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Referentes de la Tupac Amaru denunciaron que el allanamiento a los galpones de la organización se realizó sin orden judicial. Alertaron además que el gobierno provincial «suspendió las garantías constitucionales», tras conocerse que uno de los militantes que participaban de la protesta de este miércoles fue violentado en la comisaría a la que lo trasladaron, donde además se demoró a una menor de edad, y que otro detenido recibió golpes mientras lo «paseaban» en un móvil policial.
La denuncia fue realizada en conferencia de prensa por el abogado y diputado provincial del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) Ariel Ruarte, el también legislador Juan Manuel Esquivel y el concejal capitalino Federico Noro, acompañados del abogado Fernando Barea.
Denunciaron que en la madrugada de este jueves un grupo de policías sin identificación, que se movilizaban en vehículos sin patente, llegaron al galpón de la Tupac Amaru que está ubicado en las inmediaciones de la vieja estación de trenes, en pleno centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, para realizar un allanamiento, sin presentar la correspondiente orden judicial.
“Recién hoy a la mañana dejaron un acta en la que señalaban que no se llevaban nada, pero destrozaron bolsas de juguetes y de alimentos que estaban en el lugar», explicaron.
El allanamiento comenzó alrededor de las 21.30 horas del miércoles, pero Ruarte recién tomó conocimiento en la madrugada y se dirigió inmediatamente al lugar.
El Código Procesal Penal establece: «Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia solo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol. Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público».
Al presentarse en el galpón, Ruarte encontró una fuerte custodia a cargo de personal de Infantería que le impidió el ingreso. Dentro del galpón se encontraba un importante grupo de personas de civil. En ningún caso portaban identificación y ante el requerimiento de que la mostraran se negaron a hacerlo. Tampoco tenían en su poder la supuesta orden de allanamiento.
Ante esta situación, Ruarte se dirigió a la sede de la Policía Federal y regresó con compañía de uniformados, ante lo cual los efectivos que realizaban el operativo accedieron a identificarse.
“Los hechos que están ocurriendo en la provincia son de una gravedad institucional alarmante -advirtió Ruarte-. Parece como si estuviéramos nuevamente viviendo en la dictadura militar, con policías que se niegan a identificarse y realizan allanamientos sin ningún tipo de orden y sin notificación ni presencia de un abogado».
«El gobierno de Jujuy implementó un estado de excepción y suspendió de hecho las garantías constitucionales en la provincia. El ejemplo es claro: ‘te allano cuando quiero y sin orden'», reclamaron.
Violencia policial
En la misma conferencia, denunciaron que Hugo Balderrama, uno de los detenidos en Perico en el marco de la jornada de protesta nacional exigiendo la liberación de Milagro Sala, fue golpeado por el jefe del operativo policial, primero a patadas y luego con un rifle en la espalda. Otros dos militantes recibieron igual trato.
«Tuvimos miedo de que nos hagan desaparecer», dijo Balderrama, y refirió que en el grupo de manifestantes detenidos había una joven menor de edad a la que mantuvieron demorada en la misma, dentro de una celda común y en compañía de hombres mayores, en violación de la legislación constitucional que protege sus derechos.
«Primero me pegaron una fuerte patada en el estómago que me hizo caer al suelo. Ahí me pegaron muy fuerte con un rifle en la espalda, y cuando se me caían lágrimas por los golpes, el jefe policial, que no se identificó, me decía: ‘¿Ahora te vas a poner a llorar, maricón? ¿Quién te va a venir a salvar ahora? Vagos, ¿por qué no van a trabajar al tabaco?».
Con las manos temblorosas, Balderrama aseguró: «Tuvimos miedo de que nos hagan desaparecer».
El diputado Esquivel denunció además que otro de los detenidos, Luis Ortega, “fue llevado a pasear”, como se dice en la jerga; es decir, lo llevaron en el móvil a dar una vuelta mientras lo golpeaban y torturaban. «Eso, técnicamente, es un secuestro», afirmó el legislador.
