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Denuncian que el gobierno vulnera y avasalla derechos laborales de los estatales

La Agrupación Verde y Blanca de ATE Jujuy, denuncia que, la ministra de Educación, Isolda Calsina, firmó la Resolución 1966, donde dispone la afectación del personal de educación de manera transitoria al servicio del C.O.E., en carácter de disponibilidad.

Dicha disposición, es una verdadera aberración y una arbitrariedad inaceptable por parte del gobierno de la provincia, que somete inconstitucionalmente a los trabajadores y aumenta la explotación. Profundizando el miedo, la persecución y los aprietes, para ocultar su incapacidad.

El gobierno de Morales (como ya venimos denunciando y luchando para que se resuelva), no provee los elementos de protección personal (EPP), ni siquiera a los trabajadores de la salud, quienes están al frente en la pandemia y están poniendo el cuerpo y la vida a diario, para enfrentar el virus.

Ahora pretende que vayan a trabajar al área, personal que viene desempeñándose en funciones totalmente distintas en educación (en donde tampoco les proveen elementos de protección).

La ministra Calsina, tiene una gestión autoritaria y de desmantelamiento, que mantiene escuelas en pésimas condiciones, no provee los elementos de seguridad ni de trabajo a quienes dependen de su ministerio. Ya precarizó y dejó sin trabajo a docentes y auxiliares y dejó sin posibilidad de educación a alumnos.

Con el mismo autoritarismo, determina que trasladen a trabajadores y trabajadoras al C.O.E., violando todos sus derechos a la estabilidad, a la salud y la seguridad laboral.

Desde la Agrupación Verde y Blanca de ATE Jujuy, rechazamos tal pretensión de la ministra Calsina y el gobernador Morales, de avanzar en la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de incrementar la explotación y el abandono a su suerte de la salud de los empleados y sus familias.

El gobierno está improvisando acciones que solo ponen en evidencia la pésima gestión de Morales, que endeudó la provincia, desmanteló la salud y la educación, empobreció al pueblo y a los trabajadores estatales.

Aumentó la precariedad laboral y ahora abandonó a sus trabajadores priorizando los negocios personales y sectoriales, por sobre la vida y la salud de la población y los trabajadores estatales.

No lo vamos a permitir. Vamos a presentar recursos de inconstitucionalidad, estamos instruyendo y asesorando a los compañeros y compañeras para evitar esta nueva arbitrariedad y avasallamiento de derechos. Seguiremos dando pelea, en defensa de los trabajadores y sus familias.

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