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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, recibió de parte de dirigentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y cooperativistas, un documento crítico hacia el modelo económico, que detalla la «grave» situación social del país, bajo el título «Una Patria fundada en la solidaridad y el trabajo».
El texto, que consta de varios puntos con reclamos y propuestas consensuadas por los sectores participantes, fue entregado en un encuentro que se realizó en la sede de la CEA, ubicada en Suipacha 1034, de la ciudad de Buenos Aires. El documento reclama un «cambio de dirección» del rumbo económico, ante la «preocupante» situación social, que tenga como eje un «modelo de país sobre la base de la industria nacional, la producción y el empleo».
Desde la CEA aclararon que el «documento no ha sido elaborado» por el Episcopado, y que la reunión «no contempla una firma conjunta», sino que el titular del organismo se limitó a recibir «la solicitud de audiencia por intermedio de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social», que encabeza el obispo Jorge Lugones. De hecho, de la reunión participó monseñor Lugones y también Emilio Inzaurraga, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz.
Durante la reunión, Ojea agradeció el documento, valoró la iniciativa y dijo que la Iglesia «intenta dialogar con todos los sectores que puedan aportar a la solución de los graves problemas planteados en la carta», al tiempo que se comprometió a «trasladar estas inquietudes a los espacios comunes de encuentro y trabajo», según informó la oficina de prensa de la CEA.
Asimismo, señaló que Pastoral Social, «que tiene la misión de animar e iluminar la vida social en su aspecto económico, político y cultural con el mensaje del Evangelio, seguirá como ha sido hasta ahora, fortaleciendo el diálogo con todos los actores sociales».
El documento reclama un «cambio de dirección» del rumbo económico, ante la «preocupante» situación social, que tenga como eje un «modelo de país sobre la base de la industria nacional, la producción y el empleo».
Entre los presentes estaban empresarios, como Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Héctor Daer, de la CGT y dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabezan el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, de Smata.
También estuvieron referentes de las dos CTA, de organizaciones sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y del mutualismo y el cooperativismo.
«Uno de los puntos que nos resultan más relevantes del documento que acercamos a la Iglesia es lo referido a la crisis alimentaria que vivimos hoy. Según nuestros indicadores más del 46 por ciento de los niños presentan algún tipo de malnutrición. Consideramos que hay que sancionar una ley de emergencia alimentaria», dijo a Télam Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, uno de los firmantes del documento.
Propuestas
Tras realizar un diagnóstico, el documento ofrece una serie de propuestas: subordinar la economía a la política; defender la industria nacional; acompañar a las empresas en situación crítica, incluyendo a las unidades productivas de la economía popular; reconocer la importancia de los sindicatos en la conformación del tejido social; desarrollar el medio rural; implementar el Consejo de la Economía Popular, y dentro del mismo el Registro Nacional de la Economía Popular; reglamentar e implementar la Ley de Agricultura Familiar aprobada por el Congreso Nacional; sancionar urgentemente la Ley de Emergencia Alimentaria; aumentar el presupuesto destinado a los merenderos y comedores; ralizar un relevamiento oficial para detectar a niños, niñas y adolescentes con malnutrición o en riesgo de estarlo; triplicar las partidas presupuestarias de programas alimentarios; establecer un mecanismo de devolución del IVA a sectores
vulnerados.
También proponen garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria del conjunto de las familias argentinas a partir del fomento de sistemas de producción y abastecimiento local de alimentos; facilitar el acceso a los servicios de salud; responder a la problemática de los/as jubilados/as y pensionados/as; fortalecer el presupuesto destinado a la educación; brindar una solución habitacional y de acceso a la tierra, y a los servicios públicos esenciales, con el diseño de un Plan Nacional de viviendas y la suspensión de los desalojos; poner el sistema financiero al servicio de la producción; facilitar y privilegiar en todo el universo de compras públicas, la participación de PyME, Micro Pyme y unidades productivas de la Economía Popular y Social; fomentar la inclusión social, el acceso democrático a la información y el desarrollo de procesos productivos que generen más y no menos puestos de trabajo a través de las Tecnologías de la Información.
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