Causa contra manifestantes: Pasó a cuarto intermedio la audiencia de acusación

Con una veintena de imputados por diversos delitos, se realizó este viernes la audiencia de control de acusación de la causa que investiga los hechos ocurridos en la Legislatura el 20 de junio de 2023, cuando se desató una brutal represión policial contra los manifestantes que protestaban por la reforma constitucional aprobada ese día.

Tras un cuarto intermedio, se determinó que la audiencia se reanude el próximo lunes 30.

En aquella jornada, además de la represión a quienes protestaban en el centro de la ciudad, se desplegó un operativo en los barrios Gorriti y Moreno, donde efectivos policiales que se trasladaban en vehículos sin identificación, buscaron a manifestantes para detenerlos. Ahora la justicia y el Ministerio Público de la Acusación reactivaron las causas con la intención de llevar a juicio a los imputados.

La única causa abierta contra funcionarios del entonces gobierno de Gerardo Morales es la que tiene como acusado a Diego Suárez, quien se desempeñaba como secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad -un cargo de menor jerarquía- imputado por las represiones en Purmamarca y la Legislatura, por las que podría recibir una condena de diez años de prisión si es encontrado culpable.

Para los abogados que actúan en la causa representando a los manifestantes que están siendo juzgados, el hecho de que la justicia haya acusado a este funcionario en una causa por represión ilegal implica un reconocimiento tácito de los abusos cometidos por los representantes del Estado.

Todos y todas coinciden en que la causa está armada con la intención de disciplinar y ahogar la protesta social. Los abogados aseguran que las pruebas presentadas por la fiscalía de investigación penal preparatoria, a cargo de Diego Funes, no son suficientes. Tanto es así que en la primera etapa fueron absueltos más de cuarenta manifestantes.

Este viernes, el MPA expresó su intención de llevar a juicio a las veinte personas imputadas. Los representantes legales de los acusados reclamaron que las audiencias sean presenciales, en lugar de virtuales, por la gran cantidad de involucrados y abogados defensores que deben participar.

Además, el juez que entiende en la causa, Rodolfo Miguel Fernández, fue recusado por algunos de los defensores por haber opinado a favor de la fiscalía en una causa anterior, también en el marco de la reforma constitucional, lo que interpretan como un prejuzgamiento.

Fernández rechazó el pedido de recusación y lo elevó al juez de revisión para que defina si puede seguir interviniendo o debe ser reemplazado.

Hubo otros planteos referidos a la organización del debate por parte de la Oficina de Gestión Judicial. Los abogados aseguran que «viola principios constitucionales que hacen al proceso penal, como ser la inmediatez, la publicidad y la oralidad del debate».

Todos los planteos fueron rechazados por el fiscal Funes, aunque deberán ser resueltos por el juez.