Develan un falso y temerario planteo judicial

Por Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular. Una nota publicada en el portal especializado en temas jurídicos Infojus, revela la mentira que se esconde detrás de una operación del senador Gerardo Morales, en complicidad con el diario La Nación, respecto a un supuesto revés que habría recibido Milagro Sala. La nota, realizada por la periodista Irina Hauser, da cuenta, además, de los riesgos y las falacias que hay detrás de la recusación a los jueces Fátima Ruiz López y Daniel Morín por su supuesta pertenencia al espacio Justicia Legítima.

El 12 de septiembre, el diario La Nación publicó una editorial titulada “Milagro Sala: un Estado dentro del propio Estado” donde plantea que “la justicia le puso un límite a la capacidad intimidatoria que viene exhibiendo la líder de la agrupación Tupac Amaru en la provincia de Jujuy”. Y asegura que “como consecuencia de una demanda presentada por el senador nacional jujeño Gerardo Morales (UCR)», la Justicia avanzó en el reemplazo de los magistrados Daniel Morín y Fátima Ruiz López, que actuaban en la causa que el legislador «inició contra la diputada provincial Milagro Sala» por presuntos daños y amenazas.

 Irina Hauser en su artículo plantea que partiendo de una noticia «inexistente», el diario atacó a los jueces que tienen una visión crítica del poder que integran. Por otra parte, aclara que la recusación de Morales a los jueces no prosperó. El planteo, que la periodista calificó de “temerario en plena vida democrática” se extinguió, además, por cuestiones burocráticas. “A la dupla de jueces se les terminaba la suplencia el 31 de agosto. Ya antes de esa fecha, dos conjueces y un juez desestimaron la recusación porque ya se sabía de esa caducidad. Uno de ellos, Federico Díaz, aprovechó la ocasión para dar su opinión: sostuvo que Morín y Ruiz López actuaron como debían y que Justicia Legítima no es una organización política “sino una asociación civil que reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina”.

 Díaz asegura que la pertenencia a Justicia Legítima “no compromete la capacidad y aptitud” de los jueces recusados para la función. Aceptar el planteo de Morales sería «violentar el derecho de asociación». Los otros dos jueces –Mario Juárez Almaraz y Renato Rabbi Baldi–, declararon el asunto abstracto”, escribió la periodista. Es decir, armaron una noticia a partir de un hecho que nunca ocurrió ya que la recusación en todos los casos fue rechazada.

 Para Hauser, “la noticia que dio La Nación, no era tal. Quizá, si lo hubiera sido, habría aparecido entre el resto de las notas informativas del diario. Pero era parte de una editorial; con el poder y la fuerza persuasiva que eso implica. Funcionó, de ese modo, como excusa para reflotar el discurso de Morales y, así, justificar el aliento a una persecución ideológica a jueces, para azuzar a los que piensan distinto al grueso de la corporación, y para defenestrar a la organización Justicia Legítima, a la que están dedicados la mayoría de los párrafos, que reproducen argumentos de la recusación que había presentado Morales –elogiada por su “coraje” (sic). Justicia Legítima, dice el diario, pretende “instaurar una nueva conformación ideológica en el Poder Judicial para terminar con la división de poderes”; pretende inclinar la balanza de la justicia “no hacia la búsqueda de la verdad” sino teniendo en cuenta “los intereses del más débil”.

 Según Morales, Justicia Legítima “es una expresión política kirchnerista y deducía que la dirigente de la Tupac Amaru es una de sus asociadas porque participó en un debate convocado por esa organización. Por lo tanto, llegaba la conclusión de que los jueces iban a favorecerla”. Sin embargo, enfatizó Hauser,  Morín y López, “se vieron en la situación absurda de aclarar que no son socios de Justicia Legítima, aunque firmaron las solicitadas del verano 2012/2013”. 

 “Dijeron también –agregó Hauser- que incluso si fueran socios no tendría importancia porque esa elección personal no puede dar motivos para recusar a nadie. Ruiz López, por ejemplo, es socia de la Asociación de Magistrados hace años y a nadie se le ocurre recusar a un juez por pertenecer a esa entidad, que es el emblema clásico de la corporación, ni cuestionar a sus dirigentes cuando hacen discursos abiertamente políticos, como ha pasado con el radical Ricardo Recondo”. Y agregó: “Morín escribió que el senador no explica en ningún lado cómo la pertenencia de un juez a cierta asociación y la aparente vinculación de Sala con ella, derivarían en la imparcialidad de ese juez. A la vez desnuda las contradicciones: Morales a lo largo del expediente acusó a los jueces primero de dilatar para que el caso prescribiera (porque se habían declarado incompetentes) y cuando estaba por empezar el juicio les endilgó que querían favorecer a la dirigente”.

 Hauser finalmente señala que “en Jujuy en particular, han sido múltiples los ataques a fiscales designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó –quien ha encabezado actos varios de Justicia Legítima—para frenar las causas contra Blaquier”. Casualmente, Morales, al igual que el empresario procesado utiliza exactamente la misma estrategia judicial para descalificar a funcionarios que ellos consideran que no van a favorecerlos. Cabe recordar también que Morín primero y luego con  Ruiz López condenaron a los delincuentes procesados en los juicios de Lesa Humanidad en Jujuy.