Diputados del FIT rechazan los juicios políticos en Jujuy

En las últimas horas, los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) emitió un comunicado de prensa, donde afirma que rechaza la aprobación de los juicios políticos contra los funcionarios del Tribunal de Cuentas, Nora Millone Juncos, Rene Barrionuevo y Mariana Bernal y del Fiscal General en el Poder Judicial, Alejandro Ficoseco. El dictamen de la Comisión Investigadora validó la continuidad del proceso de juzgamiento en las Salas Acusadora y Juzgadora, en la legislatura.

A continuación, el FIT realiza un pormenoriza informe: A las 10:30 hrs del día martes estaba citada la Sala Acusadora de la Legislatura de Jujuy, conformada por 24 de los 48 diputados de la Cámara, estos, según reglamento, habrían sido sorteados para integrarla. El motivo de la citación y la constitución formal radicaba en tomar conocimiento de los dictámenes que había producido la Comisión investigadora de los dos expedientes de juicios políticos que tomaron estado parlamentario en la última sesión ordinaria y que fueran impulsados por dos desconocidas. “Dos valientes ciudadanas” según las calificó en los medios el propio Gerardo Morales.

Los motivos de las denuncias están fundados en un mal desempeño en sus funciones tanto del Fiscal Alejandro Ficoseco como de los vocales del Tribunal de Cuentas y su presidenta, René Antonio Barrionuevo, Mariana Bernal y Nora Millone Juncos, respectivamente.

Este supuesto mal desempeño se habría producido en tiempos de la administración peronista encabezada por el ex gobernador Eduardo Fellner y estaría vinculado a la falta de investigación en las causas penales contra las organizaciones sociales y sus dirigentes y en la falta control de los fondos que manejaban estas.

Una Comisión Investigadora que «olvidó» su anterior dictamen

En esta primera instancia del proceso de destitución dicha comisión estuvo conformada por 5 diputados, tres oficialistas y dos opositores del PJ. La misma tenía como objetivo central elaborar un informe, investigación mediante, sobre los fundamentos de las causas que motivaron las denuncias y si era procedente seguir con estas en instancias siguientes. Cabe aclarar que el año pasado fueron presentados similares pedidos de juicios políticos y esta Comisión desestimó los mismos por considerarlos improcedentes.

Otro importante dato a tener en cuenta es que, al momento de verificar la identidad de las denunciantes y la veracidad de sus afirmaciones, trámite que debían llevar a cabo los miembros de esta comisión, el presidente de la misma, el socialista, Ramiro Tizón lo hizo de manera personal y en un día y horario poco habitual para dicho trámite.

Diputados justicialistas que conformaban esta Comisión expresaron ante los medios que el trabajo de investigación habría sido «limitado» y con «sesgos de intencionalidad» por parte de los miembros oficialistas que detentaban la mayoría y la presidencia. Por eso emitieron un dictamen en minoría en oponiéndose a la continuidad del proceso por considerarlo carente de fundamentos.

Una «mirada nacional» al proceso

Días pasados visitaron la provincia, Fiscales generales y Procuradores y Miembros del agrupamiento que nuclea a los integrantes de los distintos Tribunales de cuentas de las provincias del país. Ambos grupos plantearon lo débil de los argumentos esgrimidos en las denuncias como así también varios aspectos de irregularidad que se dieron en el proceso.

La corporación de los Tribunales de Cuentas defendió a los funcionarios locales sosteniendo que los fondos para la construcción de viviendas eran girados de Nación directamente a las organizaciones sociales.

Mecanismo que por su naturaleza y proceso deja fuera de la jurisdicción de control del Tribunal de Cuentas provincial ya que estos recursos no ingresaron al presupuesto provincial sino, como se dijo anteriormente, directamente a las cuentas de las organizaciones. Uno de los tantos mecanismos para evadir todo tipo de control y el manejo directo de «la caja» por parte de Nación, más allá del color político de turno.

En igual sentido los Fiscales y Procuradores que llegaron a interiorizarse de los motivos del juicio político al Fiscal Ficoseco, dejaron evidenciar su «sorpresa» y malestar ya que observaron una intencionalidad política del Gobernador Morales, con quien se entrevistaron y llegaron a tener un entredicho mediático que escaló más de lo previsto, ya que el Gobernador los habría hecho filmar de manera secreta para luego difundir las imágenes editadas y, obviamente, sin su consentimiento.

¿Qué quiere el gobierno con estas causas?

Muchas son las elucubraciones que se recogen en la calle y en los pasillos de la Legislatura respecto a la verdadera intención de estos procesos. El Gobernador se apoya en las denuncias sobre el Fiscal y las funcionarias del Tribunal de Cuentas con un claro objetivo, tener el control directo de dos áreas del Estado con las cuales tener un mayor blindaje hacia su segundo mandato. Por un lado, con la destitución del actual Fiscal puede ubicar a una persona de su confianza con la cual controlar las causas. Por otro lado, con la destitución de las actuales integrantes del Tribunal de Cuentas puede disponer gente de su entorno que le permita evitar todo tipo de control sobre las cuentas públicas.

