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El martes 24 de este mes se inicia el juicio oral y público por la causa conocida como Pibes Villeros, en la que está imputada Milagro Sala y exfuncionarios provinciales, además de cooperativistas, por el manejo de fondos para la construcción de viviendas por parte de cooperativas. Serán 20 audiencias en total y la última está prevista para el 6 de septiembre.
Las reuniones serán todas a las 14.30 horas en el Salón Vélez Sársfield. Las fechas son 24, 25, 26 y 31 de julio; 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto, y 4, 5 y 6 de septiembre.
Las juezas Alejandra Tolaba, Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas resolvieron el inicio de las audiencias luego de rechazar prácticamente toda la prueba y los testigos ofrecidos por la defensa de Sala en la audiencia preliminar que se realizó el 7 de junio pasado, en particular las presentadas por todos los defensores -a pesar de las variadas características de cada una de ellas- y la aceptación, en cambio, de toda la prueba puesta a consideración por la fiscalía y las querellas.
«Esto implica un claro y directo ataque al legítimo derecho a la defensa en el que se obliga a los acusados a participar de un proceso en el que los abogados iríamos a legitimar una suerte de espectáculo con nuestra presencia, pero sin posibilidad alguna de ejercer nuestra función», afirmó Luis Paz, abogado de Sala.
En este sentido, advirtió que «la decisión adoptada por este tribunal es la de hacer un juicio exclusivamente con la prueba de la acusación, negando de modo absoluto el derecho de defensa de las partes y en particular de Milagro, que implica, además de contar con un abogado, la posibilidad de presentar las pruebas que se consideren pertinentes para rebatir la acusación».
El expediente que llega a juicio en esta oportunidad acumula tres causas. Una es la que involucra a integrantes de la cooperativa Pibes Villeros, relacionada con aquel video en el que se los veía retirando dinero de una ventanilla del Banco Nación, «un acto absolutamente legítimo y legal pero que fue exhibido como si se tratara de un robo», calificó Paz; la segunda causa está vinculada con cooperativas de la ciudad de Palpalá, y la tercera es aquella con la que se justificó la detención de Milagro Sala en enero de 2016.
«Ese expediente, vale la pena recordarlo, se inició en plena feria judicial por la ahora desplazada fiscal Liliana Fernández de Montiel, un viernes entre las 6 y las 10 de la noche del 15 de enero y que luego continuó con una habilitación especial e inconstitucional de la fiscal -repasó Paz-. Allí supuestos cooperativistas ‘arrepentidos’ se presentaron supuestamente ‘de manera espontánea’ en la fiscalía y a partir de sus declaraciones acusaron a Milagro Sala de extorsión y de liderar una asociación ilícita, en lugar de una organización social que hizo una labor inigualable en la provincia en términos de vivienda, trabajo, educación y salud».
Desde la defensa de Sala calificaron esta causa y todas las acusaciones contra Milagro Sala como «un montaje del gobierno para quebrar la organización popular y distraer a la opinión pública de los temas que afectan verdaderamente a los ciudadanos», y consideraron «fundamental la posibilidad de dar cuenta a través de un debate oral y público del armado de estas causas y de la precariedad de la acusación».
En este sentido, repudiaron la actitud de las juezas en la audiencia preliminar por haber restringido el ingreso de la prensa con cámaras durante los tres minutos iniciales de la audiencia; por la imposibilidad de los periodistas de mirar a los imputados y a los querellantes, que estaban tapados por un cerrado cordón de uniformados, y por «el montaje de un operativo policial que no realizan ni siquiera en el juicio de lesa humanidad, donde 23 genocidas están siendo juzgados por homicidios, torturas, violaciones y desapariciones forzadas, y al que se le permite a la prensa el ingreso hasta con los teléfonos celulares».
«Pretenden manipular a toda la sociedad a través de relatos falsos y estigmatizantes, y eso no hace más que dar cuenta de la verdadera intención de estas juezas y de este proceso», remató Paz.
