 6137 exige para el desempeño de la función en los términos del cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes».

Comunican finalmente que han decidido no realizar impugnaciones a dichas postulaciones, «puesto que ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades: por ejemplo cuando el Dr. Ekel Meyer fue propuesto como vocal del STJ sin que eso haya tenido algún tipo de consideración en ese Cuerpo Legislativo».

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