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Por Verónica Valdez y Maximiliano Llanos. A sólo dos días de la multitudinaria movilización por #NiUnaMenos, la justicia contravencional anunció que se iniciaron investigaciones de las imágenes de las cámaras de vigilancia y seguridad, así como de las publicadas en las redes sociales para identificar a las mujeres que realizaron pintadas en la Catedral de la Capital jujeña.
El 19 de octubre desde distintos puntos de la Provincia se escuchó la demanda que recorrió el país: Ni Una Menos. Con movilizaciones en La Quiaca, Abra Pampa, Tilcara, Purmamarca, San Pedro, Ledesma y San Salvador; con paros y ruidazos en las veredas de dependencias estatales; con carteles en las casas, lugares de trabajo y estudio, o simplemente vistiendo de negro, miles se plegaron a una nueva jornada nacional contra el aberrante crimen social que implican los femicidios y contra la violencia machista en todas sus expresiones.
Los medios de comunicación provincial hegemónicos que, a contramano del enorme cuestionamiento social a la violencia machista, siguen reproduciendo y naturalizando esa violencia ante cada hecho, revictimizando a las víctimas, dieron escasa o nula visibilidad a la convocatoria en los días previos. Sin embargo, desde el día siguiente a la marcha lanzaron una campaña activa para demonizar la movilización y el reclamo de miles de mujeres y varones. La “noticia” pasó a ser los supuestos “destrozos” que unas pintadas infringieron al “patrimonio público”, particularmente a la Catedral de San Salvador.
Los medios de comunicación contribuyen, una vez más, a la avanzada represiva del Gobernador radical, Gerardo Morales, y su vicegobernador massista, Carlos Haquim, que han instalado en la provincia un verdadero régimen policíaco. Un régimen que utiliza la Justicia adicta para perseguir y encarcelar irregularmente opositores como Milagro Sala, junto a otros 11 dirigentes de la Tupac Amaru, de los cuales 8 son mujeres. Que persigue y criminaliza la protesta social y sindical, judicializando dirigentes sindicales como en Zapla, La Esperanza y Ledesma, armando listas negras y descontando los días de paro a estatales y docentes. Un régimen que utiliza el Proyecto X para espiar con la gendarmería a opositores, y el Código Contravencional heredado por Fellner para dar superpoderes a la policía que persigue a la juventud, a los pobres y ahora a las mujeres que pelean porque ¡Vivas nos queremos!
Convencido de que esta realidad se puede ocultar con los millones destinados a pauta publicitaria para garantizar el cerco mediático a todas las voces disidentes, Gerardo Morales hizo, una vez más, gala de su hipocresía. El mismo “miércoles negro” publicó un comunicado reclamando “el cese de la violencia machista” y donde aseguraba que su “gestión tomó medidas contra la violencia de género”, seguido de una serie de anuncios grandilocuentes que cualquier víctima de violencia machista, o las familias de las 9 víctimas de femicidios conocidas en lo que va del año, puede desmentir.
Pero esta vez la rectificación a los dichos del Gobernador vino desde los propios funcionarios del Gobierno Provincial. A sólo dos días de la multitudinaria movilización por #NiUnaMenos, el Departamento Contravencional anunció que se iniciaron investigaciones de las imágenes de las cámaras de vigilancia y seguridad, así como de las publicadas en las redes sociales para identificar a las mujeres que realizaron pintadas en la Catedral durante la marcha que exigió Ni Una Menos.
Pero los medios de comunicación que se “escandalizan” por unas pintadas irrisorias al edificio de la Iglesia Católica que recibe miles de millones en subsidios del Estado, anuncian con total naturalidad los dichos de funcionarios impunes que públicamente anuncian la utilización del espionaje para perseguir y criminalizar la protesta social, vulnerando derechos democráticos elementales.
El intento de demonizar la organización de las mujeres no es nuevo, ni es patrimonio exclusivo del Gobierno jujeño y sus medios adictos. Lo vimos recientemente con la represión a la marcha del XXXI Encuentro Nacional en Rosario y la posterior campaña nacional contra la supuesta “violencia” de las mujeres. Es que temen que las masivas movilizaciones contra la violencia machista, que se extienden por todo el país, los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, cristalice en un potente movimiento de mujeres que, en alianza con los trabajadores y sectores populares, cuestione la tregua pactada por las direcciones burocráticas de las centrales sindicales, los partidos patronales como el PRO, la UCR y el PJ-FPV y la Iglesia Católica para hacer pasar el ajuste.
Un movimiento independiente que vaya por todo, cuestionando las raíces estructurales de la violencia machista y el santo matrimonio entre capitalismo y patriarcado. Es lo que se necesita en Jujuy y todo el país para terminar con la violencia machista y conquistar una sociedad libre de violencia, explotación y opresión.
