El Ministerio Público de la Acusación participó del Protocolo de Embarazo Adolescente

El Ministerio Público de la Acusación participó del Protocolo de Embarazo Adolescente, que se llevó a cabo el viernes pasado, en el Hospital Materno Infantil, a través del fiscal general, Sergio Lello y Alejandro Atilio Bossatti (habilitado en la Fiscalía especializada en Violencia de Género).

Destacaron varios puntos sobre el abordaje de esta problemática, particularmente ante un abuso sexual, lo cual debe ser denunciado o informado por el personal médico actuante, evitar la revictimización de la menor afectada mediante un primer y único relato espontaneo del suceso, el abordaje interdisciplinario y la elaboración de un formulario para registrar los casos en las dependencias de la salud, entre otros temas que fueron considerados como aportes relevantes para el citado protocolo.

Lello señaló que esta problemática experimentó un crecimiento geométrico y que la misma requiere de un abordaje especializado a través de equipos interdisciplinarios, se debe cumplir con un tratamiento integral, siendo necesario elaborar protocolos de actuación y lograr una mayor fluidez en las relaciones interinstitucionales.

“A eso se apuntó con la elaboración de los Protocolos de Violencia de Género y Violencia Sexual, cuya competencia la ejerce Bosatti como fiscal por habilitación, en la cual se abarca los delitos sexuales y esta problemática puntual del embarazo adolescente”, remarcó el Fiscal General.

Seguidamente planteó un trabajo coordinado con el MPA, “en principio, más allá de las actividades institucionales tendientes a la prevención de la problemática y la importancia de unificar criterios respecto a la recopilación de los elementos de prueba para la investigación de eventuales delitos.

En este contexto observó que “hay una franja etaria que abarca desde los 13 a los 16 años en la que se tipifica el delito que antes se denominaba ‘estupro’ y actualmente es ‘abuso sexual con acceso carnal, con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, hago esta aclaración porque en el protocolo aparece vinculado al tratamiento del embarazo en menores entre los 13 y 15 por, quedando un grupo de entre 15 y 16 que no estaría siendo abarcado. Desde el punto de vista de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y el rol que cumplen los fiscales de investigación de estos ilícitos también se debe incluir a los menores de entre 15 y 16.

Única oportunidad de un relato espontáneo

En este punto es donde puede iniciarse una eventual IPP, para establecer la autoría del ilícito de un ‘abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima’ es necesario que el protocolo indique los cursos de acción a tomar por parte de las agencias de salud pública, y en este orden es importante el relato espontaneo de la víctima, que quizás sea la única oportunidad en que se exprese sobre este evento y en igual sentido la posibilidad de preservar elementos que son fundamentales desde el punto de visita probatorio.

Este abordaje de la menor adolescente necesita que los canales de comunicación entre las agencias sanitarias y el MPA sean lo más fluidos posibles porque muchas veces la prueba se debe reunir también en ese solo evento, así como la posibilidad del relato de la menor que quizás no hable nunca más de ese a pesar de que se haga Cámara Gesell.

La ley presume -salvo pruebas en contrario- que este evento es un ilícito, es decir alguien que está en la franja etaria entre los 13 y 16 años no puede prestar un consentimiento valido para mantener relaciones sexuales, por lo tanto la ley presume que estamos ante un ataque a la integridad sexual de la menor y en este sentido es necesario anoticiar -esto está previsto en el protocolo que se elaboró en el ámbito del Ministerio Publico -que sigue los lineamientos del protocolo del Poder Judicial con algunas particularidades que hacen a la función de los fiscales- es necesario que se ponga en conocimiento y los fiscales evaluar acerca de la necesidad de actuar de oficio, o convocar a la madre de la menor si se presenta sola ante las agencias sanitarias para verificar si está dentro de su ánimo iniciar una Investigación Penal Preparatoria, con la denuncia o el anoticiamiento”.

Luego, Bossatti destacó que tras las primeras reuniones que se mantuvo para el Protocolo de atención al embazo de adolescentes, se abrió un canal de comunicación entre todas las áreas abriendo la posibilidad de interacción entre las mismas. De este modo en la Fiscalía se comenzó a recibir consultas de personal médico, lo cual permitió tener un rápido conocimiento del hecho y trabajar con el médico para recabar pruebas.

Reiteró también la necesidad de informar a los fiscales, ya que son ellos los que pueden promover acción penal y la investigación para individualizar al autor y eventualmente condenarlo.

“El anoticiamiento facilita el trámite, tras esto desde la Fiscalía se instará a los padres a radicar la denuncia o se procederá a actuar de oficio”.

El fiscal destacó también la conformación de una mesa de trabajo en la cual tendrán un rol importante el Ministerio de Educación, junto a los demás actores, para facilitar la tarea con el objetivo de determinar una situación de abuso, al responsable y su condena.

Finalmente, el referente de Unicef, Fernando Zigman, expresó su satisfacción por la presencia de muchos actores fundamentales de nuestra provincia para un tema difícil de abordar y destacó que no se trata sólo de números de teléfono o simples direcciones, “es un ejemplo que se quiere alcanzar en otras provincias”, subrayó.