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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) repudió en un comunicado el ingreso de la Policía de la Provincia a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu y la represión ilegal de estudiantes, en contra de lo que indica la autonomía universitaria: que la fuerza pública solo puede ingresar a las instituciones nacionales con orden judicial. «En la historia de la universidad solo las dictaduras han vulnerado esa garantía», expresa la Conadu. También repudiaron los hechos desde agrupaciones de izquierda.
La policía jujeña irrumpió en el predio universitario en la noche del 12 de abril, cuando el Centro de Estudiantes de la Facultad realizaba un asado que contaba con autorización del decanato. El operativo incluyó cinco móviles y numerosos efectivos armados, y concluyó con la detención de dos jóvenes, uno de ellos el presidente del Centro.
Ambos fueron puestos en libertad al día siguiente, luego de que el decano de la Facultad, Mario Bonillo, reclamara ante las autoridades provinciales. La policía, entretanto, no solo negó inicialmente conocer el paradero de los estudiantes detenidos, sino que alegó haber intervenido en virtud de que se habría estado cometiendo una “contravención”.
Tras repasar los hechos, la Conadu advierte: «El accionar policial no podría ser legal bajo ningún punto de vista, en tanto la autonomía universitaria implica que ‘la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida’. En la historia de la universidad argentina, sólo las dictaduras han vulnerado esta garantía».
La organización universitaria define que «Jujuy vive un estado de excepción», y repasa: «En la provincia que desde enero de 2016 mantiene irregularmente presa a Milagro Sala y un grupo de militantes de la Tupac Amaru, y en la que el hostigamiento y la persecución política han generado un clima de terror que atenta contra las libertades democráticas, este hecho se suma a las incesantes violaciones del Estado de derecho que el abuso de poder del gobierno provincial promueve, y el discurso revanchista y violento de los funcionarios del gobierno nacional estimulan».
El documento cierra con la exigencia al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, para que «se exprese claramente condenando esta violación de la autonomía universitaria», y reclama del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) «un urgente pronunciamiento de repudio en relación a esta situación». Vale destacar que el rector de la UNJu, Rodolfo Tecchi, fue designado recientemente como titular del CIN.
«Asimismo, demandamos al gobierno de la Provincia de Jujuy y al Estado Nacional que, junto al esclarecimiento de este hecho, asuman su responsabilidad de velar por el respeto de la Constitución Nacional -conluye- y que respondan de manera urgente las demandas de cumplimiento de los Pactos Internacionales que comprometen a la Argentina en la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional».
‘Superpoderes’
Desde las Agrupaciones Pan y Rosas y Juventud a la Izquierda (Juventud del PTS e independientes en el Frente de Izquierda) también se repudió el accionar de la Policía de la Provincia, al que calificaron como «un hecho escandaloso, donde la fuerza policial viola la autonomía universitaria» y «una muestra más de la impunidad policial y la persecución a la juventud en la provincia de Jujuy donde se violan los derechos democráticos más elementales, como lo es el derecho a la reunión».
La izquierda pone el episodio en un contexto: «Pero este no es un hecho aislado. Ya el año pasado denunciamos el ingreso de la policía a la Facultad de Humanidades, en un despliegue impresionante, con personal sin identificación, con armas de fuego y con autos y motos sin patentes, para detener un un joven por ‘portación de rostro’.»
«Es una expresión más de la política represiva del gobierno del radical Gerardo Morales y el massista Carlos Haquim, que han constituido un verdadero régimen policiaco para perseguir opositores, criminalizar la protesta, la pobreza y a la juventud», advierten, y agregan: «El reaccionario Código Contravencional, heredado del gobierno del Fellner, ha sido una herramienta inestimable para darle superpoderes a la policía para irrumpir en los barrios, vulnerando nuestro derecho a la diversión y al esparcimiento».
Llaman a «frenar esta avanzada sobre juventud» y convocan: «Las conducciones de los Centros de Estudiantes y consejeros estudiantiles no pueden quedarse al margen; necesitamos asambleas ya en todas las facultades, para organizarnos y ponerle un freno a este atropello».
