Por Dario Pignotti, en Página|12. El cese de actividades fue generalizado, abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte. El impacto del descontento popular se hizo sentir en Salvador de Bahia, la principal capital del nordeste, Porto Alegre, ciudad más importante de la región sur y en la populosa Belo Horizonte, en la región sudeste.
“Temer ya era pequeño antes del paro con un rechazo del 80 %por ciento y ahora sale aún más pequeño, este gobierno ilegítimo no se sostiene en pie, no creo que puedan avanzar con las reformas laboral y previsional, los trabajadores y la sociedad en general dieron un fuerte mensaje” señaló a PáginaI12 el dirigente metalúrgico Sergio Nobre, vecino de Luiz Inácio Lula da Silva en San Bernardo do Campo, la ciudad del cordón industrial paulista donde surgió la CUT en los años 80.
El paro fue “un éxito total” festejó Lula. “La gente resolvió ir al paro protestando contra la retirada de derechos (..) contra el desempleo, contra la baja de salarios”, reforzó el extornero mecánico y dos veces presidente que dejó el poder en 2010 con una desocupación cercana al cinco por ciento. Ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que ahora hay 14,2 millones de brasileños económicamente activos sin empleo. Esto significa que la desocupación trepó al 13,7 por ciento contra el 10,9 hace un año, y sin señales de mejora en el corto plazo, ya que según proyecciones del propio gobierno la economía sólo crecerá el 0,2 por ciento en 2017, luego de las recesiones con crecimiento negativo del 3,8 por ciento en 2015 y el 3,5 en 2016.
“El aumento de la desocupación es un objetivo buscado por los responsables de este ajuste contra los trabajadores y los pobres, cuanto más desocupados menos fuerza para negociar con los patrones” señaló Sergio Nobre. Pero seguramente luego de esta demostración de fuerza sindical “será difícil que el Senado apruebe sin más la reforma laboral votada el miércoles pasado”, agrega. “Quieren desregular las relaciones de trabajo de una forma alevosa que no tiene muchos antecedentes, con la ley laboral Temer le está pagando sus deudas a los empresarios que financiaron el golpe. Si se la lee ciudadosamente esta ley se parece a la reforma laboral draconiana de la dictadura de Pinochet, no la vamos a dejar pasar, este paro es el inicio de un plan de lucha más largo”, promete Nobre.
La CUT, mayor organización gremial brasileña ligada al Partido de los Trabajadores, junto a otras centrales como la oscilante Fuerza Sindical (algunos de cuyos dirigentes apoyaron el golpe contra Dilma), demostró capacidad de acción en casi todo el país según las informaciones que llegaban ayer por la noche, tamizadas por la cobertura de la cadena Globo y sus socias menores simpáticas al gobierno.
San Pablo y su área metropolitana, con 18 millones de habitantes, amanecieron desiertas debido a la adhesión de los gremios del transporte en sus tres ramas: conductores de subterráneos, maquinistas de trenes interurbanos y colectivos, que desafiaron las intimidaciones del gobernador paulista, Geraldo Alckmin, que les impuso una multa de casi 1,3 millones de dólares.
Aliado de Temer, Alckmin desplegó a su nada amigable Policía Militarizada, que en las primeras horas de la mañana reprimió piquetes de los Trabajadores Sin Techo donde detuvo a 16 activistas bajo el cargo de “asociación ilícita” por la supuesta portación de bengalas y gasolina. Una imputación desmentida por los Sin Techo, que mostraron videos donde se demostraría que los policías les sembraron las pruebas. Paralelamente el secretario de seguridad paulista Magno Alves amenazaba con utilizar toda la “fuerza pública” en caso de que surgieran los “violentos” enmascarados Black Blocs.
Desde 2013, durante las masivas manifestaciones que hicieron tambalear a Dilma, continúa la sospecha de que debajo de las bandanas de algunos Black Blocs se ocultaron provocadores a órdenes de la policía. El discurso estatal-mediático hizo eje en minimizar y bandalizar el paro equiparándolo al accionar de “marginales” y “sindicalistas”.
Michel Temer encomendó a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, la tarea de divulgar la posición del gobierno. “En este momento el gobierno percibe el fracaso de este movimiento que es muy limitado, con bloqueos de rutas realizados por pequeños grupos de 20 a 50 personas, y eso no es democrático”, juzgó el ministro.
Al cierre de esta crónica, en las primeras horas de la noche de ayer una columna donde había Trabajadores Sin Techo marchaba hacia la residencia privada de Temer en San Pablo mientras en Río la policía reprimía a los manifestantes reunidos en el centro de la ciudad, cerca de la Asamblea Legislativa, donde hubo colectivos incendiados (ver aparte). Mientras tanto en Brasilia el Palacio del Planalto era custodiado por un cordón de efectivos de la Policía del Ejército.
A partir de ayer entró en vigor un “protocolo”, similar al aplicado durante la Copa del Mundo y las Olimpíadas, que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones. Es decir, los actos de protesta contra el gobierno son pasibles de ser tipificados como una amenaza a la “seguridad nacional”, lo cual fue cuestionado por el diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores. “Debemos alertar a Brasil sobre las dimensiones de esta estructura militar vista en Brasilia que no tiene ninguna justificación, el tipo de armamento que se ve aquí es totalmente desproporcionado” denunció el legislador petista.