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En la última sesión legislativa tomó estado parlamentario el proyecto presentado por el diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuyo), Ariel Ruarte, para que se establezcan «claramente los procedimientos para agilizar y garantizar la adecuada atención en los servicios de salud de la provincia de las mujeres que soliciten una interrupción legal de embarazo”.
Ruarte destacó que el proyecto busca “dar cumplimiento a la normativa vigente y que se implemente la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, publicada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010 y actualizada posteriormente en 2015 con aportes realizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL”, declaró el legislador.
Una de las preocupaciones del autor del proyecto está referida a que “en Argentina, según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación mueren alrededor de 80 mujeres por año a causa de complicaciones por abortos inseguros. Y por ser una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos sobre el número de abortos inducidos”, argumentó Ruarte.
La iniciativa legislativa también hace hincapié en la responsabilidad que le cabe al Estado en la protección de las mujeres ya que “deberían adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra ellas en la esfera de la atención médica”, dijo Ruarte y recordó que “el artículo 14 de la Constitución Nacional dispone que los Estados deben asegurar servicios adecuados de atención médica, incluyendo información, asesoramiento, y servicios en materia de planificación de la familia”, explicó.
La propuesta del bloque del FUyO remarca que a pesar de las normativas nacionales e internacionales vigentes, “en nuestro país continúa en la práctica la persecución penal hacia las mujeres acusadas de provocarse abortos, cuando en realidad muchas veces estas instancias aparecen como un desencadenante de violaciones de derechos anteriores en el propio sistema de salud, cuando por ejemplo, en los casos de embarazos de riesgos, o productos de violaciones, los médicos insisten con obtener previamente a la práctica una autorización judicial o una constancia de denuncia”.
En la provincia de Jujuy, analizó Ruarte, “se vienen observando diferentes barreras institucionales ante la divulgación del reconocimiento de este derecho a los abortos que la ley no criminaliza. Hoy en nuestra provincia no está garantizado este derecho en todos los hospitales ni centros asistenciales de los diferentes niveles”, afirmó y destacó la necesidad de que los miembros de todo el sistema de salud reciban capacitación adecuada al respecto.
