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El Gobierno congela los precios de casi 1500 productos por 90 días 

Este miércoles se publicará en el Boletín Oficial una lista con casi 1500 precios congelados, que será equivalente al vigente Precios Cuidados pero «mucho más amplio, con más del doble de productos», anunció el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y aclaró que será «de cumplimiento obligatorio».

El objetivo de la medida es asegurar por los 90 días que vienen cierta estabilidad en los precios para facilitar la expansión del consumo, explicó el funcionario a la salida de la reunión con las empresas alimenticias. «Había una necesidad de intervención, los números del Indec lo avalan», añadió el secretario de Comercio.

La lista acordada comprende un espectro de 1432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas, cuyos precios deberán retrotraerse al 1° de octubre pasado.

Por otra parte, la medida garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.

La resolución establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

La decisión fue tomada tras la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada.

En los encuentros mantenidos, los funcionarios subrayaron que el crecimiento económico proyectado para este año, sumado al aumento de la circulación producto del inicio de la pospandemia, el hecho de que el último trimestre es estacionalmente el de mayor consumo y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria, conforman «un conjunto de condiciones que habilitarán un aumento de las ventas».

La medida de retrotraer los precios de los productos en cuestión al 1° de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022, explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes, tanto productoras como comercializadoras, que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría.

«En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo», aclaró el Gobierno en un comunicado.

El secretario Roberto Feletti se manifestó satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia. Sin embargo, lamentó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.

En efecto, la Copal, que aglutina a 200 grandes empresas alimenticias, entre ellas Arcor y Ledesma, rechazó el acuerdo propuesto por el Gobierno nacional. Su titular, Daniel Funes de Rioja, quien preside también la UIA, consideró que «no están garantizadas las condiciones para conciliar», ya que, según ellos, la Secretaría de Comercio «no tuvo en cuenta» sus contrapropuestas.

«No están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios», dice el comunicado firmado por Funes de Rioja y agrega en tono de reproche: «A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta».

A pesar de la actitud de esa minoría, Feletti remarcó que seguirá “abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles que permitan atender la necesidad de la ciudadanía”, pero enfatizó que “el principal objetivo de gestión es dar una respuesta rápida y concreta al problema que hoy representa el precio de los alimentos para la mayoría de los hogares”.

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