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El bloque de diputados provinciales del justicialismo, apuntó contra el radicalismo, sobre un fallo emitido recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a una causa relacionada a la Ley 4.444 de Acceso a la Información Pública, durante la sesión ordinaria legislativa, celebrada este jueves.
Desde el oficialismo explicaron que la negativa de la Secretaría de Turismo y Cultura a entregar información requerida por un legislador de la UCR se fundamentaba en el incumplimiento de algunos requisitos exigidos por la norma en cuestión.
El hecho judicial se originó en un planteo realizado por el diputado radical Carlos Oehler en el año 2006, pero el cruce dialéctico entre las dos principales bancadas del parlamento jujeño se precipitó ayer en el recinto de sesiones, cuando el legislador opositor realizó una valoración extensa sobre el dictamen del máximo tribunal de la Nación, resaltando el revés que significó el mismo para la Justicia provincial, que fue obligada a revisar su fallo primitivo en contra del pedido del radical.
Sobre este punto, el diputado Jorge Noceti (PJ) fue el primero en refutar las consideraciones realizadas por su par radical, argumentando que el inicio de este planteo judicial tuvo origen mientras él se encontraba al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia.
“No existió nada extraño para negar la información solicitada, sino que el pedido no reunía los requisitos establecidos por la Ley 4.444 que motivó el planteamiento”, aclaró.
Explicó que con este fallo la Corte señaló que priorizaba el derecho a la información por sobre la formalidad del incumplimiento de la ley. “Esto está bien, porque el máximo tribunal judicial del país no tiene por qué conocer la reglamentación que tiene cada provincia respecto a los requisitos que se deben cumplimentar para solicitar dicha información”.
En el mismo sentido, le pidió al radicalismo que le acerque el fallo al intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, para que responda con los más de quince pedidos de informes que pesan sobre su gestión y así de cumplimiento a lo establecido por la Ley 4.444. “La ley es rigurosa para todos, por lo que sería muy bueno que el jefe comunal de la Capital conozca este fallo en toda su extensión”, apuntó.
Por su parte el jefe de la bancada oficialista, Javier Hinojo, consideró que este tema de los pedidos de informes requiere un debate serio y que en un recinto político como lo es la Legislatura, los bloques muestran distintos posicionamientos políticos frente a diversos temas. “Valoramos las solicitudes de informe que se realizan siempre que las mismas tengan como finalidad ayudar a una gestión de gobierno o colaborar en la búsqueda de soluciones a una problemática puntual, pero no las compartimos cuando tiene una intencionalidad negativa”.
En igual sintonía se manifestó el justicialista Luis de la Zerda, quien señaló que los pedidos de informes del radicalismo coinciden en su objetivo obstructivo.
“La representación, cuando el bloque justicialista aprueba o no un pedido de informes, está reflejada en la proporcionalidad que exhibe el recinto y nuestra bancada es respetuosa de la expresión de la ciudadanía en las urnas”, abundó el legislador, a la vez de poner en tela de juicio el funcionamiento que le imprime el radicalismo a las comisiones que preside, cuestionando la manera en que se invita a actores de la vida pública y civil para conocer sus pesares y transformarlos en un pedido de informes, sin antes informar al resto de los integrantes de la misma, en su mayoría pertenecientes al PJ.
