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Un grupo de sicarios y paramilitares colombianos ingresó a Bolivia en octubre del año pasado con planes para atentar contra la vida del entonces candidato a la presidencia y actual mandatario Luis Arce, en complicidad con policías, militares y dirigentes locales, entre ellos un exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, denunció el gobierno de ese país.
El plan, que no se llevó a cabo por razones no del todo claras, fue revelado a periodistas por el ministro de Gobierno de Bolivia, que presentó un informe que detalla ingresos, movimientos y reuniones del grupo, en el que había mercenarios que después tuvieron roles claves en el asesinato, en julio de este año, del presidente de Haití, Jovenal Moise.
Según la investigación, los paramilitares llegaron el 16 de octubre del pasado año, es decir, dos días antes de las elecciones generales que Arce ganó con el 55,1% de los votos, y se retiraron dos días después, explicó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en conferencia de prensa.
El informe atribuye un rol central en el armado del grupo de sicarios y paramilitares a Luis Fernando López, el exministro de Defensa de Áñez, quien llegó a la Presidencia tras el golpe de Estado que en noviembre de 2019 encabezaron sectores políticos de derecha, militares y policías contra Evo Morales.
«Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados, en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones, revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020», dijo Del Castillo.
Hoy informamos con pruebas fehacientes al pueblo boliviano sobre intentos de magnicidio al presidente, @LuchoXBolivia, el año 2020.
Mira todos los detalles aquí: https://t.co/3AmVQQaMy3#EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/cgtXaZUc0K
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) October 18, 2021
En junio pasado, una investigación de la revista estadounidense The Intercept reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral de Arce.
Del Castillo identificó a varios de los presuntos complotados como quienes después participaron en el magnicidio de Moise, informó el sitio del diario La Razón.
Moise fue asesinado en su residencia de la capital haitiana en la madrugada del 7 de julio por un comando integrado mayoritariamente por mercenarios colombianos, entre ellos el excapitán del Ejército Germán Alejandro Rivera García, cuya llegada a Bolivia el Ejecutivo tiene probado. De acuerdo con la investigación, ingresó con el pasaporte número AV 969623 por la ruta Colombia-Viru Viru, el aeropuerto de la oriental ciudad de Santa Cruz, el 16 de octubre de 2020.
Del Castillo remarcó que existió toda una estrategia armada de reclutar a mercenarios para evitar, a la fuerza, la toma de posesión de Arce. También dio a conocer un audio que da cuenta de la intención de desconocer de forma violenta la victoria de Arce y que, según dijo, quien estaba detrás de esto era el exministro López, hoy prófugo de la justicia.
«En este audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas en 2020 con la victoria de Arce. Ya lo hicieron en 2019 con Evo Morales, contratando empresas tercerizadas, o denominadas sicarias, a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país», advirtió Del Castillo.
Los sicarios
El titular de Gobierno mencionó también la llegada de Arcángel Pretel Ortiz, un colombiano de doble identidad que supuestamente reclutó a los asesinos de Moise y quien, de acuerdo a información del ministro, ingresó al país por la ruta Estados Unidos-Viru Viru.
Además, entraron al país Antonio Intriago por esa misma ruta; Ronal Alexander Ramírez Salamanca (exintegrante de la policía de Colombia y con largo recorrido en viajes constantes a Haití) por Colombia-Viru Viru, y Enrico Galindo Arias, también por el aeropuerto cruceño.
Intriago es un venezolano dueño de la firma CTU Security de Miami, y está señalado en el caso de Moise como quien contactó y armó el comando que después mató al mandatario haitiano.
Del Castillo reseñó que todos los llegados se alojaron en el Hotel Presidente de La Paz y se reunieron, según información extraoficial, «con altas autoridades del régimen de Áñez» en el Hotel Marriott de Santa Cruz, según reportó la estatal agencia de noticias ABI.
Reveló que los llegados tenían “un contrato anual inicial de 125.000 o 10.416 dólares mensuales».
El fracaso del plan
En su investigación, The Intercept indicó que los desacuerdos entre ministros y la división dentro de las FFAA, empeorados por el peso de la convincente victoria de Arce el 18 de octubre 2020, parecen haber desbaratado el plan.
El ministro citó también el rol de “células de inteligencia” del MAS, que por la información que manejaban armaron “una cápsula alrededor” de Arce y adoptaron “todas y cada una de las medidas de seguridad”, entre ellas la de no exponerlo en lugares abiertos.
La revelación del plan fue en coincidencia con el aniversario del triunfo del MAS, celebrado en la red Twitter por Arce y su mentor, Morales. “¡Somos mayoría! Hace un año recuperamos la democracia con más del 55% de los votos. Las y los bolivianos le dijeron sí a la esperanza, a la dignidad, a la soberanía y a la reconstrucción de la Patria con justicia social”, destacó Arce.
(Hilo) Recordamos la jornada de un año atrás, en que policías, tanquetas y vehículos rodeaban la casa de campaña. La derecha golpista, que hoy quiere impunidad, pretendía nuestras cabezas. Pero nosotros confiamos en el pueblo boliviano que nos dio la victoria con el 55% de votos. pic.twitter.com/Zo88Z3mvF1
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 18, 2021
Morales, por su parte, juzgó que hace un año Bolivia “le dio una lección de dignidad al mundo”, porque mostró que “con sabiduría, paciencia y fortaleza fue capaz de derrotar en urnas a los golpistas”. “No habrá impunidad. Por memoria, verdad y justicia, defenderemos junto al pueblo nuestra democracia”, agregó.
La nueva denuncia llega, además, en un momento de máxima tensión entre oficialismo y oposición por las medidas impulsadas por líderes cívicos contra el Ejecutivo, las marchas de uno y otro sector, y la avanzada judicial contra dirigentes que participaron del golpe contra Morales.
