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La Comisión Nacional sobre Violencia Institucional regresará a la provincia en los próximos días para seguir con la «recopilación de datos y ratificar testimonios» de víctimas de la represión y hostigamiento en el contexto de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, se informó oficialmente.
Dicha entidad, que funciona en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos, entregará «en tiempo y forma» el informe respectivo al Ejecutivo, a la Corte Suprema y al Congreso, para determinar si en Jujuy se cumplen o no las recomendaciones establecidas por las obligaciones asumidas por el Estado argentino en los tratados internacionales de derechos humanos.
«La idea es recopilar los datos existentes, armar los testimonios que ya se tomaron para ser ratificados e ir a relevar otros nuevos», adelantó la abogada Mariana Katz, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
A la par del trabajo realizado en Jujuy, la Comisión recibió denuncias del Tercer Malón de la Paz que realiza una permanencia en Buenos Aires desde el 1 de agosto pasado para exigir la anulación de la reforma de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada y jurada el 20 de junio pasado, por considerarla «inconsulta» y porque «cercena derechos constitucionales».
«Es necesario entregar el informe a las autoridades nacionales», afirmó Katz y agregó que más allá de «cuestiones administrativas» que provocaron «algunas demoras», sostuvo que hay un «trabajo comprometido».
Asimismo, dicho informe será elevado «a las autoridades de la provincia, a los organismos internacionales y a los abogados de las distintas víctimas para que hagan lo que en derecho corresponde».
El propósito también es que quienes solicitaron la creación de esta comisión, los participantes del Tercer Malón de Paz, puedan acceder a este informe «para lo que ellos consideren y puedan difundir a que conclusiones se arribó desde los expertos independientes convocados por el estado nacional».
La «Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy», tiene por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional.
La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acnudh (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), relativas a la actuación de la policía jujeña durante las protestas protagonizadas por organizaciones sociales y sindicales junto a comunidades de pueblos originarios.
