El cuerpo de fiscales informó sobre la situación judicial de Milagro Sala

El cuerpo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación llamó a una conferencia de prensa en la que informó sobre el estado de las causas en las que está imputada la diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero. Una de las causas, en la que está imputada por “amenazas”, por un hecho ocurrido en una comisaría en 2014, es la que está más cerca de llegar a juicio oral y público.

Las otras imputaciones son por “instigación a cometer delitos y tumulto”, “fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión” y “encubrimiento agravado”. Los fiscales afirmaron que tanto Sala como otros imputados “han participado activamente de todos los actos procesales dispuestos por el juez y han ejecutado plenamente su derecho a defensa”.

La fiscal Liliana de Montiel -quien está a cargo de las investigaciones por fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión- explicó que esa causa avanzó poco por “la cantidad de incidentes que planteó la defensa, vamos por el incidente 13 de nulidades de cese de detención y de nulidades de la orden de detención”.

En ese sentido, repasó: “No se ha hecho lugar al cese de detención ni a la nulidad de la orden de detención, y eso está apelado por la defensa de Milagro Sala”.

Recordó que hay denuncias tanto de la Fiscalía de Estado como de cooperativistas, y que se comprobaron “14 convenios firmados entre el titular de la vocalía social del Ivuj (en referencia a Pablo Tolosa) en ausencia del presidente, en los cuales no se observaron ninguno de los pasos formales que debían realizarse para librarse los pagos”.

“Antes del libramiento de los cheques debían tener la ubicación del lugar, del lote donde se iban a hacer, nada de eso figuraba en los convenios”, aseguró.

Esa es la razón por la que se imputó a los cooperativistas involucrados y también a Tolosa en relación a 14 hechos, señaló Montiel, y agregó que en otro expediente está acusado el entonces presidente del Ivuj, Lucio Abregú, en relación al programa Mejor Vivir 2, para el cual “se libró el pago de 3.700.000 pesos, que fue cobrado por tres cooperativas de San Pedro”.

De acuerdo a la interpretación de la fiscal, “los montos que se cobraban eran retenidos y la suma en efectivo era trasladada a calle Alvear (donde tiene su sede la Tupac Amaru) o al domicilio de Milagro Sala, en el barrio Cuyaya”.

“Siempre mediante coacción o amenaza, los obligaban a endosar los cheques; por ejemplo, si era una obra que pagaba un municipio, libraba el cheque el municipio a nombre del presidente de la cooperativa que supuestamente había hecho la obra, lo cual no era verdad, y luego ese cheque era endosado a favor de estas personas”, aseguró Montiel.

Añadió que hay otras tres personas con orden de detención y que aún está evaluando si llama a declarar a funcionarios en calidad de imputados o de testigos, “porque se ha comprobado que las obras no existen”, indicó.

Entre los municipios que están vinculados con la realización de estas obras, el más importante es el de San Salvador de Jujuy. Consultada sobre este punto, Montiel señaló: “Estamos investigando qué responsabilidad tiene la Municipalidad de la capital; veré hacia qué funcionarios dirijo la investigación”.

Sobre la causa en la que fue ordenada la detención de Sala el 16 de enero -instigación a cometer delito y tumulto- la fiscal explicó que no le otorga la eximición de prisión porque, aseguró, “se la convocó ante un Juez de Control para declaración indagatoria, mientras mantenía su libertad, y realizó maniobras para no ser indagada”.

Según la fiscal, Sala presentó en esa oportunidad un certificado médico cuyo diagnóstico fue rectificado por el médico del Poder Judicial, tras lo cual hubo una nueva citación bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública.

“Se presentó y se abstuvo de declarar y se le pidió que se presentara ante Antecedentes Personales para identificarse por la causa como se hace con todos los imputados -dijo Montiel-, pero lejos de eso, fue a la plaza para seguir con el delito de acampar.

“Frente a estas conductas entorpecedoras, la Fiscalía no podía seguir permitiendo esto y le pedí al juez que ordenara la detención”, asumió.

“Está en la Cámara de Apelaciones la revisión del rechazo de cese de detención y del rechazo de la nulidad de la orden de detención; estamos a la espera que un órgano superior controle lo que nosotros hicimos”, continuó.

De todos modos, justificó que la dirigente social siga encarcelada “por la gravedad de los delitos y por la acumulación de causas” y porque los delitos de extorsión y asociación ilícita no son excarcelables, y eso lo prevé el código de procedimiento de Jujuy”, rechazando así las denuncias de que se trata de una detención ilegal.