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Los sindicalistas Fernando Acosta, Víctor Aramayo y Fredy Berdeja fueron citados por el fiscal de turno, Aldo Lozano, en medio de la judicialización del conflicto con la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE) que inició el Gobierno al presentarse en la justicia para vindicarse por las afirmaciones de los gremialistas sobre el manejo de los fondos públicos.
En medio del paro por 72 horas que se extiende hasta el viernes, y que prevé una marcha provincial para este jueves, los gremios nucleados en la ITE se mantienen en estado de alerta y movilización frente a lo que intrepretan como una muestra más de la intimidación y persecución de que son objeto por parte del Ejecutivo provincial.
En conferencia de prensa, los dirigentes de la ITE denunciaron esta mañana que el gobernador los mandó a perseguir por la policía, luego de que el viernes algunos delegados sindicales llevaran la protesta a la puerta del propio Fellner, en el barrio Los Perales.
Presente en la conferencia, la abogada Alicia Chalabe afirmó que luego de haber visto a policías “merodeando el domicilio particular de Fredy Berdeja” ‒titular del gremio de los judiciales‒, recurrieron al fiscal de turno, Aldo Lozano. “Hemos requerido información sobre si existía alguna denuncia pendiente o alguna orden, y de qué manera o por cuál razón había actuado la policía”, detalló Chalabe. Lozano les aseguró que no había ninguna denuncia pendiente.
“Ante esa situación, nos preguntamos por qué estaba actuando la Policía”, continuó la abogada, y recordó que “el funcionamiento de la Policía depende de una orden de un funcionario del Gobierno, que tiene que ser por escrito y estar disponible para el ciudadano”, tras lo cual calificó de “muy grave” la situación “porque la Policía no puede actuar sola, actúa bajo órdenes y, lo más importante, es que actúa bajo una orden política”.
“Si hay una orden política de que se revise o se merodee un domicilio particular, eso es una intimidación y es absolutamente aberrante en democracia”, advirtió Chalabe.
Pero la policía no anduvo solo cerca de la casa de Berdeja. Según aseguró en la conferencia Víctor Aramayo, de Apuap, se observaron movimientos similares también por el domicilio del titular de ATE, Fernando Acosta, otros referentes sindicales.
Aramayo interpretó: “Pretenden victimizarse, pero acá las únicas víctimas somos los trabajadores, las únicas víctimas de las políticas que toma este Gobierno en general y particularmente las políticas salariales y las condiciones de trabajo. Las víctimas son las familias que tienen que desenvolverse con 167 pesos por día para cinco miembros, lo que significa 33 pesos por día para comer, vestirse, transportarse, curarse y responder a sus necesidades cotidianas”.
Por su parte, Susana Ustarez, de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), calificó de “improcedente” la presentación judicial del Ejecutivo, pues no hubo de parte de la ITE ninguna denuncia formal. “Nosotros venimos denunciando públicamente que el Gobierno de la provincia no es transparente, que no rinde cuentas”, indicó, y recordó que “desde 2003 que no se cumple con su obligación constitucional de rendir la cuenta de inversión anual”. Y agregó: “Tampoco rinde cuentas a la ciudadanía, mediante una clara información pública ni transparencia en páginas oficiales que publiquen sus gastos o sus recursos”.
El reclamo sindical
El paro de 72 horas se cumple principalmente en rechazo de la ayuda extraordinaria otorgada por el gobierno de 1.750 pesos en dos cuotas, pero en reclamo del cumplimiento del acta acuerdo firmada el año pasado, sobre todo en los ítems referidos al pase a planta permanente, el blanqueo y la regularización de las asignaciones familiares. También entra en el paquete una demanda que lleva varios meses: la reapertura de la negociación salarial para compensar la pérdida del salario frente a la inflación.
“El gobierno ha tomado la decisión de ningunear la protesta y el pedido de los trabajadores y operar silenciosamente a través de la intimidación”, afirmó Víctor Aramayo, y repasó: “Nosotros hemos enmarcado nuestras acciones gremiales en la ausencia de disposición al diálogo que tiene el Gobierno, que en dos semanas ha levantado unilateralmente cuatro reuniones que ellos mismos habían convocado para discutir temas específicos, entre esos las asignaciones familiares, el tema de los municipales y el tema del blanqueo”.
El dirigente anunció que este jueves realizarán una marcha provincial y que el viernes llevarán adelante otras acciones gremiales.
Claudio Mendoza, de la Asociación de Judiciales, explicó que su sindicato adhiere a la medida de fuerza de la CTA Autónoma, “puntualmente por la eliminación del impuesto a las ganancias, el 82 por ciento móvil para todos los trabajadores y la implementación de un bono de fin de año de 4000 pesos en una sola cuota”.
