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Después de la represión a los vecinos de Campo Verde, la actuación de las fuerzas de seguridad de la provincia están siendo observadas por organismos nacionales. Es el caso del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que este miércoles le envió una carta al gobernador Gerardo Morales en la que le pide «extremar los recaudos para instruir a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que den estricto e inexcusable cumplimiento» con los protocolos vigentes, ante la movilización convocada por organizaciones sociales y sindicales en el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias, prevista para las 9 de la mañana.
En la nota, le informan además que estará en Jujuy el comisionado Alejandro Armoa, quien participará como veedor en la manifestación.
La carta, firmada por el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, fue motivada por haber «recibido información sobre presuntas
detenciones y lesiones de personas en el marco de protestas que se realizaron en los últimos días en la localidad Campo Verde, que aún se encuentran siendo analizadas».
En este sentido, le recuerdan a Morales que el Comité tiene entre sus funciones la de promover «la aplicación uniforme en todo el territorio de sus recomendaciones y estándares de actuación, entre otros temas, en materia del empleo de la fuerza».
En un tono didáctico pero firme, remarcan que «todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», de acuerdo a la Ley 26.827, que enumera los Principios Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
En este sentido, se refieren al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, que solo pueden usarse «en reuniones ilícitas y violentas» y en casos «de defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos».
«En cualquier caso -continúan-, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Por otro lado, señalan que el uso de la fuerza «debe respetar los principios de legalidad, oportunidad, como último recurso frente a una resistencia o amenaza y gradualidad».
