Asumieron el jefe de los fiscales penales y la defensora general

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Falcone, junto al Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Gerardo Morales y Carlos Haquim, encabezó el acto de jura y asunción del Fiscal General de la Acusación y la Defensora General del Servicio Provincial de Defensa Penal, Sergio Lello Sánchez e Ivonne Haquim.

Sobre la nueva estructura del Poder Judicial, Morales destacó que los fiscales tendrán total independencia y autarquía para su funcionamiento. Señaló que “ya se ponen en marcha los Ministerios Públicos de la Defensa y de la Acusación, con un fiscal general para cada uno de los mencionados ministerios. Con esto, dividimos el ámbito de actuación de fiscalía y defensoría, Y también se le da autarquía e independencia para que se dirija desde allí la política del Ministerio Público tanto para la defensa como para la acusación”.

Morales afirmó en tal sentido que “me parece que es una herramienta de avanzada en términos de la estructura y organización que tenemos a nivel nacional, y que tienen las sociedades más modernas con relación al sistema judicial, porque además cuenta con un sistema acusatorio donde la figura y el rol del fiscal son centrales”.

En relación a la implementación del nuevo Código Contravencional explicó que “es un avance importante, desde el punto de vista administrativo también, porque se han designado los jueces contravencionales. Está designado el jefe del departamento, dos jueces contravencionales, uno para la ciudad Capital, otro para San Pedro, que van a tener distintas competencias y van a cubrir toda la provincia”.

Indicó que por lo pronto a medida que vaya creciendo la actividad se irán incorporando otros jueces pero que ya está en marcha el Código Contravencional.

Se consolida la independencia del Poder Judicial

Por su parte, Falcone, en su discurso, dijo que la variación en la cantidad de jueces que integran la Corte se ha debido fundamentalmente a situaciones políticas y sociales que han tenido que enfrentar los gobiernos a lo largo del tiempo.

Explicó que “la razón de mayor peso sobre el aumento que propone esta reforma judicial encuentra especial fundamento en el crecimiento desmesurado de la cantidad de causas que ingresan para ser tratadas en este Superior Tribunal de Justicia, y la imposibilidad humana y técnica de hacer frente a una resolución expedita tal cual lo determina el principio de Justicia de dar claridad y respuesta a los problemas sociales en tiempo oportuno ya que la Justicia que llega tarde no es Justicia”.

Falcone aseveró que la creación de estos dos ministerios públicos es “el summun de la independencia de la Justicia”, y citó a Montesquieu al decir que se crearon tres poderes dentro de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que “si bien debe haber armonía ente los tres debe haber algo principal y conductivo: el Poder Judicial debe ser independiente de los otros dos poderes”.

Además, recalcó que “estos ministerios públicos, de la acusación y de la defensa, tienen un rol enorme. Está en sus manos la vida y la propiedad de mucha gente, y no dudo que pondrán todo el esfuerzo necesario para que los señores fiscales bajo su dependencia vivan otra época diferente a la que vivieron; y siempre apliquen la ley, porque sin ley hay anarquía y en la anarquía hay gravedad institucional y nosotros venimos con muchos deseos de vivir en paz”.

Por su parte, Lello Sánchez, Fiscal General de la Acusación, dijo que “esta estructura novedosa en el orden normativo de la provincia tiene la idea central de optimizar el funcionamiento de los fiscales, con una estructura diferente a la que venía siendo gestionada, a través de uniformar el funcionamiento de los fiscales, protocolizando la investigación del ilícito, y fundamentalmente dando respuesta a los intereses de la víctima que muchas veces son descuidados”.

Finalmente, el jefe de los fiscales precisó que “se establece una serie de pautas para cumplir, entre ellas la objetividad de los fiscales; se pretende imparcialidad de los jueces, y esto corresponde a diseño de tratados internacionales y normas que fueron incorporados a partir del año 1994 con la reforma constitucional y que no encontraron hasta ahora positivización en los hechos en la normativa de la provincia. Es la primera vez que se organiza esta estructura y esperamos que tenga un buen funcionamiento porque esa es la idea central de este proyecto”.