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Comunidades del Pueblo Ocloya movilizaron esta mañana al Ministerio Público de la Acusación y a la Legislatura provincial para entregar un petitorio “en defensa de la vida y del territorio”. Piden la prórroga de la ley que prohíbe los desalojos, pues advierten que en noviembre, cuando venza el plazo vigente, habrá desalojos en las 350 comunidades de la provincia.
“Estamos realizando esta caminata pacífica por los atropellos y vulneración de derechos que tenemos en nuestros territorios, porque nuestras vidas están realmente en peligro”, explicó a El Submarino Radio (91.5) Néstor Jerez, cacique de la comunidad de Tilquiza.
«Los atropellos y amenazas de muerte vienen ocurriendo desde el año 2010, y el principal objetivo es el desalojo de nuestras comunidades para apropiarse de nuestros territorios, de los cuales somos poseedores ancestrales”, precisó.
Jerez recordó el último hecho de violencia, ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando Ariel Amaranto y Daniel Verzini lo amenazaron, le dispararon e intentaron atropellarlo con una camioneta al grito de “indio mechudo de mierda, te vamos a cagar matando, te vamos a hacer desaparecer como a Santiago Maldonado”.
«Queremos denunciar estos hechos ante el fiscal de Acusación para que actúe en tiempo y forma, porque están en riesgo nuestras vidas», indicó.
El jueves pasado hubo una primera reunión de representantes de la comunidad con el ayudante del fiscal. «Hemos podido constatar en el lugar del hecho las vainas, los plomos, el polígono de tiro que tiene esta gente, y en función de eso el ayudante de fiscal va llevar el informe a los fiscales correspondientes», relató Jerez.
La entrega del petitorio en la oficina judicial es básicamente para que se agilicen las medidas. «Nos preocupan las demoras, porque hay pruebas que se diluyen si dejamos correr el tiempo», comentó. El mismo pedido fue entregado en la Legislatura. Además reclaman que actúen las secretarías de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas para detener «la vulneración de derechos y los atropellos».
En la movilización de este lunes participaron varias comunidades de la provincia. Jerez explicó la razón: «No son casos aislados, y estas medidas violentas se vienen profundizando en este último tiempo», y advirtió: «Si esta ley de orden público no se aprueba, va a haber desalojos en las 350 comunidades de la provincia, va haber zonas liberadas».
Plan de lucha
Jerez adelantó que van a continuar con actividades para visibilizar la situación que atraviesan y para reclamar respuestas de parte de los poderes del Estado.
El sábado 2 de septiembre a las 14, en Amapola 660 del barrio Chijra, harán una asamblea abierta con la participación de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, y dos días después una comisión de organizaciones de pueblos indígenas de la región NOA viaja a Buenos Aires para exigir que el Congreso nacional trate y apruebe la prórroga de la ley 26.160, la norma que suspende los desalojos y se vence en noviembre de este año.
