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Arrestan a una ex pareja de Evo Morales en una causa por corrupción

evo zapataGabriela Zapata, pareja del presidente boliviano entre 2005 y 2007, es gerenta de la empresa china CAMC, y tiene una denuncia contra ella y el mandatario por presunto “tráfico de influencias”.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, confirmó que Zapata, gerenta de la empresa china Camc y ex pareja del presidente boliviano Evo Morales, fue detenida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para evitar un riesgo de fuga, tras la denuncia contra ella y el mandatario por presunto “tráfico de influencias”, en el marco del referendo del último domingo que no habilitó una nueva postulación del mandatario en 2019.

En una improvisada conferencia de prensa, el ministro precisó que la aprehensión de la empresaria se registró alrededor del medio día de esta jornada, en la zona sur de la ciudad de La Paz.

«El operativo de la Policía ha estado precedido de un trabajo de seguimiento para evitar cualquier acción de fuga y evitar el riesgo de fuga que se ha presentado muchas veces (en diferentes casos)», explicó.

Romero dijo que Zapata fue trasladada a instalaciones de la Felcc, de esa zona de La Paz y fue puesta a disposición de los fiscales del Ministerio Público asignados al caso.

Agregó que el Ministerio de Transparencia y la Unidad de Investigación de Fortunas han presentado ante la Fiscalía denuncias que implican a esta persona, aunque no dio mayores precisiones.

La detenida es actualmente gerenta comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering, que en los últimos años firmó contratos con el gobierno por valor de 566 millones de dólares.

La relación de Gabriela Zapata con Morales y los contratos que suscribió CAMC con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde -sindicado como ex agente de inteligencia de gobiernos neoliberales- sobre un supuesto tráfico de influencias.

Las contrataciones estatales con la firma china están siendo investigadas por la Contraloría General del Estado y por una comisión del Parlamento, a petición de Morales, quien consideró la difusión de esa denuncia en las redes sociales durante la campaña como «guerra sucia».

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