agua-indígenas

El Coaj debatirá sobre el derecho al agua y los pueblos indígenas

agua-indígenasEl Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) organiza una jornada de debate titulada ‘Derecho al agua y pueblos indígenas’, este martes a partir de las 18 en el salón del Colegio de Ingenieros de Jujuy (Belgrano 969, 2º piso). 

En la oportunidad, actores indígenas y no indígenas abordarán cuestiones referidas a situaciones que amenazan el acceso al derecho al agua de las comunidades que habitan el territorio provincial. La actividad se inscribe en el marco del Día Mundial del Agua que se cumplió ayer.

 La coordinadora general del Coaj, Natalia Sarapura, dijo que la institución participa de una campaña junto al Servicio para la Paz Mundial (WFD) de Alemania, la Mesa de Agua de Berlín contra la privatización y ENDA Pronat de Senegal.

 Las instituciones mencionadas en noviembre de 2013 suscribieron la Declaración de Berlín sobre el derecho al agua “Sed…!. No al robo del Agua”: Allí las instituciones, entre ellas el colectivo indígena local, afirman que “el derecho humano al agua está amenazado a nivel mundial por el robo de agua: de manera legal e ilegal, un bien anteriormente público paulatinamente pasa a manos y al control de actores poderosos”.

 “La comercialización y las políticas del estado causan la escasez, el encarecimiento y la intoxicación de los recursos hídricos a nivel mundial. El cambio climático y los modelos de consumo de la gente próspera solo agravan la situación” observan en la Declaración y ponen de relieve que “el robo de agua existencialmente amenaza ante todo a los pobres”.

 “Por un lado, la privatización de formas del acceso al agua, causa una distribución conforme al poder de compra o de negociación. Entre 1990 y 2005, el número de la gente dependiente del suministro de agua gestionado por el sector privado creció de 50 a 600 millones a nivel mundial. Por otro lado, el establecimiento de industrias extremamente intensivas en agua (explotación minera, flores, papel, biocarburante, ganadería intensa) disminuye las reservas hídricas localmente disponibles a través de sobreexplotación e intoxicación”.

 “Sea por escasez, contaminación o por su precio, el agua falta localmente para el desarrollo de la producción campesina y el suministro de hogares pobres. Además de la necesidad material, durante pocos años el robo de agua destruye también ecosistemas, paisajes y formas de producción tradicionales – la cultura y la patria de la población local”, agregan.

 En Argentina, en particular, señala la Declaración “la perspectiva de la explotación ventajosa de litio ha motivado consorcios nacionales e internacionales de reservarse las licencias de explotación para 165.000 hectáreas del altiplano, aprovechando derechos del suelo no manifiestos. En contra a estándares nacionales e internacionales como la convención 169 de la OIT , los pueblos indígenas, que habían trabajado este territorio y sus lagos salados desde siglos de manera sostenible, nunca fueron consultados ni incluidos en los procesos de decisión. Con pocas excepciones la mayoría de las comunidades quiere continuar con sus propios modelos de desarrollo y sus modelos culturales y problematiza las consecuencias ecológicas que ya son visibles hoy día: “No comemos baterías: Quien nos roba el agua, nos roba la vida!”

 Para la producción del litio se saca y evapora grandes cantidades de agua; las primeras perforaciones de prueba ya han alterado el ecosistema inestable de los lagos salados, del estrato de aguas subterráneas que los alimenta y de los alrededores. La producción tradicional de sal por las cooperativas indígenas y el relacionado modo de vida están amenazados directamente. En varias instancias, un gran número de comunidades vecinas ya han demandado sin efecto el cumplimiento de sus derechos y la protección del territorio”. 

 En la Declaración, que fue rubricada el 23 de noviembre de 2013, las organizaciones piden a los gobiernos de Argentina, Alemania y Senegal, que: “No vendan agua y otros bienes comunes a empresas privadas, sin gestionarlos democráticamente, orientando administración al bienestar común y con la participación de las comunidades”.

 Piden además que se “revisen proyectos nacionales e internacionales (como la política agraria, de materias primas, de inversiones y la política comercial) en cuanto a sus consecuencias para un abastecimiento de agua sostenible y socialmente compatible”.

 A las empresas, le requieren que “cesen sus operaciones si esto significa destruir “las bases de vida de las comunidades” y “que no conviertan a sus clientes y partícipes en coautores en el robo de agua”.

 “Esperamos de los consumidores que se abstengan del uso excesivo de productos intensivos en agua y que se comprometan con una política de agua sostenible y próxima al ciudadano, centrada en grupos pobres a el nivel local y global.” 


 

x

Check Also

Tragedia en Córdoba: El gobierno de Jujuy cubrirá todos los gastos del traslado del estudiante

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir ordenó que el Estado Provincial cubra la totalidad de los gastos del traslado del cuerpo ...