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Murillo fue ministro de gobierno de la administración de facto de Jeanine Áñez

Detuvieron en EE.UU. a un exministro del gobierno boliviano de Añez acusado de lavado

El exministro de Gobierno de la administración de facto de Bolivia encabezada por Jeanine Añez, Arturo Murillo, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos, junto a otro exfuncionario boliviano y tres ciudadanos estadounidenses, informó este miércoles en un comunicado el Departamento de Justicia del país norteamericano.

«Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero», precisa el comunicado del gobierno estadounidense.

Murillo y su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, «están acusados ​​de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos», amplía el Departamento de Justicia.

«Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36, y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020», en el que los estadounidenses «pagaron $ 602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano. funcionario del gobierno».

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $ 5,6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

«Para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $ 582,000 en efectivo para Murillo y Méndez», relata la comunicación oficial.

«Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión», agrega, y precisa que el fiscal federal adjunto Marx P. Calderón «está manejando el decomiso de activos», de los acusados.

El actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, anunció en La Paz que se había decidido pedir a Estados Unidos la extradición de Murillo y Méndez, que están acusados en Bolivia de malversación de fondos públicos con la compra con sobreprecios de materiales antidisturbios para las fuerzas armadas y de seguridad boliviana.

Además, el Ejecutivo boliviano pedirá la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López, investigado en el mismo caso, quien estaría en Brasil.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones.

Para Del Castillo, los 2,3 millones que faltan son un «robo al pueblo boliviano» por parte de lo que calificó como un «clan mafioso».

Según la información de las autoridades bolivianas, Murillo se encuentra en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2020. Salió del país semanas después del triunfo del presidente, Luis Arce, en las elecciones de octubre, que significaron el fin del gobierno de facto y el regreso al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de que el líder de ese partido, Evo Morales, fuera forzado a renunciar a la presidencia.

También en relación con estas compras con sobreprecio, el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, informó de la detención de Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Murillo, y de Daniel Bellot, un expolicía que trabajó para Murillo.

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