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En medio del conflicto por el financiamiento universitario, académicos de todo el país impulsan una consulta popular vinculante para que el presupuesto 2025 garantice los recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.
Un grupo de académicos plantea la posibilidad de recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional y hacer una consulta popular vinculante con el fin de que se apruebe la Ley de financiamiento universitario, que en ese caso no podría ser vetada por el Poder Ejecutivo.
En un documento, describen que las universidades nacionales atraviesan «una de las peores crisis de financiamiento»; que los recursos previstos en el proyecto de presupuesto 2025 «marcan pisos históricos en este milenio», y que los salarios de las categorías más bajas «están por debajo de la línea de pobreza».
Apoyados en que «inmensos sectores de la ciudadanía se expresaron a favor de un adecuado financiamiento» en dos masivas marchas federales y en encuestas de opinión, proponen «una alternativa que se fundamenta en la democracia directa, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional: la consulta popular vinculante con voto obligatorio de la ciudadanía».
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Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario. Actualmente el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica, y los salarios docentes y no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de pobreza.
En este contexto, inmensos sectores de la ciudadanía se expresaron a favor de un adecuado financiamiento universitario. Ese amplio apoyo popular se cristalizó en dos marchas federales que acompañaron el reclamo de los universitarios, y que resultaron las expresiones populares más masivas desde la recuperación de la democracia. El mismo apoyo popular es reflejado también por todas las encuestas de opinión.
Acompañando esta demanda colectiva, el Congreso de la Nación aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que contemplaba el presupuesto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y que fuera aprobado mediante el apoyo unánime de todos los rectores de las universidades nacionales. Lamentablemente, el veto presidencial a esta ley pareció haber obturado la expresión efectiva de la voluntad popular.
Es evidente que debemos avanzar utilizando las herramientas que brinda la Constitución Nacional, para garantizar que las universidades nacionales puedan continuar funcionando correctamente cumpliendo el objetivo de sostener las actividades sustantivas que ellas ofrecen a la ciudadanía (enseñanza, investigación y extensión), en un contexto que garantice la calidad, la inclusión y la pertinencia de las mismas.
Para ello proponemos una alternativa que se fundamenta en la democracia directa, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional: la consulta popular vinculante con voto obligatorio de la ciudadanía. Reza el artículo 40 de la Constitución: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”. Resaltamos el hecho de que, de acuerdo con la propia Constitución, la ley de convocatoria no puede ser vetada, y tampoco puede serlo, en caso de ser aprobada, la ley sometida a la consulta, ya que se prevé una promulgación inmediata. La consulta popular prevista en la Constitución se encuentra reglamentada por la ley 25.432, desde el año 2001.
Consideramos que esta alternativa permitiría que el favor popular del que goza la universidad pública se exprese a través de la democracia directa. Además permitiría canalizar la potencia del movimiento estudiantil, uno de los actores más dinámicos del momento, que mostró, a través de distintas actividades públicas que han venido ocurriendo en los últimos meses, su decisión de luchar en contra del desfinanciamiento de las universidades. En esta línea, los Consejos Directivos de las facultades han comenzado a emitir resoluciones que instan al Congreso Nacional a convocar a una consulta popular que garantice el financiamiento que el veto presidencial negó.
Por todo lo expuesto, las y los abajo firmantes apoyamos la iniciativa de realizar una consulta popular vinculante basada en el artículo 40 de la Constitución Nacional para garantizar el adecuado financiamiento universitario.
