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Personal policial sin identificar se presentó esta mañana en la casa de María Graciela López, que está en prisión domiciliaria, sin mostrarle el supuesto oficio que ordenaba un traslado y sin que hubiera recibido ninguna notificación. La dirigenta social denuncia que la maniobra es parte del hostigamiento que padece de parte del Ejecutivo provincial, que incluye la negación de la libertad condicional, que le corresponde desde hace más de un año.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), López relató que esta mañana, cerca de las 9.20, tocaron la puerta de su casa. «Entre que me preparaba y buscaba la llave, empecé a sentir que tocaban con más intensidad, con atropello, y me pareció raro, me sorprendí», contó, y precisó que estaban golpeando también la ventana y el portón de su vivienda.
Por estar en prisión domiciliaria, López lleva una tobillera electrónica que es monitoreada las 24 horas. Cuando debe ser trasladada por algún trámite judicial o médico, el organismo a cargo del monitoreo le avisa con anterioridad. «Por lo tanto, si esa entidad no me notifica, yo no puedo moverme de mi domicilio porque estaría violando el beneficio que se me otorgó», explicó.
En esta oportunidad, no había recibido ninguna notificación.
«Salí de prisa y me doy con que era la Policía de la Provincia de Jujuy –continuó–. Eran masculinos y una sola mujer, con esposas en la mano me decían que debía ser trasladada en carácter de inmediato a la Alcaidía».
El departamento de Alcaidía es un lugar adonde se lleva a las personas que son detenidas para que se les dé ingreso al sistema. Pero López está detenida hace casi siete años, por lo que no habría motivo para ese traslado. La mujer se comunicó con su abogado, Luis Paz, quien le confirmó que no había ninguna notificación de ningún trámite que implicara un traslado. Ni siquiera el juzgado que está a cargo de la situación de López tenía ningún conocimiento.
«Ahora me pregunto –planteó Graciela–: ¿la Policía de la provincia puede venir, hostigar, perseguir, querer presionar de esa manera en un domicilio particular de una persona en detención?»
Ante la insistencia de López, los efectivos policiales le dijeron que tenían que trasladarla al médico, sin dar precisiones sobre la especialidad o el nombre del profesional. «Tenían un papel, se supone que era un oficio, pero no me dejaron leerlo ni tomar una foto», contó.
Por otra parte, para ella el argumento de la supuesta consulta médica «es una brutal mentira». Es que desde que está con prisión domiciliaria, en octubre de 2019, dejó de recibir la atención que necesita.
«Mientras me encontraba en el Servicio Penitenciario tenía muchos tratamientos, pero ha quedado todo inconcluso desde el 24 de octubre de 2019, que estoy en el domicilio», reveló, y analizó: «No podía ser que me llevaran a ningún médico, porque todos estos años he pedido la continuidad de mis tratamientos y se me ha negado».
La falta de atención médica para López fue denunciada por los organismos de derechos humanos que estuvieron en Jujuy en octubre del año pasado, entre otras irregularidades referidas a la situación del resto de los presos políticos en la provincia.
La maniobra de este lunes en la casa de Graciela López parece haber sido pensada para provocar un incumplimiento. Ella lo expresó así: «Qué pasaba si por una cuestión de obediencia, por sentirme sometida a la justicia, yo accedía y me iba? Incumplía el compromiso bajo firma que hice de que en domiciliaria yo no puedo alejarme del circuito marcado».
–¿Cuál es su interpretación de este episodio?
-Yo creo que esto no es nada más que el mismo hostigamiento que yo y el resto de mis compañeros presos políticos venimos sufriendo desde fines del año 2015, enero 2016, cuando se estaba gestando el lawfare en la provincia de Jujuy que luego se reprodujo en toda nuestra Argentina.
Condicional que no llega
López fue detenida el 20 de septiembre de 2016, tras haber recibido una pena de 7 años en la causa conocida como Pibes Villeros. Hace más de un año que cumplió los dos tercios de su condena, por lo que debería estar en libertad condicional. Sin embargo, permanece en prisión domiciliaria.
«Dice el Código Penal que todo ciudadano argentino, al cumplir los dos tercios de su condena en prisión, tiene el derecho a obtener la libertad condicional. Los dos tercios de mi condena cumplida en cárcel común los he cumplido el 20 de marzo de 2021, y continúo detenida», remarcó.
En este contexto, denunció: «Desde ese momento hasta la fecha, no me considero una detenida, me considero una secuestrada de un Poder Ejecutivo de un tal señor gobernador Gerardo Morales, que con total revanchismo no sólo me persiguió, me hostigó, me armó causa, me encarceló, sino que también me niega el beneficio que por derecho me asiste como ciudadana argentina».
Su situación está en manos del Juzgado de Ejecución, a cargo del juez Emilio Cattan. El expediente de Pibes Villeros, en tanto, espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 20 de marzo de 2020.
Se demora la libertad condicional de Graciela López: «Me considero una retenida de Gerardo Morales»