Uno de los pilares del gobierno de Gerardo Morales ha sido la utilización de la Justicia para iniciar una persecución a la oposición política y sindical que comenzó con las detenciones a dirigentes de las organizaciones sociales, para luego dirigirse hacia los sindicatos, activistas sindicales, la juventud con las detenciones de los estudiantes de CEIJAs como también con los jóvenes en los barrios populares o los vendedores ambulantes sobre quienes recae el peso del Código Contravencional. En esta cruzada, el Gobernador aumentó el número de jueces en el Superior Tribunal de Justicia, ubicando a tres diputados de la UCR (dos hasta entonces en funciones) como jueces y pasó a tener la mayoría frente al resto de jueces que obedecen al PJ. Junto con ellos dispuso la creación del Ministerio Público de la Acusación con el cual ordena las causas penales contra los opositores bajo el mando de Lello.

Con la destitución del Fiscal Ficoseco que ha ocupado cargos públicos sin desconocer su pertenencia política al PJ, el gobierno lograría reforzar su brazo judicial, con el cual sostiene un régimen policíaco que despertó la visita de organismos internacionales como la ONU o la OEA ante la denuncia de violación a los derechos humanos que realizaron distintas organizaciones sociales, políticas y de DDHH.

Como hemos explicado en este medio la posibilidad de la conformación de este régimen policíaco por parte del gobierno no hubiese sido posible sin la colaboración del mismo PJ, que no solo dejó correr la detención de dirigentes sociales pertenecientes a su espacio político; si no que fueron los redactores del Código Contravencional con el cual la Justicia persigue bajo el gobierno de Morales a los trabajadores y a la juventud.

¿A quién controla el Tribunal de Cuentas?

En relación al Tribunal de Cuentas se trata de tener el control de un organismo que podría ser utilizado en manos del PJ para denunciar los casos de corrupción que existen en el gobierno de Morales. Aunque hasta el momento esto no ha sido así, el gobierno estaría anticipándose a un eventual cambio en la política del PJ, acorde a los últimos resultados electorales nacionales que implican la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Junto con la “paz” lograda en base a montar un régimen policíaco, Morales inició su primer mandato a fines de 2015 promoviendo un “gobierno abierto y transparente” y lo finalizaría destituyendo a las funcionarias del PJ en el Tribunal de Cuentas a cambio de poner gente de su confianza. Recordemos que la transparencia ha sido solo un slógan con casos de corrupción en las intendencias, pero sobre todo en lo que ha sido la venta del ingenio La Esperanza donde los diputados del Frente de Izquierda solicitaron información sobre la operación y no sólo les fue negada por la “Oficina de Gobierno abierto y transparente”, sino que tras recibir un fallo favorable del Tribunal Contencioso Administrativo, el Superior Tribunal lo desconoció y multó a los diputados por el solo hecho de pedir información de la venta de un patrimonio de la provincia cuyo proceso dejó a 338 trabajadores despedidos y fue realizado a precio de remate.

UCR y PJ, un régimen bipartidista al servicio de los dueños de Jujuy

El régimen de partidos que gobierna la provincia, la UCR y el PJ, han tenido históricamente un acuerdo donde los órganos del Estado se repartían entre mayorías y minorías de acuerdo a quien ocupara el rol de gobierno y quien el de oposición. La llegada de Gerardo Morales rompió este «pacto», como dijimos, con los cambios en el Superior Tribunal, en la ubicación de un hombre del vicegobernador en la Defensoría del Pueblo, y ahora con el intento de destituir la mayoría de funcionarias del PJ en el Superior Tribunal. Este último organismo es el encargado formal de “controlar” al gobierno de turno en la provincia y en los municipios.

De conjunto la forma en que ubican su personal dentro del Estado y sus privilegios materiales expone en forma cruda que no existe ninguna división de poderes como reza el dogma republicano, si no por el contrario, confirma la definición marxista sobre el Estado, «una junta que administra los negocios» de los dueños de la provincia con funcionarios que integran los mismos partidos que defiende los intereses de los empresarios y terratenientes (incluso muchos de los políticos y funcionarios lo son). Pero también se trata de una “banda de hombres armados” en resguardo de la propiedad privada para lo cual cuentan también con fiscales y jueces entrenados para criminalizar la protesta del pueblo trabajador y disponer de las fuerzas de seguridad en caso de que el cuestionamiento sea mayor.

¿Qué propone la izquierda?

El bloque de diputados del PTS en el Frente de Izquierda denuncia el accionar del Gobernador como parte de una interna con el PJ, pero sabiendo que todo fortalecimiento del Estado en su conjunto, significa una mayor posibilidad de avanzar aún más sobre el derecho a la protesta de los trabajadores y el pueblo pobre en una provincia donde rige un régimen policíaco. Por eso también la izquierda exige la derogación del Código Contravencional.

Por otro lado, no pueden ser los diputados los encargados de «impartir justicia» y es necesario pelear un cambio de fondo donde a los jueces se los elija por el voto popular, sean revocables, ganen lo mismo que un trabajador y los juicios sean mediante jurados populares.

Asimismo, ningún control se puede esperar del Tribunal de Cuentas actual conformado por integrantes puestos a dedo por los gobiernos, sino que el control tiene que estar en manos de los trabajadores estatales, los sindicatos, profesionales de la UNJu y organizaciones de defensa del consumidor, DDHH, entre otras, dado que son los propios trabajadores los únicos interesados en que no existan hechos de corrupción con los fondos públicos.

La defensa de las libertades democráticas del pueblo trabajador y la juventud es necesario hacerla con la movilización en las calles como parte de enfrentar el ajuste que provoca la crisis económica, la inflación y los despidos. Por eso exigimos a los sindicatos que rompan la tregua y convoquen asambleas para preparar un plan de lucha en defensa de las condiciones de vidas y las libertades de las mayorías.