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Docentes autoconvocados se presentaron este jueves en la sede del Cedems, en San Salvador de Jujuy, para exigir que se convoque a elecciones en el gremio, denunciando que la actual conducción ya no tiene legitimidad. Denuncian además que el sindicato enfrenta numerosos juicios por irregularidades, incumplimiento de convenio y violencia laboral, además de un embargo que pone en riesgo la propia sede.
Los profesores y profesoras de niveles medio y superior irrumpieron en la casa de la calle Balcarce, donde entregaron una intimación en la que exigen la inmediata convocatoria a la junta electoral para que se renueven las autoridades. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la delegada Gabriela Giagante explicó que Jorge Montero, el actual secretario general, «no tiene legitimidad para seguir sentado en la mesa de paritarias».
Esa ilegitimidad se arrastra desde el 28 de febrero pasado, a partir de la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que en agosto de 2021 estableció 180 días de prórroga para la renovación de las conducciones de los sindicatos, en el marco de la pandemia de coronavirus.
«Esa prórroga era para que todos los gremios regularizaran su situación. Otros lo hicieron, pero Montero no está cumpliendo, por lo tanto está en forma ilegal», afirmó Giagante.
En efecto, la actual comisión directiva del Cedems aún no convocó siquiera a la junta electoral para que se llame a elecciones de renovación de autoridades.
Esta situación irregular pone en discusión la representación de Montero en las negociaciones paritarias con el gobierno provincial. Los docentes autoconvocados aseguran que «tendría que haber llevado el mandato de la asamblea».
«Hay muchas cosas que trabajar con el gobierno, pero este señor es uno más del gobierno», afirmó Giagante.
Para este viernes está convocada una jornada de paro y movilización de los docentes agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), que nuclea a los niveles inicial y primario, y en Sadop, de los privados. Pero el Cedems no puede participar porque Montero no tiene atribuciones para decretar una medida de fuerza.
De todos modos, los profesores autoconvocados convocaron a a todos aquellos que no trabajan a la mañana a acompañar la marcha.
Violencia laboral
El reclamo no es sólo por la legitimidad de la representación sindical. Están en juego además cuestiones económicas que ponen en riesgo la integridad de la institución. El Cedems enfrenta una serie de juicios, en su mayoría laborales, y un embargo que asciende a 200 millones de pesos que pone en peligro la sede central. «Esta casa fue comprada para beneficio de todos los docentes», recordó Giagante, y dijo que hacen a Montero «personalmente responsable por lo que está haciendo, que es ilegal y antiestatutario, y por los perjuicios económicos que su actuación ilegal causa al gremio».
Sobre las demandas que enfrenta el Cedems, dio precisiones Mariana Sarmiento, secretaria general de Utedyc, que representa a los empleados del sindicato. En diálogo con El Submarino Radio, reveló que hay denuncias realizadas en el Ministerio de Trabajo por hostigamiento, violencia laboral e incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.
«El Cedems no paga de acuerdo a la escala salarial vigente», explicó Sarmiento, y contó: «Yo me presenté en reiteradas oportunidades para hablar con el actual secretario general, para hacerlo entrar en razones y ponerle en conocimiento de lo que establece el convenio colectivo de trabajo, el 736/16, que es el que está actualmente vigente a nivel nacional».
Sin embargo, nunca hubo ningún tipo de respuesta. «Esta gente desconoce absolutamente todo», analizó la sindicalista.
En total, el Cedems enfrenta más de 60 juicios, no solo de parte de empleados de la institución sino también de otro tipo.
«Apenas asumió la actual comisión directiva comenzaron hostigando al personal, la mayoría con más de veinte años de antigüedad», relató Sarmiento.
A modo de ejemplo, contó el caso de uno de los trabajadores del Cedems, de apellido Mondoño, quien sufrió una agresión y amenazas de parte del propio Jorge Montero, por la que debió ser internado. «Hizo una denuncia penal que se agregó a la que figura en el Ministerio, adjuntó un CD con las grabaciones de las agresiones y las amenazas de muerte, porque le decía que le iban a tirar la camioneta encima. Y el compañero lamentablemente falleció, de tanto renegar, sin que llegue la justicia para él».
También refirió la situación de dos empleadas que fueron despedidas «de forma totalmente arbitraria». Una de ellas judicializó su caso, mientras que la otra tuvo que aceptar la oferta del pago de la indemnización en cuotas, por necesidad. «Lamentablemente, no le pagaron lo que le correspondía», comentó Sarmiento.
«Para que tengan una idea de cuál era el modus operandi de la actual comisión, labraban actas y suspendían por cinco o seis días, para retener el sueldo. Uno agarra la nómina del personal y ve que la mayoría están suspendidos por cosas arbitrarias, como que se perdió un foco o no encuentran un detergente», describió.
Dichas suspensiones suponen el descuento de los días no trabajados más el presentismo. «Es una forma de pagarle menos», indicó Sarmiento.
«Cuando de golpe ves que sistemáticamente van suspendiendo a todos, es que algo raro pasa. A mí misma me dijo este señor que su pretensión era despedir a todos los empleados», reveló.
Todas estas irregularidades están en el expediente presentado a principios de 2018 en el Ministerio de Trabajo. «Los compañeros ya fueron a ratificar las denuncias. Está todo, tienen todas las pruebas, pero los expedientes duermen», señaló la sindicalista.
-¿Por qué cree que no actúa el Ministerio?
-Y bueno, ahí no sé. Cuestiones políticas, bajadas de línea. Por eso yo creo que este sindicato acepta paritarias tan bajas, vendiendo a sus representados.
