Castillo: «Se está violando el derecho de las víctimas a tener un juicio oral y público»

A pesar de la falta de mérito dictada por la Cámara de Casación Penal, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos siguen en calidad de imputados por su participación en los secuestros ocurridos en 1976 en Calilegua y Libertador, según confirmó a El Submarino María José Castillo, abogada representante de la querella en las causas “Burgos” y “Aredez”, en las que los responsables del ingenio Ledesma están acusados por crímenes de lesa humanidad y procesados como partícipes de la desaparición de personas.

‒¿En qué consiste el trámite que presentan rechazando la falta de mérito dictada a favor de Blaquier y Lemos?

‒Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal presentamos un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre los planteos que les llevamos. En este caso, es para que revoquen el fallo de la Cámara de Casación Penal.

‒¿Dónde se presenta?

‒Por una cuestión formal, este recurso se presenta ante la misma Cámara, que debe resolver si es admisible o no, y luego lo eleva a la Corte Suprema. Es decir que son los mismos jueces que resolvieron la falta de mérito de Blaquier y Lemos los que tienen que decir si corresponde que presentemos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Lo que habitualmente sucede es que declaran inadmisible el recurso, entonces el paso siguiente es ir ante la Corte en lo que se llama una ‘queja por denegación del recurso extraordinario’.

‒¿Cuánto puede demorar este trámite?

‒Nosotros prevemos que dentro de los diez días la sala IV de la Cámara de Casación Penal rechace los recursos extraordinarios, y a partir de ese momento tenemos diez días para ir directamente a la Corte Suprema.

‒¿La Corte es la última posibilidad de que Blaquier vaya a juicio?

‒Es la última instancia a nivel nacional, y después queda ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros creemos que hay derechos importantísimos que se están violando con el fallo de Casación, y el más importante es el de acceso a la justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. Es el derecho que tiene toda persona que ha sido víctima de un delito a que se haga un juicio oral y público, y que en ese marco se analice la prueba ofrecida, la estrategia o lo que la defensa plantea. En este sentido, lo que ha hecho la Cámara de Casación Penal es inédito, que es analizar un juicio oral y disponer la falta de mérito.

‒¿Qué plazos manejan?

‒Lamentablemente, a la Corte le lleva mucho tiempo resolver los recursos extraordinarios. Nosotros y la fiscalía hemos pedido que sea un trámite urgente, porque es una cuestión de gravedad institucional. Pero la Corte puede tardar uno o dos años. De todos modos, trataremos de ser optimistas y pensar que la Corte le va a dar el trámite expeditivo que le tiene que dar y va a resolver a favor de lo que hemos planteado el Ministerio Público y las querellas para que avance la causa a un juicio  público y oral. Para eso vamos a utilizar todos los recursos técnicos, legales y políticos con el fin de que la Corte tome cartas en el asunto.

‒¿Cuál es la situación de Blaquier y Lemos en este momento?

‒La Cámara está desconociendo la Ley Procesal, porque el derecho a defensa implica que se tiene que resolver la situación de los imputados, y lo que hace la Cámara es no resolverla, porque Blaquier y Lemos siguen imputados. No están procesados, sino que siguen en curso de un proceso penal con una imputación grave, y se mantiene la prohibición de salida del país. Es decir que la Cámara no dijo ‘son inocentes, por lo tanto hay que cerrar este proceso’, sino que dijo ‘no hay pruebas suficientes para que haya un juicio oral, pero tampoco hay pruebas para decir que son inocentes’. Lo dejan en un limbo; y eso es lo grave, porque son crímenes que sucedieron hace 40 años.

‒Pero la falta de mérito tendría el mismo resultado que un desprocesamiento.

‒Tanto la fiscalía como nosotros desde la querella decimos que es una absolución encubierta, un sobreseimiento encubierto, porque están poniendo fin a este juicio. La Cámara de Casación en su resolución no ordena que el expediente vuelva al juzgado federal N° 2 para probar el dolo, sino que dice ‘vuelva y vean cómo hacen para probar el elemento subjetivo’.