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Diputados, asociaciones y abogados fundamentaron los pedidos de juicio político a supremos

Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

Luego de las exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario, de 16 sobre 31 integrantes.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que el jueves «se analizará cuáles serán los pedidos de juicio que serán admisibles» y dijo que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), solicitó que los cargos contra cada juez se voten por separado y no en un ‘paquete’, para que se dé la posibilidad de marcar las disidencias que se pudieran suscitar.

Al abrir la segunda reunión que se hizo hoy, Gaillard anunció que la senadora oficialista Juliana Di Tullio comunicó a través de una carta que «por razones de fuerza mayor» no iba a poder concurrir a las deliberaciones.

El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener «idoneidad» debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.

Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que, dijo, «distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores».

En esa línea, el legislador señaló que «es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal».

«¿Por qué no escuchó a los gobernadores. ?. ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo ?», preguntó.

Asimismo, subrayó que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento».

La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti «pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió».

«En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano», agregó, y destacó el «respeto» de sus compañeros de otros bloques que conforman JxC.

Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento «no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión».

La diputada oficialista María Rosa Martínez, que presentó un pedido junto a su par Pablo Carro sobre los cuatro integrantes del máximo Tribunal, precisó que «tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión de delito de malversación».

«Desde el año 2008, en el que a partir de una acordada se determinan una serie de atribuciones que tienen que ver con el control de la misma por parte de la Corte, surgen faltas graves en auditorias, vacancias en el directorio y nombramientos, entre otras cuestiones», detalló.

Posteriormente, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de «la multisectorial por la democratización» de la Justicia presentó en 2022 «un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en diez hechos de la causal de mal desempeño».

Señaló que una de esas denuncias está basada en una investigación de «El Destape», según la cual Rosenkratz «había intervenido en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, lo cual viola la garantía de imparcialidad».

Las denuncias están firmadas también por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien señaló ante la comisión que el pedido de juicio político a la Corte «llega muy tarde» y consideró que «estos jueces han hecho mucho daño ya».

El representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, denunció «por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal».

La ex detenida desaparecida durante la dictadura, Patricia Isasa, señaló que su petitorio busca que «no castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo», sino que su búsqueda «en pos de una justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos». «Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte», dijo.

El particular Ricardo La Greca, también justificó su presentación: «Solo las pruebas condenan, no los jueces. Si un juez no permite producir la prueba eso es corrupción y si además actúa como defensor de los intereses de los encartados, el resultado es la total impunidad de los delincuentes».

El abogado Pablo Llonto, otro de los denunciantes, expresó: «Uno de los problemas en la Corte es Horacio Rosatti. La inactividad de la Comisión Interpoderes envía un mensaje y es que no se hagan problema si los juicios son lentos. Los juicios de lesa humanidad merecen la mayor celeridad». En la reunión de la comisión también expuso el particular Diego Sánchez.

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